El Business Innovation Center (BIC) del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) se está vaciando. Una decena de empresas han abandonado en el último año estas instalaciones que la Junta de Andalucía puso en marcha hace más de una década como vivero de 'startups'. Lo han hecho porque sienten que el Gobierno andaluz, a través de la Agencia IDEA, no está cumpliendo con el objetivo de mantener una institución pensada para que puedan emprender. Todo lo contrario, denuncian que han perdido servicios, que los contratos se están endureciendo y que los alquileres han subido. IDEA se justifica asegurando que estas medidas las toma para evitar hacerle competencia desleal a instituciones similares.
Lo que nació como un proyecto concebido para que empresas de nueva creación y de base tecnológico-sanitaria pudieran desarrollarse con menores costes y el soporte de la Junta de Andalucía, va camino de dejar de serlo. En apenas dos años, el BIC ha pasado de tener una ocupación superior al 90% a estar hoy en un 61%. Es decir, solo algo más de la mitad de las instalaciones están siendo utilizadas por empresas de I+D+i. Y las que ya no están, en algunos casos aseguran que han cerrado por problemas económicos y en otros han decidido irse a otros espacios en los que se sienten más respaldados.
En el último año, de enero de 2020 a enero de 2021, de las 50 empresas que había en el BIC, 7 se han marchado y varias están iniciando los trámites para abandonarlo, según explican fuentes de las entidades consultadas a eldiario.es Andalucía. Tienen claro que la gestión del Gobierno andaluz, a través de la Agencia IDEA, está lastrando a muchas empresas que se están viendo obligadas a cerrar o a buscar otra sede.
Sobre todo, porque durante la pandemia se les subió el precio del alquiler, lo que no ha significado que hayan mejorado los servicios, sino todo lo contrario. A través de un escrito firmado por las 'startups' del BIC, denuncian, entre otras cuestiones, que han perdido el servicio de mantenimiento, cláusulas abusivas en los nuevos contratos, que no les han devuelto las fianzas a aquellas empresas que se han ido y a las que han reducido el espacio que utilizan y que el nuevo servicio de recepción por el que tienen que pagar es deficiente.
Las entidades del BIC dicen no sentirse representadas por la delegada de Empleo en Granada, Virginia Fernández, porque no ha tenido en cuenta su situación. “No percibimos que trabaje por el crecimiento del emprendimiento empresarial”. Además, dicen que Fernández “debería tener en cuenta que estamos en un círculo no solo de I+D importantísimo en el ámbito de la IT y de la Salud, sino que además estamos hablando de empleo”.
Pérdida de servicios
Una de las cuestiones que más daño está haciendo al día a día de las empresas del BIC tiene que ver con el servicio de recepción. La Junta de Andalucía lo ofrecía de forma gratuita, pero modificó las condiciones pactadas con las empresas para que se pagara por él. Sin embargo, las entidades aseguran que el servicio ha empeorado pese a que ahora tienen que costearlo. Sostienen que el personal que lo lleva es “ineficiente y poco cualificado para las funciones y las tareas que realizan”.
“A veces no se encuentran en su puesto. No hay un teléfono al que poder dirigirse a ellos. Han cometido varios errores graves de los cuales se ha puesto en conocimiento a los responsables de Administración del BIC. No conocen a las empresas, no conocen las instalaciones”, señalan en el escrito al que ha tenido acceso este medio. Algo que está ocurriendo cuando el BIC apenas está a algo más de la mitad de su capacidad, por lo que, si tuviera más empresas, los afectados creen que el servicio sería un “absoluto y completo desastre”.
Por otro lado, la pérdida del servicio de mantenimiento en el año de la pandemia de la Covid-19 es otro hecho que les preocupa y que les hace preguntarse si la Junta de Andalucía pretende que acaben marchándose cansadas de la gestión. Sin ir más lejos, la puerta de acceso a las cocheras ha pasado mes y medio rota y la climatización y la luz fallan en algunas naves y oficinas del BIC. Además, como ha cambiado la política de horarios y accesos al recinto, puede ocurrir que, si una empresa debe acceder a su sede por alguna emergencia en fin de semana, no pueda hacerlo.
Por último, las ‘startups’ denuncian la existencia de cláusulas “abusivas” en los nuevos contratos que obligan a pagar el alquiler si la empresa decide irse antes de un año. Además, aún no se han devuelto las fianzas a las entidades que se han marchado del BIC ni a aquellas que han reducido su tamaño para reducir costes. Como la Junta de Andalucía subió el precio del alquiler de las naves 1,5 euros por metro cuadrado, algunas empresas redujeron sus instalaciones para poder mantenerse. Pero la Agencia IDEA aún no ha abonado la fianza que les corresponde por finalizar o cambiar sus contratos. Según fuentes consultadas, no se han depositado todavía en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, “tal y como exige la ley”.
Culpa de la pandemia
La Agencia IDEA, a través de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía, defiende su gestión del BIC asegurando que las nuevas políticas que está adoptando se hacen para evitar “incurrir en una posible competencia desleal con otros operadores públicos o privados que explotan centros empresariales en régimen de alquiler”. Por eso, explican, en noviembre de 2019 se aprobó el pliego que hoy está poniendo en pie de guerra a las empresas del BIC. Para actualizar las condiciones a un marco “común en toda la Comunidad Autónoma”.
Fuentes de la Agencia IDEA minimizan el éxodo de empresas y lo achacan a que estamos viviendo un año de pandemia. “No consideramos que la modificación de los precios haya sido el motivo para que algunas empresas hayan desistido del alquiler, puesto que en algunos casos se ha debido o bien a la bajada de clientes o a la implantación del teletrabajo en las mismas como consecuencia de la crisis sanitaria, según nos han trasladado en algunos casos. Otra de las empresas que se marchó ha comunicado al BIC su intención de volver”.
Al mismo tiempo, la Agencia IDEA desmiente la pérdida de servicios. La institución sostiene que se están prestando todos y que, “por cuestiones de prevención sanitaria por la Covid-19”, los espacios de uso común han limitado su uso. “Tras escuchar a las empresas afectadas y verificar por segunda vez el precio del mercado en espacios similares, IDEA ha revisado a la baja esta subida ajustándolo al mismo y haciéndola efectiva en enero de este mismo año”, anuncia también. Un hecho que desmienten las empresas afectadas: “Se han mantenido los precios”.