La etapa de José Torres Hurtado (PP) al frente del Ayuntamiento de Granada sigue dejando titulares. Y lo hace otra vez en negativo al llegar a los tribunales un nuevo caso en el que su Gobierno está siendo investigado por haberse lucrado aprovechando los mecanismos municipales. En este caso a través de Emucesa, la empresa municipal que gestiona el cementerio de San José de la capital granadina. Según una denuncia penal presentada recientemente por el actual Consejo de Administración de dicha compañía en manos del PSOE, denuncia que durante los años de mandato de Torres Hurtado se produjeron contratos a empleados 'fantasma' dentro de Emucesa que no llegaron a trabajar en la empresa.
La citada denuncia se une a la investigación iniciada por la Fiscalía a finales de enero para tratar de esclarecer la documentación que ha ido floreciendo en los últimos meses. A través de un informe jurídico reclamado por parte de Vamos Granada se detallan hasta siete contratos que no están justificados. Porque los mismos afectan a seis trabajadores de Emucesa de los cuales tan solo uno de ellos acudía a la sede de la empresa y tenía un lugar destinado para trabajar. De los otros cinco no se tiene rastro de trabajo alguno. Lo que sí consta son los 335.695 euros que la corporación municipal destinó a unos contratos considerados 'fantasma'.
Emucesa era completamente pública
En concreto, los contratos que se están investigando por parte de la Fiscalía y que han sido remitidos al juzgado corresponden a un periodo de tiempo que va desde 2005 hasta 2012. Es decir, justo en la última etapa en la que Emucesa fue de capital completamente público. Porque esta empresa, fundada en 1991 para llevar a cabo los servicios funerarios municipales de Granada, cambió a capital mixto en 2013 del cual el 51% aún pertenece al Consistorio. Hasta ese momento, había sido de propiedad municipal y los puestos de consejeros delegados los ocupaban concejales del equipo de Gobierno.
Ahí es donde aparecen dos de los nombres investigados en este caso. Se trata del exedil de Participación Ciudadana de los populares, Eduardo Moral, que dejó su puesto como concejal y consejero tras las elecciones municipales de 2011; y el de la actual concejal del PP, María Francés, que fue consejera delegada de Emucesa desde esa fecha hasta los siguientes comicios de 2015. Bajo el mandato de ambos se habrían producido los contratos supuestamente fraudulentos con personas que no llegaron a trabajar en la empresa municipal y que sin embargo cobraban de ella. Todo ello mientras Torres Hurtado, investigado en la 'Operación Nazarí' y el 'Caso Serrallo', era alcalde de Granada.
Además de María Francés y Eduardo Moral, los otros cargos relacionados en este caso tienen relaciones estrechas con el Partido Popular. Uno de dichos nombres lo revelaba El Plural en septiembre de 2015. Se trata de Cristina García Carmona, que estuvo contratada entre 2009 y 2011 en Emucesa en calidad de asesora de relaciones institucionales, protocolo y relaciones con los medios de comunicación adjunta al consejero delegado, Eduardo Moral. Sin embargo, trabajadores de Emucesa, según recoge la información del citado medio, aseguran no haberla visto nunca trabajar en la empresa funeraria. Es más, según se detalla en el mismo artículo, García Carmona llegó a ejercer como responsable de prensa del Partido Popular y participó de manera activa en la elaboración de la campaña electoral de Torres Hurtado para las elecciones municipales de 2011. No en vano, el nombre de Cristina García Carmona aparece posteriormente relacionado con la trama de TG7 en la que se produce una situación similar al caso de Emucesa. También bajo el Gobierno del PP de Torres Hurtado.
Un informe jurídico pone en evidencia irregularidades
El informe jurídico que puso en evidencia las irregularidades que ahora se investigan por parte del Ministerio Fiscal detalla que de cinco de las seis personas investigadas “no se conoce ningún trabajo realizado, ni han recibido instrucciones del Director Gerente, ni han asistido a la sede de la empresa a realizar ningún trabajo”. Además, el mismo informe recoge que según las normas de Emucesa, “se establece que el lugar de desempeño del trabajo será las oficinas de la empresa”. Algo que no sucedió a priori en ninguno de los casos investigados y que sin embargo permitió que los cinco empleados 'fantasma' cobrasen sus “salarios correspondientes así como las cargas legalmente establecidas” a cargo de Emucesa.
Los exconsejeros se denuncian a sí mismos para defenderse
Tanto Eduardo Moral como María Francés han tomado la decisión de presentar una denuncia contra sí mismos para poder defender su inocencia. Así lo ha confirmado el propio Partido Popular a través de un comunicado en el que consideran que el paso era necesario para poder asegurarse una tutela judicial efectiva. De hecho, según el PP, esta era la única salida posible debido a que “la estrategia de acoso a su imagen y su honorabilidad solo les ha permitido acudir a un tribunal para que, de forma independiente y justa, investigue los hechos”.
No obstante, los populares sostienen que la denuncia que ha llevado a cabo el Consejo de Administración que ahora rige Emucesa corresponde a una “cacería” del PSOE. Pues los socialistas, al ostentar ahora mismo la alcaldía de Granada tienen el control del 51% de la empresa funeraria. Lo cual hace que cualquier movimiento que lleven a cabo para depurar responsabilidades pasadas sea tomado como una búsqueda de represalias del PSOE contra el PP en una mera lucha electoral. En cualquier caso el asunto de Emucesa acaba de iniciarse. Pese a que las presuntas irregularidades de la compañía que se investigan tienen varios años, el tiempo procesal de esta trama aún dista de acabar.