El Gobierno de coalición PP-Ciudadanos en Andalucía ha presentado este martes dos iniciativas legales con el mismo objetivo: el apoyo a las familias. Una gestionada por la Consejería de Educación, en manos del partido naranja, y otra por el departamento de Salud, que gestiona el PP. Aunque quien ha comparecido finalmente tras el Consejo de Gobierno es el titular de Educación, Javier Imbroda, su promesa de universalizar la gratuidad de la etapa Infantil de 0 a 3 años ha competido con la propuesta de Salud, que incluye “becas mamá”, un plan contra el “mobbing maternal” en el trabajo y otras medidas de apoyo a mujeres embarazadas o con hijos o “con dificultades para seguir con el embarazo”.
Entre las medidas, destaca ésta: “El Gobierno andaluz baraja reservas de viviendas para familias numerosas”, aunque desde el departamento de Salud advierten de que el texto legal aún tiene un largo recorrido por delante. “La propuesta aún está verde y se tendrá que negociar entre la Consejería de Salud y la de Fomento para ver qué tipo de vivienda pública puede reservar para este propósito”, aseguran.
En el borrador de la propuesta sobre la futura Ley de Familias no aparece destacada ninguna medida concreta para familias “monoparentales”.
La oposición ha enmarcado estas iniciativas en la órbita de Vox, socio de investidura del PP, que reclamó y logró que hubiera una Consejería de Familia en el Gobierno de Juan Manuel Moreno (finalmente adscrita a Salud). Sin embargo, se trata de medidas que ya contemplaba el programa electoral de los populares en las autonómicas del 2 de diciembre. El PP ya contemplaba en campaña muchas de las medidas que ahora aglutina esta propuesta de ley: las ayudas de emergencia social a embarazadas con hijos menores; las becas mamá a embarazadas con insuficiencia económica durante 24 meses; las deducciones en el tramo autonómico del IRPF por nacimiento o adopción; el servicio de teleasistencia en caso de embarazo de riesgo para embarazadas que vivan solas; los alojamientos de urgencia y las viviendas supervisadas para embarazadas en situación de exclusioÌn social y su familia, o medidas para evitar que la maternidad sea causa de abandono escolar mediante la adaptación curricular durante el embarazo y primeros años del bebeÌ, la atencioÌn domiciliaria durante la baja meÌdica y maternal, y el apoyo formativo para la consecucioÌn del graduado en ESO.
Fase embrionaria
Las dos iniciativas legislativas, tanto la de Educación como la de Salud, están en fase embrionaria, ni siquiera se ha presentado un anteproyecto de ley, que es el primer borrador que da forma a una norma, mucho antes de que ésta tome cuerpo, se tramite en el Parlamento y entre en vigor.
La futura Ley de Familias, por lo que avanza la Junta, busca prevenir el acoso laboral a las madres y embarazadas, fenómeno conocido como 'mobbing maternal', a través de la articulación de medidas específicas de acción positiva que garanticen la protección y seguridad de la mujer en edad reproductiva. En 2009, la Fundación Madrina presentó el primer informe sobre este fenómeno en España, que concluía que nueve de cada diez mujeres embarazadas había sufrido acoso laboral, y el 25% había sido despedida. “El embarazo sigue siendo la primera causa de despido o amenazas por parte de la empresa”, rezaba el informe. La gestación, la baja por maternidad, la reducción de jornada y el planteamiento de querer tener familia, según el documento, repercutían entonces negativamente en la renovación del contrato laboral y en la contratación de estas mujeres entre un 25% y un 80% de los casos.
Medidas para los empleados públicos
Desde entonces se han implementado las leyes de igualdad, tanto en España como particularmente en Andalucía, con especial incidencia en el ámbito laboral de la mujer. Aún así, la Junta ha decidido profundizar legalmente en este contexto “con el doble objetivo de proteger a la madre y al recién nacido en su salud y asegurar, además, su empleo”, ha dicho el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. Para empleados públicos con hijos menores de 12 años, la norma estudia incluir fórmulas como la flexibilidad de horarios y el teletrabajo, así como la reducción de jornada.
También en el ámbito de la Administración, se añade la puesta en marcha de cláusulas sociales para dar prioridad en la contratación a empresas y entidades con programas específicos que garanticen la promoción y la protección de la maternidad. La Consejería de Salud y Familias activará asimismo un Registro andaluz de empresas y entidades de buenas prácticas en protocolos y promoción de la maternidad.
El texto legal recogerá un capítulo de ayudas económicas y beneficios fiscales para las familias, sobre todo orientadas a la minimización del gasto familiar cuando crezca el número de hijos. El Gobierno andaluz estudiará también las deducciones en el IRPF para familias numerosas con atención especial a los hijos con discapacidad, así como para la adquisición de material escolar o el estudio de idiomas. Además, se barajan reservas de viviendas para familias numerosas.
El objetivo de la Junta es poner en marcha una ley transversal que englobe a todas las consejerías e incorpore la perspectiva de familia en todas las actuaciones y políticas, con el objetivo de dotar de medidas y herramientas para aumentar la calidad de vida de las familias.