El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes el nombramiento de Lourdes Fuster como Secretaria General de Interior y Espectáculos Públicos, número tres de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa que dirige Antonio Sanz, el nuevo hombre fuerte del presidente Juan Manuel Moreno.
Fuster fue durante muchos años la abogada del PP, personado como acusación particular en el caso ERE, que se ha saldado hace unos días con una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y parte de la cúpula de sus gobiernos.
La letrada ya desempeñaba funciones públicas en la Junta de Andalucía desde la pasada legislatura. Fue subdirectora de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y en la recta final del mandato ocupaba la presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), organismo adscrito a dicha consejería.
Su fichaje, entonces, se presentó como resultado de un proceso de selección abierto por la Consejería de Agricultura para el puesto de subdirectora de Amaya, al que habían optado un total de 41 personas. Esta vez se trata de un puesto de confianza, designado a dedo por el propio consejero.
A partir de ahora Fuster será la número tres de Antonio Sanz, que en sus años como secretario general del PP fue el rostro y azote de los anteriores gobiernos socialistas en el caso ERE. Es un tándem que funcionó para hostigar durante años a las administraciones de Chaves y Griñán, desde los tribunales -cada vez que salía un auto sobre la trama de prevaricación y malversación ratificada por el Supremo- como en los debates en el Parlamento.
Junto al letrado Luis García Navarro exdiputado provincial del PP y hasta el verano de 2018 secretario adjunto del Consejo de Administración de la RTVA por parte del PP andaluz, Fuster ha representado la acusación popular ejercida por los populares en el caso ERE y también en otros como Invercaria, los cursos de formación, Mercasevilla, 'caso Avales' o 'caso IDEA' desde hace varios años.
El bufete García Navarro & Fuster Asociados fue contratado por el Ayuntamiento de Sevilla entre 2011 y 2015, dirigido entonces por el popular Juan Ignacio Zoido, para la asesoría jurídica del caso Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Consistorio hispalense, para las diversas piezas de la macrocausa iniciada por la jueza Mercedes Alaya en 2009 y que dio origen al caso de los ERE.
Nacida en Sevilla en 1977, Lourdes Fuster es licenciada en Derecho por la Universidad Hispalense, especialidad de Empresa y máster en Dirección de Recursos Humanos y en Prevención de Riesgos Laborales. Ocupaba desde enero de 2021 la Presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa). Desde el año 2000, ha venido desempeñando distintos puestos ejecutivos tanto en la empresa privada como en la Administración pública. Tras dedicarse la dirección de recursos humanos, ejerció la abogacía como profesional libre hasta su incorporación a la Subdirección General de la Agencia de Medioambiente y Agua de Andalucía (Amaya) y, posteriormente, a la Presidencia del Ifapa.
El perfil profesional de Fuster que ha difundido la Junta de Andalucía tras el Consejo de Gobierno destaca “su vinculación con el ámbito universitario, de la que ha sido colaboradora de departamentos como Derecho Natural y Derecho del Trabajo y Seguridad Social, así como del Centro de Documentación Europea”, pero omite su trayectoria como abogada y su papel como representante legal de la acusación del PP en el caso ERE.
Sanz sí ha hecho referencia a la macrocausa del fraude de fondos para el empleo de la Junta en esta intervención tras el Consejo de Gobierno. El consejero de Presidencia, que ha descartado de momento que vaya a asumir el papel de portavoz de la Junta, ha explicado que aún no reclamarán por la vía judicial el reintegro del dinero defraudado por el citado fraude -como habían anunciado una vez hubiera sentencia firme-.
El fallo del Supremo lo es, pero Sanz ha matizado que aún no se conoce el contenido íntegro de la sentencia -se conocerá en septiembre- y aún es susceptible de un recurso ante el Constitucional.