Dos proyectos de parques eólicos en el Mar de Alborán han provocado el rechazo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada. Las 20 localidades que la conforman (de todo signo político), entre las que están Motril, Salobreña o Almuñécar (con más de 100.000 habitantes en total), han elevado un escrito al Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) para que no siga adelante con dos macroproyectos denominados “La Pinta” y “Albaicín”, promovidos las empresas IberBlue Wind y Capital Energy respectivamente, y que se construirían frente a sus costas. Un rechazo que ha mostrado también, desde hace tiempo, la plataforma Di no a Las Torres.
Ambos proyectos se encuentran en la fase previa de su tramitación en el MITECO y los dos suponen un cambio de paradigma para la costa granadina. Los parques contemplan la construcción en alta mar de decenas de aerogeneradores que se unirían a las subestaciones de Saleres y Ribina para evacuar hacia el interior terrestre la electricidad que generarían. Mientras que La Pinta contempla un potencial de generación de 990 megavatios (MW), el parque Albaicín proyecta una instalación de 510 MW. Los dos se situarían a una distancia de la costa entre los 7 y los 20 kilómetros.
Según Eurostat, el consumo eléctrico promedio de una persona al año oscila entre los 4.000 y 7.000 kWh, por lo que estos dos proyectos tendrían una capacidad más que suficiente para abastecer a núcleos de población de más de tres millones de habitantes. Una cifra que está por encima de las personas que viven en las provincias de Granada y Almería (1,6 millones en total), y que serían las provincias por las que pasaría la red eléctrica que evacuase la potencia generada entre ambos megaparques.
Si bien en los dos proyectos se establecen líneas de actuación que contemplan minimizar los riesgos para el ecosistema y la fauna marina, cada aerogenerador tendría que construirse a una profundidad mínima de 600 metros y elevarse otros 200 por encima del nivel de mar. Una afección submarina y visual que preocupa a la veintena de municipios que componen la mancomunidad y que han firmado el escrito que se ha remitido al Ministerio.
En el escrito consideran que las dos macroplantas tendrán efectos “negativos” en cuanto a la biodiversidad. Aunque asumen que este tipo de proyectos tienen la voluntad de ser “medioambientalmente sostenibles”, consideran que la construcción de los mismos va a afectar negativamente al entorno marino. Como se construirían en alta mar, los municipios temen que el “impacto visual” que provocaran los aerogeneradores tenga consecuencias nocivas para el turismo. Según la documentación, La Pinta constaría de 55 aerogeneradores. Por eso, han decidido cerrar filas y mostrar su oposición ante el Ejecutivo central.
Una de las empresas, IberBlue Wind, defiende que desde el inicio de sus proyectos han trabajado bajo los más altos estándares medioambientales. Según la empresa, su equipo de expertos se encarga de garantizar que cualquier posible impacto en los ecosistemas sea gestionado adecuadamente. Insisten en que sus parques eólicos están ubicados en áreas seleccionadas por el Gobierno de España dentro de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), donde ya se han tenido en cuenta diversos factores como rutas de aves y caladeros lo que, en su opinión, minimiza los riesgos ambientales.
En cuanto al impacto en el turismo, IberBlue Wind sostiene que el parque eólico marino La Pinta, actualmente en fase inicial, estará a más de 15 km de la costa, lo que reduciría el impacto visual, desmintiendo las imágenes que han circulado en redes sociales. Además, citan ejemplos del norte de Europa para argumentar que los parques eólicos marinos no solo no afectan negativamente al turismo, sino que incluso podrían generar nuevas oportunidades, como visitas a las instalaciones. Este medio ha intentado contactar con Capital Energy sin éxito.
Las plantas eólicas en el mar están situadas en zonas con corrientes marítimas, donde el viento es más fuerte y constante, lo que permite alcanzar mayores niveles de generación de energía que en tierra. No obstante, para transportar la electricidad, se deben añadir cables subterráneos que las transporten hasta las subestaciones terrestres que luego, a través de la red eléctrica, se repartan por todo el territorio.
Aunque en ninguno de los proyectos se estima aún la inversión necesaria para su construcción, la puesta en marcha de aerogeneradores en alta mar requiere de medios técnicos complejos. Un ejemplo que puede servir para estimar el coste total de la instalación es el del parque eólico de Tenerife que, con una potencia de 50 MW, se estima que costará alrededor de 100 millones de euros. Es decir, unos 2 millones de euros por MW. Si se traslada a la magnitud de La Pinta y Albaicín, con 990 MW y 510 MW respectivamente, la inversión total podría rondar los 2.000 millones de euros en el caso de La Pinta y los 1.000 en el de la planta Albaicín.
Además, según se puede leer en la documentación que está disponible en el MITECO sobre las dos plantas, este tipo de instalaciones necesitan de ingeniería y seguridad más avanzadas que en zona terrestre. Eso sí, también se admite que parte de la electricidad que se genere será trasladada a países como Alemania a través de una línea de alta tensión de 400 kV.
