El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), no ha tardado esta vez ni una semana en recibir a su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), desde que el pasado sábado tomara posesión por segunda vez como máximo responsable de la Junta de Andalucía. El anterior encuentro entre ambos en La Moncloa tuvo lugar en junio de 2021, cuando hacía dos años y medio que Moreno era presidente, una diferencia sustancial que este jueves ha dado lugar a un encuentro “cordial, sereno y con seriedad”, en palabras del presidente andaluz, en la que sin embargo se ha constatado el abismo que separa a ambos dirigentes en materia de financiación autonómica. Andalucía ha vuelto a incidir en el agravio que sufre, que ha cifrado en 11.200 millones de euros menos desde 2009, y se ha encontrado con la negativa del Ejecutivo central a activar un fondo transitorio de nivelación para compensar las pérdidas hasta que se apruebe un nuevo modelo.
Moreno considera que este fondo transitorio es “perfectamente asumible” por el Gobierno central, ya que estaríamos hablando de 1.731 millones de euros para las cuatro comunidades más perjudicadas por el actual sistema: 824 para Andalucía, 648 para la Comunidad Valenciana, 194 para Murcia y 65 para Castilla-La Mancha. Es decir, dos territorios gobernados por el PP y otros dos por el PSOE. Por parte del Ejecutivo central la respuesta la daba su portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que ha rechazado esta opción transitoria con el argumento de que el nuevo sistema de financiación debe abordarse de manera “integral, no puede parchearse”. “No se puede abordar la cuestión e forma coyuntural, tiene que ser un modelo compartido y hay que forjar un acuerdo entre todos los territorios”, ha apostillado.
Moreno ha dado por hecho que la nueva Ley de Financiación Autonómica “va para largo y no la vamos a ver en esta legislatura”, de ahí su “solución intermedia”. Rodríguez ha incidido en que el deseo del Gobierno es que se apruebe antes de las próximas elecciones, aunque a la vez ha reconocido que “las posiciones están todavía muy alejadas”. Eso sí, ha insistido en que la permanencia de un sistema “caducado” desde 2014 no va a suponer un problema dramático ya que “las comunidades no van a tener un problema de financiación” y, de hecho, el año que viene “recibirán los mayores recursos de su historia”. Cuestionada por cuál es el modelo por el que apuesta su Ejecutivo ante las discrepancias entre territorios, Rodríguez ha apuntado que “nuestro modelo de financiación es el Estado de Bienestar”, un sistema que “garantice los recursos suficientes para prestar los servicios”.
Lo que es evidente es que las posturas están muy alejadas, ya que la ministra portavoz ha reiterado que el primer paso debe ser un acuerdo entre PSOE y PP para allanar el camino, consensuando cada partido una postura única que aglutine los intereses de los territorios en los que gobiernan. “Que sean las dos formaciones políticas las que acerquen posiciones distantes”, ha reiterado, una opción que rechaza de plano Juan Manuel Moreno, para quien “debemos tener el liderazgo del Gobierno” y hasta ahora la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha dado ningún paso en este sentido, “no nos ha reunido”. “Hay falta de interés y de iniciativa por parte del Gobierno, al gato hay que ponerle el cascabel pero para eso primero hay que coger al gato”.
Con su reunión, Moreno cerró una intensa jornada en la que Sánchez recibió previamente a otros dos presidentes también del PP, los de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de Galicia, Alfonso Rueda, encuentros en los que la cuestión de la financiación autonómica también estuvo presente pero opacada por otras cuestiones. El mandatario castellanoleonés puso el acento en la cuestión de los incendios forestales, mientras que el gallego llevaba como punto principal la reclamación de las competencias sobre el litoral. Rueda, por cierto, admitía que es “dificilísimo” poner de acuerdo a las comunidades autónomas para reformar el modelo de financiación.
