DOÑANA
El macroproyecto urbanístico de Trebujena (Cádiz), empantanado en trámites administrativos desde hace 20 años, ha vuelto a la primera línea política de la mano del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno, que firmó hace un mes la Declaración Ambiental Estratégica favorable a la construcción de 300 villas de lujo, hoteles y un campo de golf frente a Doñana.
El asunto se ha convertido en una bomba de relojería para todos los partidos políticos en plena campaña para las municipales del 28 de mayo, porque obliga a revisar la política medioambiental de hace una década –desarrollo expansivo– con ojos de 2023 –cambio climático, estrés hídrico, sequía–. El macroproyecto urbanístico cuenta con permisos parciales firmados por tres administraciones –local, autonómica y nacional– de tres formaciones distintas: IU, PSOE y PP.
La semana pasada, Moreno revirtió las críticas del Gobierno central por reactivar el complejo turístico de Trebujena con el beneplácito ambiental de la Junta, lanzándoselas a la cara a la oposición. El presidente andaluz recordó en el Parlamento que el polémico proyecto nació y creció en un Ayuntamiento con mayoría absoluta de IU –donde el PP no tiene un solo concejal–, y contó con el consentimiento inicial del entonces Gobierno andaluz del PSOE, que había allanado el terreno con una “memoria ambiental favorable” en 2010.
Pero la macrourbanización proyectada frente a Doñana también arrastra un “informe favorable” del Ejecutivo de Mariano Rajoy, firmado cinco años después, en diciembre de 2014, por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En este caso, es un informe sobre disponibilidad de recursos hídricos competencias del Estado, justo el punto de la tramitación donde acaba de estrellarse el proyecto definitivamente: la CHG bajo el Gobierno de Pedro Sánchez emitió la semana pasada un informe desfavorable sobre gestión de aguas tras concluir que la zona donde se ubicaría el proyecto está “en riesgo de inundación”.
El informe favorable que emitió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con el Gobierno de Rajoy, al que ha tenido acceso este periódico, está “condicionado” precisamente a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Trebujena. Ese informe de 2014 subraya, también, que “la zona donde se asienta el proyecto es inundable según la Cartografía de Zonas Inundables” del Ministerio, pero acto seguido da viabilidad al complejo turístico si se toman “medidas correctoras” en el PGOU “para minimizar los efectos de una inundación bajo la hipótesis más desfavorable (...) coincidente con el máximo nivel del Guadalquivir” de los últimos 500 años.
Dicho de otro modo: el órgano estatal competente en la gestión de aguas con el Gobierno del PP puso punto y seguido al macroproyecto de Trebujena donde el Ejecutivo de Sánchez acaba de poner punto y final.
Las tres condiciones que la CHG puso al Ayuntamiento del municipio gaditano obligaban a incluir en el PGOU obras de contención ante un posible desbordamiento en la zona: uno, “elevar la rasante de la carretera de Trebujena al río a tres metros sobre el nivel de la marisma circundante”; dos, “plantear toda la actuación prevista en el sector 16 [donde se erigiría la macrourbanización] sobre una plataforma de un metro sobre el nivel de la marisma o, en su defecto, proteger toda el área de actuación con un muro de defensa de un metro de alto”; y tres, “acondicionar y ampliar las obras de evacuación existentes en la finca Adventus que dan salida a las aguas de escorrentía de la Subcuenca Noreste del Caño de Sanlúcar”.
El aviso de la CHG era claro: “El desarrollo de la actuación estará condicionado al informe favorable de la administración competente respecto a la medidas a adoptar para la resolución de las situaciones de inundabilidad que puedan estar provocadas por una avenida de período de retorno de 500 años y de la ausencia de repercusión en el resto de la subcuenca. Estas medidas deberán desarrollarse en el proyecto de urbanización” de Trebujena.
Con este criterio condicionante, se solventaba el mayor impedimento al proyecto que había recogido, tres años antes, el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz, de la Junta gobernada por el PSOE: la inundabilidad de la zona. La otra recomendación del informe era la relativa al saneamiento y depuración de las aguas. “Se exige la construcción de una estación depuradora de aguas residuales en los terrenos [del complejo turístico], para separar aguas negras de aguas procedentes de la lluvia, y reutilizables para el riego del campo de golf y las zonas verdes”.
El informe de la CHG fue remitido al Ayuntamiento de Trebujena para que aprobase las correcciones necesarias en el PGOU y volviese a enviar la documentación sobre el macroproyecto para su posterior revisión.
La Declaración Ambiental Estratégica (DEA) favorable del Gobierno andaluz, firmada el pasado 12 de abril, es una contestación a la documentación sobre el complejo turístico remitida por el Ayuntamiento de Trebujena, con algunas de las correcciones incluidas, pero no todas. El visto bueno de la Junta no atañe a la gestión de la cuenca afectada, pero sí concluye que no existe afección desde el punto de vista ambiental, y deja su aprobación final condicionada al posterior análisis de la CHG sobre la disponibilidad de recursos hídricos.
