MEMORIA HISTÓRICA
“Criterio contrario”. El Gobierno de Juan Manuel Moreno ya se ha posicionado sobre la proposición de Ley de Reconciliación impulsada por Vox en el Parlamento para derogar la Ley de Memoria Histórica andaluza, y lo ha hecho expresando su postura contraria. La propia formación ultraconservadora señaló que su intención con este texto (con el que intenta por tercera vez anular la ley actualmente vigente) era “retratar a Moreno” frente a la promesa de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, de que “lo primero que hará” si llega a La Moncloa será derogar la nueva Ley de Memoria Democrática estatal. En su análisis del texto, el Gobierno andaluz se muestra contrario a limitar exclusivamente a los familiares en línea recta descendente la posibilidad de solicitar la apertura y excavación de fosas comunes.
El posicionamiento en contra de la propuesta de Vox (que ahora se remitirá al Parlamento andaluz) se acordó en el pasado Consejo de Gobierno andaluz, aunque no se informó del mismo ni en la rueda de prensa posterior ni en la relación de asuntos relevantes que hizo pública la Oficina del Portavoz. En su análisis, el Ejecutivo de Moreno concluye que la proposición de ley de Vox “no añade valor a los instrumentos tanto legislativos como operativos de los que dispone la comunidad autónoma de Andalucía, para garantizar el cumplimiento de los objetivos y los principios establecidos por nuestro Estatuto de Autonomía” y por la ONU que “permiten al Gobierno andaluz cumplir con sus deberes competenciales” en esta materia.
El texto de la formación de extrema derecha plantea la derogación de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, “así como todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente ley”. La norma andaluza se adelantó a la ley estatal al ampliar el periodo histórico de aplicación desde la II República hasta el año 1982, para incluir a las víctimas de la lucha por la autonomía andaluza. La propuesta de Vox (que ahora tiene que debatirse en el Parlamento, donde no tiene opciones de prosperar ante la mayoría absoluta del PP en la Cámara) abarca desde la II República hasta la II Guerra Mundial, periodo donde también enmarcan la “localización de las víctimas de la violencia social, política o religiosa”.
Es la tercera vez que el partido ultraderechista impulsa una iniciativa legislativa para tumbar la Ley andaluza de Memoria. En la pasada legislatura registraron primero un texto alterativo, con poco desarrollo reglamentario, y luego una proposición de ley con un único artículo derogatorio de la legislación vigente. Ninguno de los dos salió adelante porque chocó con el rechazo en bloque de las fuerzas de izquierdas y la abstención de los socios de Gobierno, PP y Ciudadanos.
En su acuerdo, el Gobierno del PP-A replica a esta iniciativa de Vox que “el ejercicio democrático y de autonomía en Andalucía ha hecho posible la aprobación de las normas que actualmente regulan la recuperación de la memoria democrática de Andalucía, teniendo en cuenta que recuperar dicha memoria es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia y paz”.
En ese contexto, recuerda que la comunidad autónoma aprobó la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y su normativa de desarrollo, “disposiciones dirigidas a la consecución de los principios establecidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía” y en un documento de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –'Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad'–, que señala que “el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado”.
La proposición de ley de Vox plantea que “estarán legitimados para solicitar la apertura y excavación de una fosa común donde descansen los restos de una víctima los familiares en línea recta descendente”. Frente a ello, el Gobierno andaluz defiende “la necesidad de extender la legitimación para solicitar” la apertura y excavación de fosas comunes a “aquellos que sean familiares de las víctimas también en línea colateral hasta el tercer grado, al ser cada vez menor, debido al tiempo transcurrido, el número de familiares que aún se encuentran en disposición de solicitar la recuperación de los restos”.
Además, desde la Junta sostienen que “la experiencia, el apoyo y el asesoramiento que las entidades memorialistas prestan a los familiares de las víctimas, en la mayoría de los casos de muy avanzada edad, resulta fundamental para poder conseguir los objetivos de las políticas de recuperación de la memoria”.
El acuerdo del Consejo de Gobierno remarca también que “Andalucía cuenta con su propia normativa reguladora sobre actuaciones en fosas comunes, que contempla pormenorizadamente el procedimiento que ha de seguirse, la cualificación profesional del personal que debe participar, las medidas de protección de los restos encontrados y el procedimiento de custodia y entrega a los familiares”.
Añade además el Gobierno del PP-A que “la creación de una base de datos genética o el régimen de acceso a los terrenos de titularidad privada, que aparecen recogidos en la iniciativa legislativa” de Vox, “ya aparecen regulados en la legislación autonómica vigente”.
La proposición de ley de Vox “contempla igualmente la creación de una Comisión de Exhumaciones con la función de resolver las solicitudes para la localización, excavación de fosas, exhumación, traslado e inhumación de víctimas en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía”, según detalla el acuerdo del Consejo de Gobierno, que al respecto replica que “la Administración de la Junta de Andalucía ya cuenta con un órgano que desarrolla esta función, el Comité Técnico de Coordinación previsto en el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Posguerra”.
La composición y el funcionamiento de dicho comité, “regulados mediante orden de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, de 9 de julio de 2013, contribuyen significativamente al cumplimiento de los fines perseguidos por la normativa reguladora en materia de memoria democrática”, defiende el Gobierno del PP-A.
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