Y es que en esta cuestión sólo hay coincidencia en que hay que reformar el sistema, aprobado en 2009 y que lleva ocho años obsoleto. A partir de ahí, es más fácil que haya consenso entre territorios que entre partidos, ya que incluso comunidades autónomas de distinto signo se entienden mejor entre ellas que con otras gobernadas por sus compañeros de filas. De fondo subyace la colisión entre dos modelos muy diferentes, simbolizados en dos ejes que se han dado en llamar sur-levante y norte-centro. El primero une los intereses de Andalucía (PP), Comunidad Valenciana (PSOE) y Murcia (PP), que reclaman un sistema que tenga en cuenta sobre todo el número de habitantes, mientras que el segundo aboga por priorizar la despoblación, la dispersión y el envejecimiento. Este enfoque lo lidera Galicia (PP), que selló en este sentido el denominado Pacto de Santiago junto a Aragón (PSOE), Cantabria (regionalista), Castilla-La Mancha (PSOE), Castilla y León (PP), Extremadura (PSOE), Asturias (PSOE) y La Rioja (PSOE), que al final se desvinculó.
El Ejecutivo central, mientras tanto, saca pecho con que en 2023 Andalucía recibirá el año que viene 23.244,88 millones de euros en concepto de entregas a cuenta durante el ejercicio 2023, un “récord” y “la mayor cifra de la historia” gracias a un crecimiento del 11% con respecto a las cantidades del ejercicio en curso. En 2023 también se efectuará la liquidación del sistema de financiación de 2021, y la previsión es que la comunidad percibirá 1.364,20 millones de euros. Sumando ambos conceptos, Andalucía dispondrá de 24.385,82 millones de euros provenientes del sistema ordinario de financiación autonómica, “un 25% más” que en este 2022.
Isabel Rodríguez ha apuntado que en la cuestión de la financiación es en la que ha puesto más énfasis Juan Manuel Moreno, de hecho ha sido el que más ha insistido en esta cuestión de los tres presidentes que este jueves se reunían con Pedro Sánchez. Pero al margen se abordaron otras cuestiones, y para ello Moreno ha acudido con un documento con 86 “reclamaciones”, algunas de las cuales se han desgranado en la hora y 40 minutos que ha durado el encuentro. Donde según Rodríguez ha habido más coincidencia ha sido en la cuestión energética, sentido en el que el dirigente andaluz ha apuntado su objetivo de convertir a Andalucía en primera potencia en energías renovables. Los proyectos ya en marcha para ello garantizarán la autosuficiencia energética, aunque para ello ha reclamado a Sánchez proyectos que permitan evacuar toda la energía que se produzca.
En lo que también han sido evidentes las discrepancias ha sido en la crítica del presidente andaluz por el “agravio” que supone que el Ejecutivo central mantenga reuniones bilaterales con Cataluña, sentido en el que ha lamentado que no se ha atendido su petición de convocar la mesa bilateral Gobierno-Junta recogida en el Estatuto andaluz. “¿Por qué no se nos da respuesta cuando la pido?”, se ha preguntado de manera retórica, aunque la respuesta de Rodríguez ha sito tajante en este punto: “El Gobierno de Andalucía no ha solicitado una reunión de estas características, no ha habido ni una petición formal ni una solicitud”, al tiempo que ha defendido que encuentros bilaterales semejantes se han mantenido con La Rioja, Navarra o Canarias.
Moreno también ha puesto el foco en la cuestión hídrica, porque la sequía que sufre Andalucía “es tremendamente preocupante y puede llegar a ser dramática”, porque el agua es el combustible de los dos grandes motores de la economía andaluza, la industria agroalimentaria y el sector servicios vinculado al turismo. “El agua es para la economía andaluza como el gas para la de Alemania”, de ahí que “sin agua todo se puede ir al traste” y que le haya reclamado a Sánchez que acometa inversiones hídricas que son competencia del Estado, “sobre todo conducciones a pantanos y desaladoras en el litoral”.
Otras cuestiones que se han abordado han sido los fondos europeos, las infraestructuras (sobre todo el ferrocarril) o la nueva PAC, que Andalucía considera que le hará perder casi 600 millones de euros. “Son todas reivindicaciones sensatas, justas y oportunas” para las que –aunque no se haya prefijado un calendario– espera una respuesta “diligente” por parte del Ejecutivo central. Todo lo que no sea eso, ha advertido, generará “frustración y melancolía”.
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