Tribunales
La querella de los abogados de Juana Rivas por “maltrato institucional” contra el juez titular del Juzgado de Instrucción 1 de Granada que la envió a prisión, el magistrado Manuel Piñar, suma un nuevo capítulo. Según avanza EFE, los letrados han recurrido al Tribunal Constitucional para que el caso no se cierre en falso y se investigue si hubo una presunta prevaricación judicial continuada de Piñar contra Rivas para perjudicarla. Lo han hecho a través de un recurso de amparo con el que esperan corregir las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que tumbaron la denuncia en esa instancia.
En concreto, los abogados de la granadina, que llegó a estar condenada a cinco años de prisión por haberse marchado con sus hijos durante más de un año y desoír dos mandatos judiciales para devolver a los menores a Italia junto a su padre, creen que el magistrado que la envió a la cárcel obró deliberadamente contra su clienta. Lo creen por varias cuestiones, pero además señalan que el TSJA le está negando una “tutela judicial efectiva” a Juana Rivas al no admitir a trámite la querella contra el juez.
La defensa de Rivas recurre al Tribunal Constitucional porque consideran que se han vulnerado los derechos fundamentales de la granadina. Dado que el TSJA ha tumbado todos los intentos por querellarse contra el juez Piñar, los abogados afirman que se está obrando de forma incorrecta, ya que existen indicios que permiten deducir que el magistrado pudo haber cometido prevaricación judicial continuada.
Entre dichos indicios resaltan que Juana Rivas era amiga de dos de las hermanas del juez, lo que explicaría el interés del magistrado en perjudicarla judicialmente. “Para comprender la ausencia de imparcialidad del magistrado debe tenerse en cuenta que Juana Rivas le conocía desde hace años, dado que era amiga de las hermanas del querellado (una de ellas llegó incluso a asesorar jurídicamente a Francesco Arcuri, la expareja de Juana que le denunció por la sustracción de sus hijos), y que tuvo siempre con ella una relación tensa por su falta de sintonía ideológica”, llegan a señalar en la querella original.
Por otra parte, el magistrado se opuso al indulto parcial del Gobierno con una resolución que los abogados de la granadina consideran absolutamente parcial. Lo hizo a pesar de que no tenía competencias en esa materia y, según los querellantes, usurpando las funciones del Tribunal Supremo que sí podía pronunciarse en esos términos sobre la medida de gracia del Ejecutivo nacional. Afirman que Piñar les “ocultó” dicho expediente.
Además de eso, dio curso a una petición de indulto que había “guardado en un cajón” desde marzo de 2019. Según los abogados, el juez utilizó dicha petición para mencionarla en una providencia de mayo de 2021 en la que le negaba la suspensión de la pena de cárcel a Rivas. Lo hizo, según aseguran los letrados, sin darles traslado de dicho documento, aunque sí había hecho lo propio con la Fiscalía y la acusación particular.
La defensa de Juana Rivas pide al Tribunal Constitucional que revise, mediante el recurso de amparo, las resoluciones del TSJA que han tumbado la querella para poder seguir adelante en la demanda contra el juez que la mandó a prisión. Entienden que el tribunal andaluz está vulnerando los derechos constitucionales de Rivas. No obstante, la Fiscalía también se pronunció contra los intereses de la granadina cuando pidió una multa de 5.000 euros contra ella por “abuso de derecho” al querellarse contra Manuel Piñar. El Ministerio Fiscal mantiene que no existe delito alguno en la forma de proceder del juez, aunque Rivas finalmente no ha sido sancionada por querellarse.
Lo que sí ha ocurrido recientemente es que ha crecido la tensión entre las partes. Por un lado, el juez Piñar solicitó y consiguió la suspensión temporal de uno de los abogados de Juana Rivas al considerar que está orquestando una campaña contra ella y al mismo tiempo ha interpuesto una polémica querella contra el mismo letrado. Polémica porque entre los recursos que solicita para que se investigue lo ocurrido, el magistrado ha pedido que se indague en un grupo de WhatsApp en el que hay más de un centenar de periodistas para determinar si en ese foro se le ha acusado de prevaricación.
En todo caso, mientras estas nuevas batallas judiciales dentro de la guerra entre las partes se resuelven, Juana Rivas aguarda a que la justicia italiana se pronuncie definitivamente sobre la patria potestad de sus hijos. La vista definitiva para resolver el caso ya se produjo y el asunto ha quedado visto para sentencia, aunque sin resolución definitiva hasta el momento. El entorno de Rivas confía en que se salde de forma positiva, aunque dan por hecho que la decisión final puede demorarse en el tiempo.
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