En cumplimiento del artículo 40 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada sin votos en contra en el Parlamento en 2017, en mayo de 2018 se aprobó el Decreto que creaba y regulaba el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía como órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas que operan en nuestra comunidad autónoma. Pese a que la normativa dice que “el Consejo se reunirá con carácter ordinario cuatrimestralmente”, durante 2022 solo se ha reunido una vez (el pasado 8 de julio).
No es la primera que deja de cumplirse el régimen de sesiones de tres reuniones al año establecido en aquel decreto. Desde que el PP ostenta el poder en la Junta, en la anterior legislatura junto a Ciudadanos y ahora en solitario en virtud de su mayoría absoluta, los encuentros del Consejo de la Memoria vienen siendo semestrales, es decir, dos al año, una a finales de junio y otra a fines de diciembre. En 2020 fueron dos sesiones telemáticas y en 2021 también se celebraron dos, la segunda en navidades, fechas en la que se debía haber celebrado la segunda del año recién terminado. Fuentes de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática apuntan que se podría convocar “en estos días”, mientras que fuentes oficiales de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte no se pronuncian al respecto.
El Consejo de la Memoria tiene entre sus funciones “elaborar cuantos informes y recomendaciones considere necesarios efectuar en relación con la política de memoria democrática de la Junta de Andalucía”. Durante la pasada legislatura, la Junta apenas ha desarrollado la materia y desde primeros de septiembre el Comisionado de la Concordia está sin persona al frente, si bien desde la Consejería auguran novedades inminentes, puesto que se ha estado durante las navidades “cerrando el perfil adecuado”, apuntan fuentes de la Consejería. Una figura “fantasma” según las asociaciones memorialistas, creada en 2020 por PP y Cs tras la exigencia de Vox y que no tiene el poder de convocar ni el deber de asistir al Consejo de Memoria, puesto que su creación es posterior a la regulación del citado Consejo.
Fuentes de la citada coordinadora memorialista lamentan la actitud del Gobierno de Moreno en relación con la materia y la normativa que la respalda. “No se concreta nada, no se aporta nada nuevo, muchas buenas palabras y excusas, pero la misma inacción, desidia y dilatación de plazos de siempre. Y todo sin hacer ruido, no informan a los medios, no se pronuncian… Dejadlos morir, les falta decir. Mutismo en las identificaciones, ni una iniciativa propia, mirando para otro lado con el sangrante retraso de Córdoba, y tonteando (amenazando) con derogar la ley, para qué, si de todas formas la llevan incumpliendo durante cuatro años”, denuncian.
El Consejo, cuya presidencia corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de memoria democrática, en este caso Arturo Bernal como consejero de Turismo, Cultura y Deporte, está compuesto por representantes de la Administración de la Junta de Andalucía, de la asociación de municipios y provincias de ámbito autonómico con mayor implantación en Andalucía, de las entidades memorialistas y de expertos en este ámbito.
En ese sentido, existen un total de ocho vocalías designadas “por un periodo de tres años”, de las cuales seis están integradas por representantes de entidades memorialistas inscritas en el registro autonómico. Como informó la Junta en octubre de 2018, se trata de Rafael Gil Bracero –presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica-; Francisco Alfonsín Velázquez -Fundación Estudios Sindicales-Archivo CCOO-; Miguel Ángel Valdivia Morente -Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén-; Antonio Naranjo Torres -Memoria, Libertad y Cultura Democrática-, Pepa Castillejo -Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía-, y Manuel Velasco -Asociación Guerra y Exilio-.
El caso es que, en abril de 2018, la Junta puso en marcha la tramitación del Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía, pero desde entonces no se ha dado ni un paso más en su creación. A ese registro alude el Decreto que regula el Consejo de la Memoria cuando dice que esas seis personas representantes de entidades memorialistas deben estar “inscritas en el Registro de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía, seleccionadas mediante convocatoria en libre concurrencia realizada al efecto por orden de la persona titular de la Consejería con competencias en materia de memoria democrática, que establecerá los requisitos que deben cumplir las entidades que quieran participar en el Consejo, la documentación a aportar por las mismas y los criterios de selección”.
Las seis entidades que aún permanecen en las vocalías del Consejo de la Memoria fueron seleccionadas a través de un procedimiento selectivo en régimen de libre concurrencia y se valoraron criterios como el ámbito territorial (con preferencia para el provincial o superior), el desarrollo de proyectos subvencionados por la Junta, los reconocimientos obtenidos o la antigüedad de inscripción.
En cuanto a otras cuestiones relativas a la memoria histórica durante la legislatura, la Junta justificó a finales de marzo que no se hubiera reunido desde su aprobación, en julio de 2020, el Comité Técnico que debe relacionar los elementos contrarios a la memoria histórica que deben ser retirados o eliminados en Andalucía. La entonces consejera Patricia Del Pozo explicó que la normativa “no establece un número concreto de reuniones ni una periodicidad en el tiempo para su convocatoria” y que solamente había habido cuatro solicitudes en ese sentido.
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