La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que no admita a trámite la querella de la defensa de Juana Rivas contra el juez que la envió a prisión. El Ministerio Fiscal aprecia “abuso de derecho” en la denuncia interpuesta al magistrado Manuel Piñar, por lo que también solicita 5.000 euros de multa. Piñar fue el juez que la condenó, en primera instancia, a cinco años de cárcel al huir con sus hijos entre la primavera de 2016 y el verano de 2017 del padre de estos. Los abogados de Rivas consideran que el magistrado cometió “maltrato institucional” cuando trató de denegarle la libertad que le había otorgado el Gobierno central a través del indulto parcial que se le concedió el pasado otoño.
Tras revisar la querella presentada por los abogados de Juana Rivas, la Fiscalía rechaza que exista delito alguno en la forma de proceder del magistrado. Por eso, solicita al TSJA que no la admita a trámite y que además multe a Rivas en 5.000 euros por abuso de derecho, según avanza este jueves 'El Español' y confirman fuentes del Ministerio Fiscal a este medio. La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA recibió la querella el pasado 26 de julio y dio traslado a la Fiscalía para que informara sobre la admisión o no de la misma, un informe que en todo caso no es vinculante. Una vez que ha contestado la Fiscalía, la Sala será la que decida si admite a trámite no la querella, según informan fuentes judiciales.
Tras ser condenada a cinco años de cárcel y la pérdida de la patria potestad de sus hijos, el caso de Juana Rivas llegó hasta el Tribunal Supremo, que rebajó la pena a la mitad. Posteriormente, un indulto parcial del Gobierno volvió a reducirla hasta el año y medio de prisión, lo que le permitía salir en libertad al ser delincuente primaria. De hecho, como no tenía antecedentes, Rivas había ingresado en un centro de inserción social y no en una cárcel, ya que es el tratamiento que se le suele dar a los reos que no tienen antecedentes, pudiendo tener mejores condiciones. En todo caso, pese al indulto, el juez Manuel Piñar, siempre según la defensa de la granadina, trató de evitar su salida de prisión a través de varios recursos judiciales.
Los abogados de Rivas acusan al magistrado de tramitar el expediente de indulto “careciendo absolutamente de competencia para ello” y “con la única intención de informar negativamente” con “absoluta parcialidad, alterando intencionadamente la realidad y ocultando la propia existencia de ese expediente a la defensa”. En dicho expediente, según señalan en la demanda presentada a finales de julio, los letrados entienden que Manuel Piñar se extralimita con el único fin de evitar que Juana Rivas pueda ver conmutada su pena de cárcel.
“En efecto, sabiendo perfectamente que la sentencia condenatoria firme que se despachaba en la ejecutoria de Juana Rivas fue dictada por el Tribunal Supremo, ha usurpado las atribuciones de nuestro más alto tribunal, dando lugar a la existencia de dos expedientes de indulto paralelos: uno debidamente informado por el Tribunal Supremo, y otro al que jamás debió darse curso, y que fue informado con manifiesta parcialidad por el querellado”, afirmaban desde el equipo jurídico de Rivas.
Agregan que “al mismo tiempo, en el procedimiento penal, dictó varias resoluciones a sabiendas de su injusticia, con clara falta de imparcialidad y objetividad”. Citan en este sentido un auto del 27 de mayo de 2021 en el que “se abre la ejecutoria y sin trámite alguno se acuerda la busca, captura e ingreso en prisión” de Juana Rivas. A su vez, mediante otro auto del 9 de mayo de 2021 “se acuerda no haber lugar a la suspensión de pena”.
No es lo único que la defensa de Juana Rivas pone de relieve en la querella presentada. Los abogados retrotraen las decisiones del juez mucho antes del indulto, cuando en 2019 se presentó una petición de indulto anónima que el magistrado llega a utilizar como parte de la pieza separada previa al ingreso en prisión de Juana Rivas. “La guardó en un cajón hasta que le sirvió de excusa para abrir, años más tarde, mediante providencia del querellado de 28 de mayo de 2021, una extraña pieza separada de la Ejecutoria 297/2021, de la cual dio traslado a la Fiscalía y la acusación particular, pero jamás a la defensa, a la cual no se le dio traslado de resolución alguna, ni siquiera de la formación de la pieza, siendo completamente llamativo el hecho de que no se pusiera en conocimiento de la defensa de la querellante ni siquiera cuando para presentar esta querella solicitamos copia testimoniada de las actuaciones”.
Si bien la Fiscalía pide ahora que se archive la denuncia de los abogados de Juana Rivas y que la granadina sea multada con 5.000 euros por “abuso de derecho”, la querella, que tenía una extensión de 30 folios, hace mención a toda clase de decisiones adoptadas por el juez Piñar que hacen dudar de su imparcialidad. De hecho, los propios abogados comparten publicaciones que el magistrado habría posteado en sus redes sociales y que le dejarían en evidencia con respecto a este caso. En uno de sus mensajes en Facebook, Piñar habría tachado de “comunismo feminazi” al Gobierno.
En todo caso, la petición de la Fiscalía, que no es vinculante, puede suponer un nuevo revés judicial para Juana Rivas si el TSJA decide actuar en ese sentido. Tras meses de buenas noticias para la granadina al ver reducida su pena de prisión hasta el punto de poder salir en libertad, ahora se enfrenta a la posibilidad de tener que pagar una multa y a que la querella interpuesta contra un juez al que consideran sus letrados que le falta imparcialidad quede suspendida. Además, aún espera a que el próximo mes de octubre se decida en Italia sobre la custodia de sus hijos, actualmente en posesión del padre de estos. Esta decisión se ha demorado ya en varias ocasiones por petición de los magistrados que están analizando el caso en Cagliari.
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