El resultado de las elecciones generales del 23 de julio ha trastocado los planes del Gobierno de Juan Manuel Moreno para aprobar en septiembre la polémica ley de ampliación de regadíos en el entorno de Doñana.
Aunque se barajó que la norma podría estar lista en el último periodo de sesiones que finalizó en julio, finalmente el PP andaluz ralentizó su tramitación en el Parlamento para postergar la aprobación hasta después de verano, confiando en que para entonces el inquilino de la Moncloa sería Alberto Núñez Feijóo.
PP y Vox usaron la tramitación de urgencia para acortar los plazos parlamentarios a la mitad, pero sacar a la luz la ley de regadíos junto a Doñana justo después del 23J, con el Gobierno de Pedro Sánchez en funciones, suponía arriesgarse a que la norma quedase paralizada de inmediato por un recurso de inconstitucionalidad con suspensión cautelar ya anunciado por la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
El nuevo calendario, que ha dilatado los plazos, buscaba precisamente sortear ese escollo en los tribunales, bajo la expectativa de una victoria suficiente de Feijóo en las generales que habría supuesto un cambio de política respecto a Doñana con un Gobierno del PP en Madrid. La ley andaluza sólo es un primer paso -de recalificación de suelos de secano en cultivos de regadío-, pero la autorización del uso del agua en esos terrenos amnistiados depende de un órgano estatal, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cuya posición actual es manifiestamente contraria a conceder más permisos de riego.
No ha ocurrido así. Los populares, con 137 escaños, se han quedado muy lejos de la mayoría absoluta [176] que esperaban alcanzar con Vox. El presidente nacional y candidato del PP está dispuesto a intentar lograr la investidura, aunque carece de apoyos suficientes del resto de fuerzas políticas para lograrlo.
Moreno fue el primero en reivindicar la autoridad del gallego para pelear por la presidencia del Gobierno, pero 48 horas después del 23J, ante una Junta Directiva del PP andaluz, ya se situaba en un escenario más probable de otro Ejecutivo de Sánchez. El Congreso se constituirá el 17 de agosto y el primer debate de investidura no será, previsiblemente, hasta septiembre.
Cualquiera de los escenarios que baraja el PP andaluz representan, hoy por hoy, una sentencia de muerte a la ley de regadíos junto a Doñana. El Gobierno en funciones tiene potestad para recurrirla ante el Tribunal Constitucional en cuanto el Parlamento andaluz la apruebe, algo que está previsto que ocurra en septiembre o a principios de octubre, si el PP no introduce nuevas fórmulas de dilatación del proceso. “Nuestro compromiso es sacarla adelante. Está en nuestro programa electoral y vamos a cumplirlo”, explican fuentes del Palacio de San Telmo, aunque admiten que la ley puede “nacer muerta”.
El otro escenario posible, más tardío, es que la legislatura se desatasque en otoño con una nueva investidura de Pedro Sánchez y la conformación de otro Gobierno progresista que, previsiblemente, mantendría la amenaza sobre la ley de regadíos junto a Doñana.
La proposición de ley de PP y Vox para ampliar la zona de cultivos regables en la corona norte de Doñana quedó suspendida en su fase definitiva de tramitación poco antes de las elecciones generales del 23 de julio. Una vez comparecieron los agentes sociales en el Parlamento andaluz, la comisión de Fomento que pilota este proyecto de ley calificó las enmiendas que presentaron los grupos, aunque solo el PP registró propuestas de modificación a su propia ley.
Los partidos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante- rechazaron participar de este trámite, porque entendieron que la ley “debe ser retirada en su totalidad”. Por Andalucía y Adelante sí hicieron suyas las enmiendas presentadas por las organizaciones ecologistas, que planteaban la suspensión de la misma, artículo a artículo. Una vez han intervenido los agentes sociales, los siguientes trámites parlamentarios hasta la aprobación de la ley ya no están tasados en el reglamento y dependen del ritmo que marque la presidenta de la comisión, la diputada del PP, Ana Chocano.
En la pasada legislatura, el Parlamento andaluz tramitó 15 proyectos y tres proposiciones de ley por la vía de urgencia (dos de ellas eran la misma, sobre los regadíos de Doñana, registrada por separado por PP y Ciudadanos y por PP y Vox). La tercera fue la proposición de Ley de Tributos Cedidos. Entró en la Cámara su toma en consideración en mayo de 2021 y se aprobó en octubre, cuatro meses después de que comparecieran los agentes sociales. Si se siguiera el mismo ritmo que entonces, la Ley de Doñana podría estar aprobada en el segundo Pleno de septiembre, los días 27 y 28.
Una vez calificadas las enmiendas a esta ley, queda pendiente la ponencia sobre el texto legal con las aportaciones incorporadas -en la que participa un diputado por cada grupo-; el informe se eleva a la comisión para su debate, que elabora un informe final antes de elevarla al Pleno del Parlamento para su aprobación final.
En el entorno de Doñana hay 9.400 hectáreas legales de cultivos de frutos rojos desde la regularización que se aprobó en el llamado Plan de la Fresa, en 2014. La ley que tramita el Parlamento andaluz ampliaría esa superficie de riego con 748 hectáreas más -aunque esta cifra no aparece oficialmente en el texto de la ley-, que necesitarían de tres a cinco hectómetros cúbicos más. La organización ecologista WWF puso en duda esta cifra en su comparecencia, y elevó la superficie de parcelas que se beneficiará de la recalificación para riegos hasta las 1.900 hectáreas.
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