El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos tiene despejado el camino para aprobar los Presupuestos Autonómicos de 2020, los segundos de esta legislatura, tras convencer a sus socios de Vox para que no presenten una enmienda a la totalidad. El plazo para registrar esa enmienda en el Parlamento terminó a las 12.00 horas de este jueves, pero mientras el PSOE y Adelante Andalucía presentaban sus escritos, los diputados de Vox negociaban en un despacho con la Consejería de Hacienda los flecos de otro acuerdo presupuestario que introduce nuevas exigencias de la formación ultraderechista.
El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno ha superado así el principal escollo para sacar adelante el primer presupuesto diseñado íntegramente por PP y Cs, unas cuentas de 38.500 millones de euros, con un aumento del 5,6% respecto al presente ejercicio. Andalucía será previsiblemente la primera comunidad en aprobar sus cuentas a principios de diciembre, dando muestras de estabilidad política en medio de un escenario de incertidumbre generalizada. La amenaza de una enmienda a la totalidad de Vox habría complicado con creces la negociación de los Presupuestos andaluces, una semana antes de que arranque la campaña electoral del 10 de noviembre. “Mandaríamos un mensaje equívoco a los ciudadanos si hubiésemos presentado la enmienda a la totalidad, contribuiríamos a la teatralización de la política que tanto criticamos. Hay confianza mutua y nos ha parecido mejor seguir negociando de buena fe”, asegura el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández.
Todavía no hay acuerdo cerrado ni se han ofrecido muchos detalles de la negociación, aunque todo parece girar en torno al “desmantelamiento del sector instrumental” de la Junta: empresas públicas, agencias y consorcios que Vox considera “chiringuitos”, donde trabajan alrededor de 27.000 empleados, y que serán sometidos a auditorías externas para determinar “cuáles son superfluas y prescindibles y cuáles no”. El borrador de Presupuesto de 2020 ya incluye una partida de 30 millones de euros para costear esas auditorías, que no son vinculantes desde el punto de vista legal, pero sí político. Vox asegura que los resultados de esa fiscalización externa se presentarán de forma trimestral durante el año que viene, con idea de que el 90% del sector instrumental esté ya auditado a final de año. El portavoz del PP andaluz en la Cámara, José Antonio Nieto, ha matizado que las auditorías no son tanto para “desmantelar como para conocer bien las funciones y el gasto” de los entes instrumentales
El presidente Moreno puede esgrimir ahora que Andalucía es la región donde más consolidada está la alianza a tres de PP, Ciudadanos y Vox -rivales por la hegemonía del voto conservador- y ofrecer una imagen de estabilidad y confianza para inversores y capital exterior. Las cuentas de 2020 se someterán al debate de totalidad el próximo 23 y 24 de octubre, pero las enmiendas de los grupos de izquierda decaerán por falta de apoyos suficientes. En Andalucía, PP, Cs y Vox encaran la campaña electoral de las generales con un escenario de no agresión, encapsulados del ambiente político exterior, y sus líderes regionales quieren exportar una imagen de unidad que puede funcionar en el conjunto de España, si los resultados de la derecha suman más que la izquierda.
El partido de Santiago Abascal, con 12 diputados en la Cámara, ha presionado para introducir modificaciones al diseño presupuestario que presentó la Consejería de Hacienda hace una semana. Las cuentas de 2020 venían allanadas por un acuerdo firmado por las tres formaciones conservadoras el pasado junio, un documento con 34 puntos que no hacía presagiar una negociación difícil. Sin embargo, Vox ha hecho valer sus votos necesarios para la estabilidad del Ejecutivo imponiendo nuevas medidas a las ya pactadas, un calendario de ejecución más concreto, que los socios han tenido que aceptar. El nuevo documento se amplía de 34 a 65 puntos, aunque la mayoría son desarrollos concretos de lo ya pactado. Vox también presentó “tres o cuatro” exigencias nuevas que han sido descartadas por ser “técnicamente inviables”. Nieto asegura que habrá otra redacción “aclaratoria de algunos puntos, pero también con ampliación de otros puntos”.
De esta manera, se ha evitado el escenario de inestabilidad que se vivió hace sólo cuatro meses, durante la tramitación del Presupuesto en vigor, cuando el partido de extrema derecha registró una enmienda a la totalidad que obligó a PP y a Cs a sentarse a negociar cada línea con ellos. Entonces el escenario era distinto: los tres grupos forcejeaban en Madrid, Castilla y León y Murcia para formar gobierno y la presión de Vox desde Andalucía pretendía influir en esas negociaciones. Ahora, en cambio, a ninguno de los tres grupos conservadores les interesaba desviar el foco de atención política y mediática del polvorín independentista de Cataluña, que jugará un papel determinante en sus respectivas campañas electorales. “Andalucía puede proyectar una imagen de estabilidad institucional cuando en otras partes de España vivimos situaciones impensables”, ha admitido Hernández.
Para evitar el pulso de otra enmienda a la totalidad, el presidente de la Junta pidió a todos sus consejeros que mantuvieran informado en todo momento a sus socios de Vox del diseño presupuestario de 2020. Los contactos han sido continuos desde julio, de modo que los socios ya conocían gran parte del anteproyecto de ley mucho antes de que se hiciera público la semana pasada. Superado el veto de Vox, el Presupuesto andaluz del año que viene avanza no sin pocos sobresaltos en el camino: una previsión de enfriamiento de la economía regional -crece al 1,9% del PIB, y no al 2,3% como se calculó hace sólo unos meses-, el impacto del Brexit en el campo de Gibraltar (amortiguado por el reciente acuerdo entre Londres y Bruselas), la amenaza de la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos, que dañará singularmente al sector agroalimentario y aeronáutico andaluz, y la recesión de la economía de Alemania, motor de Europa, que puede lastrar el crecimiento del resto de países miembros.