El norte de la provincia de Granada ha vuelto a movilizarse para frenar la instalación de una línea de alta tensión cuyo recorrido empieza en Caparacena (Granada) y acaba en La Ribina (Almería), pasando por Baza. El proyecto, que se articula en dos fases con conexión en esta última localidad, al norte de la provincia granadina, acumula años de polémicas por la oposición que se ha encontrado por parte de la sociedad civil que teme por el impacto que puede ocasionar en el medio ambiente, con las expropiaciones de terrenos privados y por los agricultores y empresas del campo que viven de la economía rural. Según los datos que manejan quienes están en contra de la infraestructura, esta afecta a alrededor de un millar de trabajadores del campo que temen perder sus tierras.
Para hacer presión y evitar que la segunda parte de la línea de 400 kv que discurre entre Baza y La Ribina llegue a ejecutarse, la plataforma “Di no a las Torres” convocó una tractorada el pasado sábado con la que pretendían llamar la atención sobre las consecuencias que puede tener esta infraestructura y la implantación de empresas de energías renovables gracias a ella. No es la primera vez que levantan la voz contra Red Eléctrica de España (REE) y las entidades que quieren abrir sus negocios energéticos entre Caparacena y La Ribina, sino que es un asunto que ya viene de lejos. Desde hace tiempo, la plataforma contra la línea 400 kv insiste en que se están cometiendo irregularidades para que se acabe construyendo cueste lo que cueste.
Joaquín Torres, portavoz de la asociación “Di no a las Torres”, sostiene que la línea que ya se está construyendo entre Caparacena y Baza supone la puesta en marcha de más de 3.000 molinos eólicos, de una subestación eléctrica en tierras bastetanas y de decenas de torres de alta tensión. Una infraestructura que tiene un “fuerte impacto visual” en el entorno y que pone en peligro a la fauna y la flora en la que hay especies endémicas. Además, recuerda que este tramo de la línea se empezó a ejecutar sin contar con la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que exige la Junta de Andalucía para estos casos. De hecho, el Gobierno andaluz acabó sancionando con 240.000 euros a REE por ese motivo.
Sin embargo, fuentes de Red Eléctrica aclaran que las obras empezaron sin AAU por un problema de plazos. Jorge Jiménez, delegado de REE en Andalucía, ha explicado a elDiario.es Andalucía que el proyecto recibió una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en 2011, cuyo tiempo de vigencia es de ocho años. Sin embargo, el Gobierno central paró la línea 400 en 2015 y no la retomó hasta 2018, cuando aún no se habían iniciado las obras. Como entonces solo faltaba un año para que la DIA perdiera vigencia, Red Eléctrica decidió empezar a ejecutar la infraestructura. “No quedaba otra porque si esperábamos a que se aprobase la AAU, la DIA perdería su validez”.
Red Eléctrica defiende la construcción de la línea 400 (que tiene dos fases entre Caparecena y La Ribina) basándose en que Granada y Andalucía oriental están en un “agujero” eléctrico dentro de España. La premisa de la que parten es que en el sur de Castilla La Mancha, Jaén, Granada y parte de Almería y Murcia no hay ninguna red de las denominadas como “autopistas” de la electricidad. Por eso, a principios de siglo, Andalucía solicitó la puesta en marcha de una infraestructura de este calado que finalmente fue aprobada y que desde 2011 está viviendo una serie de episodios que frenan su ejecución.
Ahora, con el tramo entre Caparacena y Baza en obras, la sociedad civil trata de impedir que el resto de la infraestructura, la que va hasta la provincia de Almería, se ejecute. No quieren que se haga porque “obliga a expropiaciones forzosas”, parte de la línea ya se ha construido “sin evaluación de impacto ambiental” y además se pueden producir grandes afecciones “a los invernaderos e incluso a la fiesta del Cascamorras porque parte de las torres se levantarían en la ruta de las Arrodeas por las que pasa esta celebración declarada de Interés Turístico Internacional.
“Si la línea 400 hasta Baza y la subestación construida parece poco, se está tramitando la ampliación de dicha subestación. Y además se está tramitando la subestación Renovables, del mismo tamaño que la de 400”, explica Joaquín Torres. En esta última volcarían su corriente los ocho parques eólicos que se proyectan de Caniles a Tíjola y las 700 hectáreas de Ququima, una de las empresas que se pretende implantar en el terreno. Igualmente, en la subestación Renovables evacuarán la energía de los 14 proyectos de renovables previstos en Baza, Zújar y Freila.
El impacto en el terreno que tiene el eje de alta tensión planteado por Red Eléctrica es tan grande para la plataforma “Di no a las Torres” que, reconocen, hay muchas cuestiones que se deben poner encima de la mesa. Pero todas confluyen en una sola: no quieren que se construya tal y como está previsto porque temen que acabe con el futuro de toda la zona por la que debe pasar la línea de 400 kv.
Al respecto, uno de los municipios más afectados por la construcción de la infraestructura es Baza. En esta localidad granadina confluyen no solo los dos tramos entre Caparecena y La Ribina sino distintas opiniones sobre qué beneficios puede darle a la comarca. Hay voces que dicen que puede ser una oportunidad para dinamizar económicamente al Altiplano de Granada y otras que lo niegan, asegurando que la línea 400 kv va a acabar con más empleo del que va a crear y solo se plantea como una autopista para llevar la energía a otros puntos y no tanto por los que pasa. Desde el Ayuntamiento de Baza abogan por el “diálogo” y aseguran que llevan semanas manteniendo encuentros con los agricultores y regantes, así como con las empresas que quieren implantarse y que necesitan expropiar las tierras.
En el Consistorio dicen tener la “voluntad de que los proyectos sean compatibles en todos los casos con los objetivos de las comunidades de regantes y la necesidad de que todos los procesos gocen de la transparencia e información necesarios”. En ese sentido, Ququima, una de las principales entidades que quiere construir una planta de energía renovable en este entorno al norte de la provincia de Granada, asegura que lleva tiempo dialogando con los propietarios a los que deben expropiarles partes de sus terrenos y que ha logrado llegar a acuerdos con la mayoría de ellos.
“La compañía ha llegado ya a un acuerdo con el 92% de los propietarios de los terrenos en los que se construirá el proyecto fotovoltaico Ququima, que salió a información pública el pasado mes de marzo”. Según los datos que facilitan a este medio, quienes están cediendo sus tierras pasarán a cobrar 10 veces más de lo que perciben actualmente por la explotación agraria que tienen. Una información que niegan en la plataforma contra la línea porque dicen que, a día de hoy, apenas han llegado a acuerdos con un 60% de los perjudicados por la construcción de la planta.
Sin embargo, fuentes de la entidad, añaden que “la empresa continúa negociando con representantes de las comunidades de regantes de Sietes Fuentes Negratín y Llanos de Caniles de la introducción de una serie de modificaciones al proyecto que, sin comprometer su viabilidad, beneficien a los vecinos, impulsando así el desarrollo socioeconómico de la comarca y del entorno rural”. En Ququima aseguran que su planta fotovoltaica creará empleo estable a 80 personas cuando esté en marcha y aportará una inversión anual de un millón de euros al entorno. Además, durante las obras se crearán 700 puestos de trabajo durante los 18 meses que duren. Para ello, invertirán 97 millones de euros.
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