La directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, ha anunciado este martes su “renuncia voluntaria” tras 11 años en el cargo después de que la Fiscalía presentara una querella contra ella y contra otras cinco personas por posibles irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio de alquiler de audioguías.
Así lo ha señalado en una rueda de prensa convocada de urgencia en el Palacio de Carlos V, donde ya había asegurado días antes, tras declarar en calidad de detenida ante la Policía por este asunto, que pondría su cargo a disposición de sus superiores si finalmente era imputada.
En una comparecencia de apenas cuatro minutos y sin preguntas, Villafranca ha señalado que esta decisión, que ya ha comunicado por carta a la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, la ha tomado en el ejercicio de su “responsabilidad”, su “honestidad” y su “integridad”, como consecuencia de una “reflexión meditada y sincera”.
En la misiva enviada a la consejera, que ha leído ante los medios, la que ha sido directora de la Alhambra durante los últimos 11 años, le anuncia su renuncia voluntaria tras la apertura de diligencias de la Fiscalía, circunstancia que “pudiera afectar” a la proyección social de la Alhambra y el Generalife.
Además, le indica que durante su trayectoria ha llevado a cabo “procedimientos administrativos transparentes” y siempre por la “salvaguarda” y por la “conservación de los intereses públicos”, y, por ello, quiere ahora defenderse y, por tanto, presenta su renuncia voluntaria. “Estoy convencida de que el tiempo y mi confianza en la justicia determinarán mi recto proceder”, señala.
La consejera también le expresa su gratitud al equipo de técnicos y colaboradores que le han acompañado durante estos 11 años, ya que han desarrollado un trabajo que ha permitido que la Alhambra se sitúe como “referente de la cultura”. De igual forma, ha agradecido a los consejeros de Cultura que han presidido el Patronato y a los presidentes de la Junta, en especial a la actual, Susana Díaz.
Pendiente de ser admitida a trámite por un juez
Para concluir su intervención ante los medios, y tras la lectura de la carta ha dicho: “Esta es una decisión responsable. Ha sido un honor estar al frente de esta institución, de la que tengo los recuerdos de los mejores años de mi vida”.
Sus declaraciones y finalmente su renuncia se produce tras unos meses en los que la directora de la Alhambra ha estado en el foco. De hecho, durante la campaña de las elecciones municipales, el PP, y la candidatura de José Torres Hurtado, giraron contra ella todas sus críticas por su gestión del monumento, y después de que se presentara el proyecto 'Atrio' de nuevos accesos del monumento.
Casi al final de la campaña, se difundieron unas imágenes del hijo de Audrey Hepburn, Sean Hepburn Ferrer, de lo que parecía su boda en el Palacio de Carlos V, con el alcalde portando los atributos de gala, como el collar de la Alcaldía, lo que ha motivado además que el aludido, presidente de honor del Festival de Cine Clásico Retroback y embajador de Unicef, haya anunciado una demanda de conciliación con Villafranca, a la que reclama 100.000 euros por daños a su imagen.
Tras esta rueda de prensa, que se celebró recientemente, llegó la querella de la Fiscalía, que previamente había motivado el paso de Villafranca por la sede policial. Tras prestar declaración, ya defendió en rueda de prensa la “total transparencia” de los contratos de la Alhambra, y anunció que dimitiría si un juez la imputaba. Esto último no se ha producido aún, puesto que la Fiscalía presentó este mismo lunes la querella ante el Decanato de los Juzgados, que tendrá que repartir el asunto. Después, un juez determinará si la admite a trámite, y abre o no diligencias.
Además de Villafranca, la Fiscalía ha denunciado la secretaria general del Patronato, Victoria Chamorro, el jefe de la Sección Económica y de Contabilidad de la Sección de Gestión y Contabilidad de Ingresos y actualmente, de la Sección de Comercialización, José María Visedo, el interventor delegado del Patronato, el administrador único de la empresa adjudicataria del servicio, Stendhal Museum Solutions SL, antes GTP Museum Solutions SL, y su director general.
El Ministerio Público considera en su querella que, de forma provisional, se les puede considerar presuntos autores de un delito continuado de prevaricación administrativa, un delito continuado de malversación de caudales públicos, y un delito de blanqueo de capitales.