La Zona Norte de Granada capital lleva tiempo siendo un quebradero de cabeza para las administraciones públicas. Barrios como La Paz, Rey Badis o Casería de Montijo son lugares deprimidos social y económicamente desde hace décadas. En los últimos años, el Ayuntamiento ha tratado, sin éxito, de acabar con los problemas de delincuencia relacionados con el cultivo de marihuana y los cortes de luz que provocan las plantaciones, aseguran. Ahora, tras el decreto del estado de alarma que ha obligado al confinamiento de la población para frenar el coronavirus, muchos vecinos están sufriendo por vivir en sus casas sin electricidad, lo que ha obligado a tomar nuevas medidas que han hecho florecer un nuevo enfrentamiento entre administraciones. Ayuntamiento y Subdelegación, que se reunieron a finales de abril para tratar el tema, coinciden en el origen del problema, pero no en su solución.
Ambas instituciones asumen que los cortes de luz que se producen en la Zona Norte están relacionados con la existencia de grandes plantaciones de marihuana. Sin embargo, los esfuerzos que hace la Subdelegación del Gobierno por asegurar el lugar no convencen en el Consistorio granadino. Su alcalde, Luis Salvador, explica a este medio que “la marihuana es el problema” y apunta directamente a las mafias que operan con ella. Según el primer edil, no se trata de un asunto que tenga que ver con una infraestructura deficitaria en electricidad, pues “hay mucha más potencia de la que hace falta”, sino que existen numerosos enganches ilegales. Según Endesa, la compañía responsable del suministro eléctrico, el 78% del consumo del distrito procede de ellos mientras se ha producido una reducción de casi un 50% en el número de contratos eléctricos.
Además, hace unos días, una auditoría externa encargada por la Junta de Andalucía sobre la instalación de luz en la zona, ponía de manifiesto que Endesa estaba cumpliendo con su parte, renovando buena parte de la red de distribución eléctrica. Según la entidad, en los últimos cuatro meses ha invertido alrededor de 3 millones de euros “para intentar paliar la problemática de los enganches ilegales”. De modo que se ha instalado nuevo cableado aéreo y cuatro nuevos centros de transformación de energía. Además, la compañía sostiene que esos trabajos permiten que las barriadas de La Paz, Rey Badis y Cartuja donde hay 2.300 viviendas, cuenten “ahora con una potencia como para dar suministro a 11.000 suministros”.
“La situación es extraordinaria”
Con la incógnita de la inversión en una mejora de la instalación eléctrica despejada, después de años de peticiones vecinales, el asunto se centra exclusivamente en los enganches ilegales que se utilizan para cultivar la marihuana. El alcalde de Granada anuncia que van a pedir que Interior “tome cartas en el asunto” porque cree que no se están haciendo los esfuerzos necesarios. “Entiendo que los recursos son limitados, pero la situación es tan extraordinaria que si hace falta que el Ministerio adopte medidas en número de agentes o intervenciones, que lo haga”, dice el regidor.
Pese a que el estado de alarma sigue en vigor, “se han hecho intervenciones en domicilios”, recuerda Salvador. Una cuestión en la que coincide con Subdelegación del Gobierno que trata de poner de manifiesto que la presencia policial en el distrito norte de Granada capital es amplia: “Desde enero en la capital se han desarrollado 45 operaciones en la Zona Norte, se han practicado 58 detenciones contra la Salud Pública, 18 detenciones por defraudación de fluido eléctrico, y se han incautado 487 kg y 3.733 plantas de marihuana”. En ese sentido, el Gobierno central defiende su gestión porque se está haciendo ya “un importante esfuerzo para luchar contra el cultivo de marihuana tanto en la capital como en la provincia”.
Pero dichas detenciones pueden resultar baratas para quienes producen y venden grandes cantidades de esta droga. Fuentes policiales indican que, de acuerdo con el Código Penal, defraudar mediante un enganche ilegal conlleva una multa máxima de 12 meses de sanción económica diaria. La horquilla de la sanción puede ir desde los 2 a los 400 euros diarios por lo que la sanción mínima a la que se enfrenta un detenido ronda los 800 euros anuales, siendo la máxima de más de 140.000 euros por el mismo periodo de tiempo, aunque la mayoría de sanciones rondan los 1.500 euros. No obstante, si lo defraudado no supera los 400 euros, la multa máxima será de 3 meses.
Justos por pecadores
“¿Interviene Subdelegación lo suficiente para erradicar el problema?”, se cuestiona el alcalde de Granada. Para el primer edil, el problema además es mayor porque “si continúa, se empezará a extender a la Chana y al Haza Grande” (otros dos barrios de la capital). Además, el regidor asume que detrás de los enganches ilegales para las plantaciones de maría están las mafias. Y pone un ejemplo: hace tan solo unas semanas cuando la Guardia Civil detuvo a un joven por saltarse un control policial. Se trataba de un conocido delincuente que protagonizó una huida que terminó cuando fue encontrado por los agentes en la vivienda de un clan de narcotraficantes.
Aquella historia corrió como la pólvora por las redes sociales y destapó toda una red de clanes de la marihuana afincada entre la Zona Norte de la capital granadina y algunos pueblos del Área Metropolitana. De paso, lo sucedido puso en el centro de la diana a los vecinos del distrito que llevan muchos años denunciando que se les estigmatiza por las actividades ilícitas que llevan a cabo algunos habitantes del lugar. Como recuerda el Defensor del Ciudadano en Granada, Manuel Martín, y defienden presidentes de asociaciones vecinales como Rosario García, en la Zona Norte pagan justos por pecadores. De forma literal, hay quienes pagan religiosamente sus facturas de luz y no tienen un servicio digno.
No obstante, tras las obras llevadas a cabo por Endesa, los cortes de luz parecen haberse reducido. Rosario García así lo reconoce: “Llevamos unos días tranquilos y donde se cortaba todos los días ahora no lo hace, sólo en calles muy puntuales. Sobre todo en Rey Badis, Molino Nuevo y Cartuja”. Así, los días más duros parecen haber quedado atrás, pero los enganches ilegales continúan y el futuro del servicio depende de qué sucederá con estos y con quienes los utilizan para su propio beneficio.