Durante 2020, primer año de la pandemia, la Junta de Andalucía formalizó 98.371 contratos, de los cuales 17.444 fueron por el procedimiento de emergencia -sin publicidad y sin concurrencia competitiva- que había habilitado el Gobierno central para hacer frente al Covid-19.
Durante el primer Estado de alarma, en marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad autorizó a las comunidades -vía Real Decreto ley- a realizar esos contratos exprés a dedo para adquirir suministros y servicios sanitarios con urgencia, en un momento en el que los mercados internacionales estaban colapsados por el exceso de demanda (faltaban EPIS, mascarillas, test...). Las contrataciones ese año supusieron una inversión de 4.931 millones de euros para el Gobierno andaluz, de los cuales 1.104 millones se gastaron en contratos de emergencia (el 85% eran contratos del Servicio Andaluz de Salud, y el 72% de los mismos fueron por vía de emergencia), según datos aportados por el consejero de Hacienda, Juan Bravo, este miércoles en el Parlamento andaluz.
Un año después, el contexto sanitario había cambiado y las administraciones consideraron que la urgencia excepcional en los contratos públicos no tenían sentido o debían estar más justificados. Los grupos de izquierdas en oposición al Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno sostienen que el artículo del Real Decreto-ley que habilitaba ese sistema de contratación exprés fue derogado en mayo de 2021 y acusan a la Junta de seguir “abusando” de este sistema hasta la actualidad.
Durante el debate plenario de este miércoles, el consejero de Hacienda ha respondido a la oposición con los datos de la tramitación de emergencia de 2021, que suponen una reducción del 55% respecto al año anterior, el más duro de la pandemia: 4.124 contratos a dedo que suman 502,7 millones de euros. El SAS seguía acaparando el 84% del importe de contratación por este procedimiento, por una suma total de 422 millones de euros.
El 18 de junio del año pasado, la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda publicó unas instrucciones que hizo llegar al resto de departamentos del Ejecutivo andaluz, sus entidades instrumentales y sus consorcios adscritos advirtiéndoles de que, desde ese momento, “el recurso a la contratación de emergencia” orientado a “hacer frente al Covid-19” debía tener “carácter excepcional y residual”.
En ese escrito, el director general de Contratación de la Junta, Alejandro Torres, autoriza los contratos de emergencia “siempre que la necesidad a satisfacer no pueda cubrirse acudiendo a ninguno de los procedimientos de contratación contemplados en la legislación de contratos o en las normas internas de contratación”. Distintos organismos de la Junta de Andalucía -sobre todo la Consejería de Salud- han seguido utilizando ese procedimiento de contratación exprés después de recibir las instrucciones de Hacienda, como atestiguan las referencias del Consejo de Gobierno desde junio de 2021 hasta la actualidad.
Unidas Podemos ha contabilizado 93 contratos de este tipo, según advirtió durante el debate en el Parlamento su diputado Ismael Sánchez, que tildó la situación de “ilegalidad”. Sánchez cuestionó que el procedimiento siga en vigor en Andalucía y criticó que se haya utilizado para asuntos que nada tienen que ver con la pandemia, como “la contratación del servicio de limpieza en las instalaciones de VEIASA en Córdoba” [servicio de ITV para vehículos de la Junta].
La legislación estipula que los contratos por la vía de emergencia, aun siendo menores, deben pasar obligatoriamente por el Consejo de Gobierno para su consideración. Los primeros nueve Consejos de Gobierno celebrados en 2022 dan cuenta de nueve contratos exprés, por un montante global de 16,3 millones de euros. Ocho de esos contratos pertenecen al ámbito sanitario, la mayoría para la adquisición de suministros sanitarios (test de antígenos), pero uno de ellos, autorizado por la Directora Gerente del Hospital Universitario Regional de Málaga, no tiene relación directa aparente con la pandemia. Se trata de la reparación del pabellón de consultas del Hospital Marítimo de Torremolinos por un montante de 226.692 euros.
Este contrato se autorizó el 12 de julio de 2021 y fue abordado en el Consejo de Gobierno del 15 de febrero de 2022. La Ley andaluza de Contratos del Sector Público permite un margen de dos meses de tramitación de la contratación de emergencia, que la Junta de Andalucía flexibilizó hasta los seis meses durante la pandemia.
El PSOE andaluz ha denunciado este miércoles en el Parlamento que el Gobierno de Moreno ha hecho un “abuso del derecho” a la contratación de emergencia, sobre todo, desde que la Consejería de Hacienda emitió las instrucciones limitando su uso, el pasado junio. El departamento de Juan Bravo asegura que desconoce cuántos de esos 4.124 contratos exprés correspondientes a 2021 han pasado por el Consejo de Gobierno entre el mes de junio, cuando declara el “carácter excepcional y residual” de los mismos, y marzo de 2022 [el último fue aprobado en la reunión del martes pasado]. Las mismas fuentes matizan, no obstante, que “fruto de esa instrucción, el volumen de contratos de emergencia descendió más de la mitad en 2021 respecto al año anterior”, y aseguran que “siempre ha sido directamente proporcional a la presión de la crisis sanitaria”.
La Consejería de Salud, responsable de ocho de cada diez contratos exprés en 2020 y en 2021, ha eludido aclarar cuántos contratos de emergencia autorizó -incluidos los realizados directamente por los hospitales- entre el pasado junio, cuando recibe el aviso de Hacienda, y mediados de diciembre, cuando empieza a repuntar la sexta ola de la pandemia, con récord de contagios y un aumento de la presión hospitalaria que habría justificado volver a la contratación exprés.
