Varios vídeos compartidos por WhatsApp han hecho estallar la polémica sobre la supuesta llegada de centenares de inmigrantes ilegales a Granada procedentes de Canarias. Las imágenes, compartidas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) muestran varias secuencias en las que se puede ver a personas en la cola de embarque, en el interior de un avión y saliendo a las inmediaciones del aeropuerto de Granada. El propio sindicato policial las ha difundido asegurando que el Gobierno ha trasladado a personas sin papeles a la península en vuelos sin hacerles ningún control y sin estar identificados. Extremos que el Ejecutivo desmiente.
La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, sostiene que “en ningún momento se ha fletado ningún avión ni se ha trasladado por parte del Gobierno a nadie a Granada”. La representante del Ejecutivo en tierras granadinas explica que las personas que se ven en los vídeos del SUP y que han llegado a Granada son “personas libres que, tras pasar 72 horas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), con sus recursos propios se han podido trasladar en un avión comercial”. Es decir, según el Gobierno, son ciudadanos que cuentan con documentación que les permite moverse con libertad, salvo por las prohibiciones que impongan las restricciones sanitarias de cada zona y que afectan a cualquier ciudadano. En ese sentido, este medio está en disposición de asegurar, por fuentes cercanas al aeropuerto, que los migrantes han llegado en un avión de Vueling y no en ninguno especial fletado por el Ministerio del Interior.
El SUP llega a denunciar que han desembarcado más de 200 personas en situación irregular a Granada y que lo han hecho en, al menos, tres vuelos procedentes de Canarias. Sin embargo, según la información que ha podido obtener eldiario.es Andalucía, la cifra dista de ser cercana a ese número de personas y de vuelos. De acuerdo con esos datos, solo se puede confirmar que los inmigrantes llegasen en un vuelo el pasado domingo día 7 de diciembre a primera hora de la mañana, del resto de vuelos que denuncia el SUP no se tiene constancia en este momento. Además, desde el sindicato policial se llega a decir que los vuelos se fletan “de madrugada” y por parte del Gobierno, cuando fuentes del aeropuerto de Granada indican que el aeródromo permanece cerrado toda la noche y que recientemente no se han producido vuelos que no sean comerciales.
Encontronazo político
Pero el revuelo provocado en redes sociales ha sido lo suficientemente sonoro como para que los partidos políticos y las instituciones hayan empezado una batalla que pone encima de la mesa dos versiones opuestas sobre los mismos hechos. Mientras que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, desmiente cualquier traslado y dice no tener constancia de algo así, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, así como el Ayuntamiento de Granada y la propia Junta de Andalucía censuran la supuesta llegada masiva y reclaman al Ejecutivo que no oculte información.
Una de las voces más beligerantes en este asunto ha sido la del alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs). El regidor granadino ha llegado a acusar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de “montar un vuelo” para traer a los inmigrantes sin informar al Consistorio ni al Gobierno andaluz para que se montase un dispositivo para controlar la situación. Además, Salvador afea la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez negando que se trate de “un poco de xenofobia”, sino más bien de una falta de respeto a los ciudadanos que ven cómo ellos no pueden moverse libremente por el cierre perimetral y el toque de queda de Granada y Andalucía, mientras se permite el traslado de inmigrantes. “¿A alguien le parece normal que nos enteremos de tapadillo y por WhatsApp de que esto se está produciendo?”, se preguntaba el edil en una entrevista en El Programa de Ana Rosa.
En una línea similar se ha mostrado también el Partido Popular. Varios líderes del partido tanto a nivel provincial, como regional y nacional, han afeado la supuesta conducta del Gobierno con la llegada de estos inmigrantes a la península y concretamente a Granada. El presidente del partido en Granada, Francisco Rodríguez, llega también a acusar a Marlaska de ser el “responsable principal y último” de la llegada de los migrantes. Además, los diputados por Granada en el Congreso, Pablo Hispán y Carlos Rojas han pedido que el titular de Interior comparezca para aclarar lo sucedido. Mientras que desde el PP de Andalucía su portavoz en el Parlamento, José Antonio Nieto, califica de “absoluto disparate” que se traslade a los inmigrantes sin avisar a las autoridades.
