El Ministerio de Agricultura ha paralizado la tramitación de la nueva Indicación Geográfica Protegida (IGP) de jamón serrano. Lo ha hecho tras un recurso de medidas cautelares de los jamoneros de Trevélez (Granada) ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al entender que esta nueva denominación pone en peligro su actividad y la producción tradicional de este tipo de jamón. Según ha podido saber elDiario.es Andalucía por fuentes gubernamentales, la Comisión Europea, organismo al que Agricultura ha recurrido para elaborar esta nueva IGP, no tramitará esta modificación hasta que no haya sentencia firme.
Este asunto lleva tiempo coleando porque divide a las grandes industrias cárnicas con los productores de jamón serrano de Trevélez en Granada y Serón en Almería. Las primeras, a través de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) y el Ministerio de Agricultura, han logrado que la Comisión Europea, encargada de tramitar estas denominaciones, trabajara sobre ello. Lo que solicitan, a grandes rasgos, es igualar bajo un mismo nombre todos los jamones, a excepción de los que tienen Denominación de Origen Protegida (DOP).
Es decir, lo que propone ANICE, y que Agricultura elevó a la Comisión Europea en julio, es que cualquier jamón, independientemente de cómo se produzca, pueda ser considerado como IGP Jamón Serrano. Esto, según denuncian los productores de Trevélez y Serón, ataca directamente a su medio de vida porque iguala a jamones que tienen producciones mucho más baratas con los suyos, que tienen una serie de condiciones de elaboración que los hacen especiales.
Para entender las diferencias, mientras que un jamón común no serrano, denominado como Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), puede elaborarse, siempre que cumplan con los estándares de salud alimenticia, en cualquier localización y de cualquier forma mecánica o manual, el jamón serrano de Trevélez y Serón, que están protegidos como IGP, han de hacerse en montaña (serranía). Deben de elaborarse en condiciones muy estrictas de frío y humedad, los cerdos han de ser blancos y su curación debe ser natural de al menos 7 meses.
Lo que ocurre es que en España se le llama jamón serrano a cualquier jamón que se venda y la única forma que hay de distinguirlos es por su etiqueta si en esta aparece que es IGP. Si ANICE logra que todo el jamón, aunque no sea serrano, se considere IGP, esta forma de distinguirlo desaparecerá. Tal y como denuncian los productores de Trevélez, “se encarecerán jamones que ahora mismo son baratos tanto por producción como por venta y el consumidor no podrá saber cuál es el tradicional y cuál no”.
Por ese motivo, llevan más de un año tratando de impedir administrativamente que la IGP del jamón serrano pueda poner en jaque a empresas más modestas que las que conforman ANICE. Los productores de Trevélez se definen a sí mismos como “pequeños productores que utilizan recursos naturales para hacer un jamón de gran calidad”. Algo que, denuncian, se pone en riesgo si todos los jamones serranos acaban teniendo la consideración de IGP.
El argumento que aportan tanto la ANICE como Agricultura para defender esta denominación es que existen países competidores en la producción de jamón como Italia, que están ganando mercado y desplazando al español de algunas zonas, no puedan utilizar la misma denominación al quedar protegida con la IGP. Una explicación que para los productores de Trevélez y Serón no es suficiente porque lo que puede generar es “competencia desleal”. “Si las grandes industrias cárnicas quieren acelerar la producción y subir sus precios pueden hacerlo y ahogarnos a nosotros”, explican los afectados.
Por su parte, el Consorcio General del Jamón Serrano, principal conglomerado de la industria de este producto que se vería afectado por el cambio de ETG a IGP, prefiere evitar pronunciarse. Pese a que los productores de Trevélez y Serón lo señalan como un consorcio que dejaría de tener razón de ser si todos los jamones se considerasen serrano, fuentes del mismo argumentan que “entienden todas las posturas”, tanto la de ANICE como la de los jamoneros afectados, pero que tras un “debate interno” no quieren entrar a valorar la polémica.
Con este panorama, los productores de Trevélez, tras agotar las opciones administrativas y asegurar que “el Ministerio de Agricultura está siendo juez y parte impidiéndonos luchar contra la IGP”, han decidido presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para frenar, cautelarmente, la tramitación en la Comisión Europea de este cambio de denominación del jamón serrano. Algo que han logrado, tal y como confirman desde Agricultura a este medio.
“El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación envió el 20 de julio de 2022 el expediente completo de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Jamón Serrano a la Comisión Europea, que, desde esa fecha, tiene 6 meses para revisar el expediente y, en su caso emitir observaciones o solicitar información adicional. Tras haber recibido comunicación oficial del recurso por la vía contencioso-administrativa de la IGP Jamón de Trévelez. Desde el Ministerio se informará de este hecho a la Comisión Europea. La tramitación, por tanto, se paralizará ya que la CE esperará a que haya sentencia firme”, aclaran fuentes oficiales.
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