El diputado socialista Mario Jiménez ha denunciado un “uso torticero, arbitrario y discrecional” de este tipo de contrataciones y ha anunciado una investigación para corroborar si se han saltado los controles en la Administración pública. Jiménez ha presentado un informe preliminar de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2020, que contabiliza 17.472 contratos de emergencia por un importe global de 979,8 millones, en su mayor parte para la adquisición de material y servicios, menores y a cargo del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Fuentes de la Cámara de Cuentas advierten de que dicho informe no es definitivo y aún debe pasar por el Consejo de Gobierno para que presente alegaciones antes de su publicación. Los datos que ofreció Bravo posteriormente en el debate se aproximan a estas cifras, levemente por encima.
Las instrucciones que Hacienda remite al resto de consejerías del Gobierno andaluz limitan el uso de la contratación de urgencia, pero no derogan esta figura, como ha denunciado el PSOE. El documento sí muestra una mayor exigencia en la justificación de estos contratos, reclamando “una declaración de emergencia”. “El órgano de contratación justificará motivadamente las razones excepcionales que obligan a acudir a dicha vía (...), motivación que se hará extensiva a las razones por las cuales la necesidad a satisfacer no puede materializarse mediante los procedimientos o mecanismos ordinarios, singularmente la tramitación de urgencia, el procedimiento negociado sin publicidad o el procedimiento abierto simplificado”.
Cuando el contrato “guarde relación con la pandemia”, añade el texto, “la declaración de emergencia deberá razonar que existe una relación causa-efecto entre la situación provocada por la crisis sanitaria del Covid-19 y la necesidad surgida y que sólo puede ser cubierta por el contrato tramitado por la vía de emergencia”. La ley andaluza contempla la posibilidad de que esa declaración “tenga carácter verbal”, pero Hacienda añade que esto “no excluirá que, en todo caso y a efectos de publicidad, se formalice por escrito el contrato”, y se haga constar que el adjudicatario “reúne capacidad solvencia económica y técnica que garantice la adecuada ejecución del encargo”.
Durante el debate del Pleno, este miércoles, el consejero de Hacienda ha asegurado que desde la publicación de sus instrucciones de “buenas prácticas”, “prácticamente la totalidad de los expedientes de contratos de emergencia se acompañan de una memoria adicional”. “Estamos obsesionados con la buena gestión, lo reconozco”, ha subrayado. No obstante, Bravo ha recordado que su departamento no es el competente para “controlar la regularidad de los expedientes”. “Eso corresponde a la Intervención de la Junta o a la Cámara de Cuentas”, añade. El consejero ha anunciado en su intervención que su departamento “prepara ya la norma de derogación” de la orden que regula los contratos de emergencia, puesto que la “situación crítica” de la pandemia ya ha pasado.
En su denuncia, Jiménez ha vertido “sospechas” contra el Gobierno andaluz por el “abuso” de la contratación de emergencia, preguntándose si algún familiar o amigo de miembros del Ejecutivo de Moreno han podido beneficiarse de este sistema “arbitrario y discrecional”. El socialista aludía de forma directa al caso del hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está siendo investigado por la Fiscalía tras beneficiarse de una comisión, supuestamente por mediar en la adjudicación de un contrato público de suministro sanitario del Gobierno madrileño con una empresa a la que estaba vinculado. “Si tiene alguna duda, vaya a Fiscalía. No va a encontrar nada”, le ha espetado Bravo a Jiménez en su última réplica.
Cuando se dictan y publican estas instrucciones, el nivel de alerta de la pandemia había descendido considerablemente, se encontraba a las puertas del verano cuando las restricciones más duras fueron suprimidas por el Gobierno andaluz. Sin embargo, en la segunda semana de diciembre de 2021 el ritmo de contagios repuntaría de forma vertiginosa, inaugurando la sexta ola de la pandemia, que alcanzaría su vértice más alto a final de enero de 2022. La sexta ola superó en número de infectados a la quinta ola y volvió a tensionar los ingresos hospitalarios y en UCI.
La crítica de los socialistas andaluces al sistema de contratación de emergencia de servicios, suministros y obras, que Jiménez termina apuntando hacia un posible “fraude de ley”, coincide con una investigación en curso a la cúpula de la Diputación Provincial de Almería -gobernada por el PP- por el supuesto cobro irregular de comisiones en la compra de mascarillas.
La supuesta trama de corrupción investigada apunta al presidente de la Diputación y varios miembros de su equipo, que supuestamente cobraron comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros por la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario al inicio de la pandemia, por un montante global de dos millones de euros a una empresa cuyo titular está ligado con el narcotráfico, la venta de armas y el blanqueo de capitales.
Los tribunales de justicia también han dictado casi 50 sentencias declarando nulos los contratos exprés de unos 4.000 trabajadores públicos, y poniendo en evidencia el sistema de fichaje urgente implantado por la Junta durante la pandemia.
La diputada de Vox, Ángela Mulas, ha recordado a Bravo que el uso de la contratación de emergencia debía usarse de manera “muy prudente”, y ha afeado al consejero que la iniciativa de su intervención para dar explicaciones parta del PSOE, y no del propio Ejecutivo andaluz. Mulas también ha reclamado al consejero que nombre los “posibles comisionistas” que hayan intervenido en la adjudicación de contratos exprés a empresas, en una velada alusión al caso del hermano de Díaz Ayuso.
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