Hace dos años, el 10 de agosto de 2017, la Audiencia de Granada obligaba a Juana Rivas a entregar a sus hijos a su expareja, Francesco Arcuri, que había sido condenado en 2009 por maltrato “en el ámbito familiar” a tres meses de prisión. Esta madre de la localidad granadina de Maracena (Granada) se negó unos días antes a entregar a los niños en el punto de encuentro familiar y se dio a la fuga con ellos. Por aquella acción, que se alargó durante un mes, Rivas fue condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, una pena ratificada por la Audiencia el pasado mes de marzo.
La sentencia del juez Manuel Piñar fue duramente criticada por expertos juristas por, entre otras cosas, incluir opiniones personales y valoraciones fuera de lugar sobre la vida de Juana Rivas. “Salvo el episodio de malos tratos ocurrido en 2009, no se ha acreditado ningún otro posterior”, escribe el magistrado, que llegó a acusar a la madre en la sentencia de “explotar el argumento del maltrato” y de “orquestar una campaña valiéndose de los medios de comunicación”.
Ahora, a expensas sólo del definitivo recurso de Rivas ante el Tribunal Supremo admitido a trámite a finales de julio, está pendiente de que se resuelvan las ocho denuncias presentadas por Rivas contra Arcuri en Italia por presuntos malos tratos, que han sido archivadas pero que también han sido recurridas por los representantes legales de la madre de Maracena. También está pendiente una reciente y nueva denuncia de Rivas por violencia de su padre hacia los niños, en cuyo archivo confía también el abogado de Arcuri.
Entre esas denuncias está la de julio de 2016 que dio origen a todo el procedimiento que se ha llevado en España. Rivas ha mantenido en todo momento que ha ido “huyendo del maltrato”, una visión contraria a lo que sostienen la defensa de su expareja, que ha señalado que la intención de Rivas es alargar el proceso hasta la última instancia. El tribunal italiano de Cagliari, que también en marzo otorgó al padre la guarda y custodia en exclusiva de los dos niños, de 5 y 13 años, es el que tiene ahora que dirimir respecto a todas esas denuncias, cuestión que se dilucidará este próximo mes de septiembre según las previsiones.
No ha sido la única parte que no se ha congratulado de la forma de actuar de Rivas. Justo ahora hace dos años, los magistrados de la Audiencia criticaron entonces las sucesivas “actuaciones procesales” de la madre de Maracena “que le han permitido ganar tiempo hasta la exasperación”. 'Juana está en mi casa', defendieron simbólicamente sus vecinos de Maracena, pero lo cierto es que Rivas no solo se enfrenta aún a los cinco años de prisión a los que ha sido condenada sino que se verá privada de la patria potestad de sus hijos durante seis años.
Marcha de Italia en mayo de 2016
La justicia le seguía los pasos a Rivas desde antes de que trascendiera el caso y ya en diciembre de 2016 una sentencia la obligaba a entregar a los dos menores. El 18 de mayo de aquel año, había decidido marcharse del domicilio que compartía en Italia con Arcuri. Ambos residían junto a sus dos hijos en Carloforte cuando ella se fue de Italia junto a los dos niños. En ese momento Juana dijo marcharse unos días de vacaciones a España, pero ya no regresó.
En aquel verano, la madre de Maracena remitió varios correos electrónicos a su ya expareja explicándole que no iba a regresar y que podía ver y ponerse en contacto con sus hijos pero solo en España. Desde el 8 de agosto de 2017, Rivas estuvo en “busca y captura” por parte de la Guardia Civil. Agentes del cuerpo admitirían tiempo después, incluso en sede judicial, que sabían dónde estaba escondida pero que evitaron ir a por ella por no ahondar aún más en su situación y en la de los menores. Para entonces, el 'caso Juana Rivas' ya ocupaba el debate social en España y la defensa jurídica de la madre de Maracena había interpuesto ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo que no tuvo recorrido. El 28 de agosto de 2017, un mes y dos días después de desaparecer junto a sus hijos, Juana Rivas devolvió a los niños a su padre, cumpliendo la orden judicial italiana que pesaba contra ella. Desde entonces, los niños viven en Carloforte con Arcuri, si bien Rivas se ha ido desplazando varias veces a Italia para visitarles durante estos meses.
A pesar de todo, la custodia de los menores sigue siendo provisional para el padre desde junio de 2017, tras un informe pericial de 177 páginas en el que participaron peritos de ambas partes. Sobre la custodia quedan dudas porque, aunque Juana Rivas está condenada a la pérdida de la custodia durante seis años, la sentencia aún no es firme. A su vez, el Tribunal de Cagliari (Italia) sigue siendo el responsable de decidir sobre quién recaerá dicha custodia.
Con la guarda y custodia resuelta, y el recurso de Rivas ante el Tribunal Supremo contra su condena por sustracción de menores, solo están pendientes sus recursos contra el archivo de las ocho denuncias por malos tratos presentadas por la madre granadina contra su expareja y padre de sus hijos. Será el penútimo episodio de una odisea emprendida por Rivas en el verano de 2016 y que tuvo como primer varapalo judicial el de hace ahora dos años, cuando la Audiencia le obligó a devolver a sus hijos al padre, como ya antes también había dictaminado la justicia.