Mucho más duros se han mostrado en Vox. La formación de extrema derecha no ha ahorrado en reproches ni contra el Gobierno central ni contra la Junta de Andalucía. Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, sostiene que es “impresentable e indefendible” que el Ejecutivo nacional se ponga a pasear a inmigrantes ilegales sin que haya el más mínimo control por parte de las autoridades cuando está la gente confinada en sus casas. Insiste en que es el Gobierno el que se trae desde Canarias a Granada a una serie de “ilegales”. Al tiempo que le parece “patético” que se queje el delegado del Gobierno andaluz sobre la llegada de los supuestos sin papeles: “¿Es que no puede hacer nada la Junta de Andalucía al respecto? Entonces, ¿para qué nos sirve el estatuto autonómico?”.
“Grave irresponsabilidad”
Precisamente el delegado de la Junta en Granada, Pablo García, ha sido otro de los políticos que ha cargado contra el Gobierno central y el Ministerio del Interior. Según García, “el Gobierno de España ha ignorado las normas sanitarias en vigor para salvar sus intereses, realizando un traslado de inmigrantes con absoluta opacidad y sin comunicar, a la Junta de Andalucía”. Además, el representante de la Junta en Granada sostiene que es exigible que estas personas tengan una PCR negativa para poder viajar. Por eso, considera que es una “grave irresponsabilidad” que hayan viajado cuando se desconoce su estado de salud.
Al respecto, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, recuerda que existen convenios con todas las comunidades autónomas que obligan a que se le haga una PCR a todos los inmigrantes que llegan a un puerto. “Eso ocurre en Motril, en Málaga o en Canarias. Ellos vienen con su PCR negativa y no se pueden lanzar esas sospechas”, añade. López afea la actitud tanto del delegado de la Junta en Granada como del alcalde de la ciudad porque dice que ambos conocen perfectamente que ese es el protocolo. “No se puede ligar pandemia con inmigración. Es un discurso xenófobo”, dice la subdelegada.
Se da la circunstancia de que hace tan solo unos días la delegada del Gobierno de España en Granada, Sandra García, remitió una carta al consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, recordándole que existe un protocolo para atender a las personas migrantes en el caso de que se haya detectado algún positivo por Covid-19. La misiva fue enviada como respuesta a un escrito del propio Bendodo en el que mostraba su preocupación por las informaciones aparecidas en prensa sobre la llegada de inmigrantes ilegales a ciudades andaluzas procedentes de Canarias. El consejero solicitaba entonces “transparencia”, “colaboración” y datos sobre el número de inmigrantes llegados, así como sobre su estado de salud.
Este medio se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Granada para poder contrastar las acusaciones que ambas instituciones han vertido contra el Gobierno central al alegar que ha sido este el que ha trasladado a los inmigrantes, que estos son ilegales y que no se les ha controlado. Fuentes del Consistorio mantienen que la versión del alcalde es la correcta y desde el Gobierno andaluz indican que la cifra de 200 inmigrantes la han obtenido del SUP, pero que desconocen cuál es su origen real. También se les ha preguntado a ambas instituciones qué se ha hecho para poder controlar la llegada de personas al aeropuerto de Granada y a la capital desde el aeródromo, dado que existe cierre perimetral, independientemente de si son inmigrantes o no, sin que se haya obtenido respuesta desde el Ayuntamiento.
Por su parte, la Junta dice que “para controlar el cierre perimetral están las fuerzas y cuerpos de seguridad que deben pedir el escrito donde se autoriza a entrar a la ciudad de Granada o a salir de ella”. Que el control en el aeropuerto lo hacen agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, dependientes de la Subdelegación del Gobierno, y que por lo tanto no tienen competencia para hacer nada a ese respecto. “En el caso de este vuelo aún no sabemos quienes venían, a qué venían y por qué venían. Es muy preocupante porque han entrado en 200 personas que no sabemos si son positivas en Covid-19, si están en Granada o si no. Desde la Junta llegaremos hasta el final para esclarecer este suceso”, sentencian desde el Gobierno andaluz.