Precisamente esta línea es la que dio origen a la plataforma Di No A las Torres, que integran más de 3.000 personas, entre miembros de la sociedad civil y especialistas. Activistas que consideran que la línea eléctrica y los parques eólicos suponen un daño medioambiental excesivo para Granada. Sobre todo porque, según defienden y se recoge en proyectos como estas macroplantas, la energía generada no se prevé que se utilice en el entorno, sino a miles de kilómetros de distancia. Por ello, han impulsado varias recogidas de firmas y se han movilizado, contando con el respaldo de la mancomunidad de municipios de la zona.
El letrado y portavoz de Ecologistas en Acción, José Antonio Cabrera, miembro destacado también de la plataforma Di No a las Torres, considera que estas plantas eólicas marítimas generan “incertidumbre sobre su viabilidad porque no se detallan ni los plazos de ejecución ni el impacto real que pueden tener sobre el entorno”. Para Cabrera, “este tipo de proyectos están pensados para que se lleve la energía fuera de España”.
Si bien no están en contra de las energías renovables, desde Di No a Las Torres tienen claro que “este no es el camino”. Apuestan más por el autoconsumo como solución a los problemas de falta de energía del futuro y no tanto por estos proyectos “que pueden provocar daños irreversibles en el medio ambiente”, señala Cabrera. Por eso, actualmente hay tres posiciones sobre estos proyectos: quienes están a favor de las renovables sin restricciones, quienes las quieren, pero con condiciones específicas, y quienes piden una moratoria sobre los proyectos hasta que se realicen “estudios serios” sobre el impacto ambiental que generan.
Por otro lado, José Luis Rosua, catedrático de Botánica por la Universidad de Granada y especialista en gestión ambiental y desarrollo sostenible, cree que la afección sobre el entorno de estos proyectos puede ser muy diversa. “Pueden producirse daños de los fondos marinos por las anclas de las torres y el tendido y despliegue de cables, variaciones de los campos electromagnéticos, modificaciones de las dinámicas atmosféricas y oceanográficas o afectaciones de los usos tradicionales del litoral cercano, así como accidentes por colisión de embarcaciones con los aerogeneradores e impacto visual sobre el paisaje percibido”, explica a elDiario.es Andalucía.
Si se compara con otros proyectos, el especialista señala que hay sólo uno análogo en el Mar del Norte que, asegura, “poco tiene que ver” con las características del Mediterráneo. Por ello, cree que en este caso impera la “incertidumbre” sobre la eficiencia de las medidas correctoras en cuanto al impacto en el ecosistema “y eso en prevención ambiental nunca es admisible”. Critica la actitud política de llevar a cabo estos proyectos a cuenta de la “transición energética”, pese a que no se tiene siempre en cuenta el coste frente a los beneficios reales.
“Todo ello conlleva sorpresas posteriores como la aparición de plataformas contrarias a la implantación de energías renovables, al constatar que no siempre se tienen en cuenta las prioridades económicas de los territorios afectados, todo ello sin contar los procesos de expropiación y la rentabilidad local de esta denominada transición energética. Nos podemos preguntar: ¿cuál es el beneficio concreto de estas instalaciones marinas para el ciudadano? ¿O para el inversor? Hay otras alternativas”, sentencia José Luis Rosua.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica explican que la eólica marina en España está actualmente en un proceso de moratoria para la tramitación de proyectos comerciales, según lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 12/21. Sin embargo, solo los proyectos de I+D+i, como La Pinta y Albaicín, están exentos gracias a una posterior modificación normativa en el RDL 29/21. La moratoria se explica porque la legislación se remonta a 2007 y necesita ser actualizada a las necesidades actuales. A pesar de esta pausa, algunos proyectos ya están en trámite, como el parque eólico flotante Elican en Canarias y el DemoSATH en el País Vasco.
Según el Gobierno español, “se ha presentado la Hoja de Ruta de la Eólica Marina y las Energías del Mar, que busca fomentar un desarrollo equilibrado y responsable de estas energías en las aguas territoriales, con un objetivo de hasta 3 GW instalados para 2030”. Esta estrategia incluye “la creación de 40.000 empleos y se complementa con los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), aprobados en 2023”. Estos planes zonifican los usos del mar, destacando 19 Zonas de Alto Potencial para la instalación de aerogeneradores marinos en 5.000 kilómetros cuadrados.
No obstante, la nueva regulación, que se está tramitando, “establece que los proyectos de eólica marina serán adjudicados a través de concursos basados no solo en criterios técnicos y económicos, sino también en el impacto ambiental y la creación de empleo local”, explican desde el MITECO. Además, se fomenta un diálogo público-privado para maximizar las externalidades socioeconómicas positivas de estos proyectos. Actualmente, hay 50 solicitudes de proyectos en evaluación, entre los que se encuentran los dos del Mar de Alborán.
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