Ese organismo estatal, competente en la gestión de las aguas de la cuenca del Guadalquivir, dio el visto bueno hace nueve años con un Gobierno nacional del PP, y acaba de tumbar definitivamente el proyecto con un Ejecutivo socialista. En 2014, el Ayuntamiento de Trebujena ya había planteado la modificación del PGOU para recalificar más de 2.000 metros cuadrados ubicados en una marisma (hoy seca) frente al Parque Nacional de Doñana, donde un promotor privado proyectaba construir un complejo urbanístico de lujo.
En 2010, la Junta de Andalucía, en manos del PSOE, había despejado el camino al proyecto con una memoria ambiental favorable de la Consejería de Medio Ambiente. “El área se sitúa sobre suelos clasificados como urbanizables por el planeamiento urbanístico de Trebujena, por lo que sus condicionantes ambientales se presuponen de nula o muy baja significatividad”, dice el documento.
La Junta lo vio viable entonces, de hecho, limitó la edificabilidad máxima del complejo de 750 a 300 casas. Pero un año después aprobó el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz, que “condicionó” el proyecto a un posterior “informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir respecto a las medidas a adoptar para la resolución de las situaciones de inundabilidad que puedan estar provocadas por una avenida de periodo de retorno de 500 años y de la ausencia de repercusión en el resto de la cuenca”.
En diciembre de 2014 llega ese informe de la CHG, siendo presidente del organismo Manuel Romero, y ministra Isabel García Tejerina, que tomó las riendas del departamento de Miguel Arias Cañete ese mismo año. El documento aclara en los antecedentes que unos meses antes –el 9 de octubre de 2014–, la CHG ya había emitido un informe advirtiendo de que “no tiene competencias” para resolver sobre la disponibilidad de recursos hídricos, porque “Trebujena se abastece de recursos externos a la Demarcación Hidrológica del Guadalquivir” [competencia del Estado], en concreto la demarcación de la cuenca Guadalete–Barbate, competencia de la Junta.
El informe también reproduce el planeamiento previsto del macroproyecto respecto a la disponibilidad del agua: que “las necesidades de agua para riego del campo de golf y las zonas verdes” del proyecto de Trebujena se cubrirán con aguas procedentes de una estación depuradora (aún sin construir) y las aguas de lluvia recogidas por la red de aguas pluviales“, que ”se acumularán en balsas para su posterior utilización“.
“Las balsas de acumulación y el propio diseño del campo de golf (lagos artificiales) se comportan como auténticos 'tanques de tormenta', que ayudan a minimizar los efectos perjudiciales de las lluvias extraordinarias”, advertía la documentación del Ayuntamiento, en alusión indirecta a que la marisma seca donde se proyectaba la macrourbanización turística estaba catalogada como suelo “con riesgo de inundación”.
El volumen total de agua disponible para riego del proyecto es de 882.179 metros cúbicos al año, “que debe garantizar una dotación suficiente para el riego del campo de golf y las zonas verdes”, considerando unas dotaciones medias de 8.000 metros cúbicos para el campo de golf y 4.000 para las zonas verdes.
La CGH tumbó esta propuesta, pero dejó la puerta abierta al proyecto si se acometían las obras de contención de riadas (elevación del suelo, levantamiento de un muro...). “Se comunica al Ayuntamiento que la disponibilidad de caudales no queda informada, ni autorizada en este punto al no ser posible cuantificarla con los documentos presentados, tanto en la naturaleza de su procedencia como del órgano encargado de su tramitación reglamentaria”, avisaba el informe.
El informe favorable también queda condicionado al otorgamiento por parte de la CHG de tres autorizaciones: “la concesión de aguas invernales procedentes del Caño de Trebujena; la autorización para la recogida y utilización de las aguas pluviales y la autorización para la reutilización de las aguas procedentes de la estación depuradora de aguas residuales”.
La documentación oficial que envuelve al macroproyecto de Trebujena desde hace 20 años ha comprometido políticamente a todas las fuerzas andaluzas en la recta final de la campaña del 28M, y con el foco de la polémica ley de regadíos junto a Doñana aún candente. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha ligado el proyecto de Trebujena con esa proposición de ley de PP y Vox avalada por la Junta para cuestionar el compromiso verde de Moreno y, de paso, tildar de “negacionista ambiental” a la rama más moderada del PP, presentándoles como una extensión camuflada de Vox.
La réplica de Moreno fue un golpe directo al PSOE andaluz y a IU, que evitaron mencionar el asunto de Trebujena en la sesión de control al Gobierno de la semana pasada. Los socialistas andaluces se han lamentado en privado de la falta de coordinación y comunicación de Ribera con la dirección regional del partido, haciendo oposición a Moreno desde Madrid con un asunto que podía “estallarles en la cara”. El informe definitivo de la CHG, tumbando el proyecto por estar ubicado en una marisma inundable, ha zanjado el pulso entre Gobierno y Junta.
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