Desde el pasado 1 de septiembre los centros de día de Granada libran una batalla para evitar que sus instalaciones tengan que estar cerradas. En esa fecha, la Junta de Andalucía publicó un decreto sanitario con el que pedía que los centros de este tipo cerrasen y redujesen su aforo en función de los contagios por Covid-19 que se produzcan en un municipio. Un anuncio que en principio parece conveniente, pero que se ha encontrado con la oposición de directores, profesionales y familias de usuarios de estas unidades de estancias diurnas porque consideran que las ratios establecidas son injustas. Algo que da pie a que Rafi o Toñi, hijas de dos usuarias de estos centros, ya no sepan qué hacer para que sus madres puedan ser atendidas y no estén en la precaria situación por la que están pasando ahora mismo.
El decreto, que no obliga, sino que recomienda, establece que los centros de día deberían cerrar si en el municipio en el que están ubicados se producen más de 70 contagios por cada 100.000 habitantes o su equivalente en función de la población local en un registro acumulado de 14 días. Además, el decreto señala que el aforo debería de ser del 50% si esa misma tasa se sitúa entre 40 y 70 contagios por cada 100.000 ciudadanos. Cifras que no convencen a los centros de día que se sienten injustamente tratados si se comparan con otras actividades de todo tipo que se llevan a cabo sin tener en cuenta esos números. Ahora mismo Granada capital y los pueblos del Área Metropolitana, donde se concentra la mayoría de la población de la provincia, superan ambas tasas.
“Nadie mira la tasa de incidencia para cerrar un bar”
Samara Atero, presidenta de la Asociación Granadina de Unidades de Estancia Diurna (AGRUED), resalta la impotencia que sienten estos centros desde que se publicó el decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). “Nos sentimos maltratados porque nadie mira la tasa de incidencia de los contagios para cerrar un bar, pero sí para que dejemos de atender a nuestros usuarios”, explica. “El índice es tan bajo que en algunos municipios basta con que haya un contagio para que nos veamos obligados a cerrar”.
La máxima representante de AGRUED recuerda que “en los centros no se están produciendo contagios”. Reconoce que hay centros que han tenido que cerrar 14 días de cuarentena porque “un trabajador o un abuelo ha estado contagiado de Covid-19, pero ese contagio se ha producido en su núcleo familiar”. Las medidas de seguridad que han impulsado estas unidades de estancia diurna han sido tan eficaces “que los contagios no se han propagado al resto de los trabajadores”.
Impotencia y temor
El decreto no solo preocupa a los centros porque sitúa la tasa de contagio a niveles que consideran bajos, sino porque deja en manos de los directores el cierre. Raúl López, enfermero en uno de estos centros, cree que la medida “no obliga, pero pone en un compromiso a la dirección de las instituciones porque si no cierran y se produce un contagio pueden tener problemas”. Como trabajador pone de relieve que desde el principio se han tomado “todas las medidas sanitarias que están en nuestras manos”.
Tanto él como Samara Atero afean la actitud del Gobierno andaluz en ese sentido porque los protocolos de seguridad los han elaborado desde los propios centros. “La Consejería de Salud nos dio directrices muy básicas, y nosotros las hemos ido desarrollando”, explica Atero. Por su parte, Raúl López argumenta que “desde que abrimos en julio, la máxima prioridad ha sido el cuidado de nuestros usuarios sin que lleguen a contagiarse”. El nivel de seguridad es tal que incluso reconoce tener cierta obsesión con “lavarnos cada vez que hacemos o tocamos algo”.
Alrededor del 90% de estas instituciones son privadas en la provincia de Granada -en torno a un 10% son de titularidad pública entre ayuntamientos y Junta de Andalucía- por lo que dependen de sus propios recursos para poder llevar a cabo su actividad, por lo que un cierre les deja en una situación complicada. Los trabajadores temen tener que estar de nuevo en ERTE y que no sepan qué va a ser de ellos en los próximos meses. “Podemos estar dos semanas sin trabajar guardando la cuarentena, pero nadie nos asegura que si regresamos no vamos a tener que volver a cerrar porque aumenten los contagios”, sostiene López.
Los centros anuncian que irán a movilizarse el próximo viernes 18 de septiembre si antes no han logrado un acuerdo con la Consejería de Salud para ampliar la tasa de contagios. Samara Atero avanza que tienen pendiente una cita el próximo martes 15 de septiembre con el director general de Servicios Sociales para avanzar en ese sentido y que puedan atender sus peticiones ya que “todas las delegaciones andaluzas de centros diurnos estamos de acuerdo en que nos parece que el criterio de contagios no es justo”.
Sin ayuda
Pero la cara más amarga de los cierres la están viviendo las familias de los usuarios que llevan medio año viviendo una situación atípica. Desde que se puso en marcha el estado de alarma para frenar la pandemia, las unidades de estancia diurna cerraron sus puertas y mandaron a sus domicilios a personas mayores que no pueden valerse por sí mismas. “Antes al menos sus hijos y nietos sí podían estar con ellos porque estaban confinados, pero ahora no”, recuerda Samara Atero.
Desde que reabrieron en julio se han encontrado con que “la mayoría de nuestros mayores se han deteriorado mucho en los meses previos porque no tenían los medios ni la ayuda necesaria”, explica la directora de AGRUED. Algo que confirman tanto Toñi como Rafi. Ambas son hijas de dos usuarias de estos centros y las dos están batallando para que les den una solución a sus progenitoras. Familias como las suyas pagan entre 300 y 800 euros al mes por unos servicios que ahora mismo no tienen.
En el caso de Toñi, su madre tiene 93 años y desde que no puede ir al centro lo está pasando mal: “No habla, se siente desubicada y se pone a llorar”. La madre de Rafi está a sus 84 años de una forma muy similar. “Viene una mujer para levantarla de la cama, pero está solo una hora, así que el resto del tiempo está conmigo sentada en un sillón sin moverse y sin actividad”, señala su hija. Dos situaciones que sirven para poner rostro a lo que están pasando muchas personas mayores de Granada y sus respectivas familias.
“No puedo salir a comprar, no puedo salir a hacer nada porque tengo que estar con ella”, lamenta Rafi. Pese a todo, tratan de ser optimistas y ver algo de luz al final del túnel. “Espero que nos den una solución, porque así no podemos estar ni nosotros ni ellos”, confiesa Toñi que lucha a diario por ser el apoyo de su madre porque es “totalmente dependiente, no se puede mover si no le ayudamos”.
En este escenario, solo les queda esperar y reivindicar lo que consideran que es justo. El delegado de Salud en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos prefiere remitirse a lo que diga la Consejería de Salud de la Junta que hasta el momento se limita a señalar lo que ya se publicó en el BOJA. Un decreto que trae cola y que promete que los próximos días serán intensos mientras se busca una solución en la que los centros de día quieren estar porque, como concluye Samara Atero: “Para poner estas medidas no han hablado con nosotros, nos las hemos encontrado de sorpresa”.