El juez del caso Koldo apunta al empresario que fue coordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía

El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha citado a declarar en julio como investigados a cinco empresarios entre los que se encuentran los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), una de las empresas que la Unidad Central Operativa (UCO) sitúa en los presuntos amaños, tras el registro que llevaba a cabo en una casa de la familia en Granada. Uno de los señalados, Antonio Fernández, fue además coordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía entre 2021 y 2022, nombrado por el actual delegado, Pedro Fernández.

La citación la realiza en un auto de 46 páginas, recogido por Europa Press, en el que también cita a declarar al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por presuntos delitos de organización criminal y cohecho el próximo 30 de junio y autoriza a la UCO a investigar su patrimonio, tras el informe que le sitúa como epicentro de una supuesta trama de amaño de obras.

La imputación de Antonio Fernández no se centra en su etapa en la Delegación del Gobierno, sino en las relaciones de su empresa con la trama que se investiga. En el registro en su casa de Granada al señalarle la UCO –que realizó este y otros rastreos en distintos puntos de la geografía nacional entre los 10 y 11 de junio– como apoderado de OPR, se encontró “un conjunto de documentos” que incluía “un esquema manuscrito temporal donde figura el nombre de Ábalos” .

Adjudicación de obras públicas

Esa tanda documental también incluía “adjudicaciones históricas del Ministerio de Fomento y OPR”, así como “el borrador de la programación del año 2023 de la Subdirección General de Infraestructura”, según un informe en el que la UCO detallaba el contenido de lo intervenido, al que tuvo acceso Europa Press.

El Supremo ordenó registrar la casa de Fernández Menéndez y de su hermano Daniel, administrador mancomunado de OPR, ante los indicios de que “en connivencia” con Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García “pudiera haber obtenido a cambio de precio o beneficios económicos la adjudicación de obras públicas licitadas en el marco de dicho Ministerio”. En concreto, la UCO hace referencia a contratos en Asturias y Galicia.

Los agentes señalan que los Fernández Menéndez son cuñados de Fernando Merino, excargo de Acciona Construcción en Navarra que les habría puesto en contacto con Koldo. Los tres integrarían lo que se ha dado en llamar la vía granadina de la trama. También apuntan que la entonces mujer del ex asesor ministerial “habría obtenido un puesto de trabajo en la mercantil Anfersa, vinculada a OPR, siendo indiciariamente posible que aquélla, en realidad, no efectuara prestación laboral alguna”.

Presuntas mordidas

El juez Puente los investiga junto a otros tres empresarios entre los que destacan Joseba Antxón Alonso Egurrola, de Servinabar, la empresa de la que Cerdán tendría el 45% y que recibió más de 75 millones de euros en obras presuntamente adjudicadas de forma irregular por el Gobierno navarro.

Destaca igualmente Fernando Merino, de acuerdo con el informe de la UCO. Según los investigadores sólo sus presuntas mordidas supusieron 620.000 euros. También ha imputado a José Ruz, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), otra de las empresas que la UCO sitúa en los presuntos amaños.

Todos estos empresarios tendrán que declarar ante el TS entre el 4 y el 7 de julio, “en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles” que “habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio”.

“Indisociablemente” unidos a Ábalos

Puente explica que, “tratándose de personas que, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, pudieran haber participado en la realización de pagos que, en parte, habría podido recibir la persona aforada en esta causa especial”, en alusión a Ábalos, “la conducta de aquellos aparecería también indisociablemente unida a la de éste”, por lo que debe investigarlos el alto tribunal.

Respecto a ellos, el juez también accede a la petición de la UCO de requerir la información bancaria con relación a las cuentas o productos que aparezcan a nombre de cualquiera de los mencionados investigados o al de las empresas, Acciona Construcciones, Servinabar, OPR y LIC, en cuyo beneficio podrían haber actuado, así como a nombre de Fiadelso, “fundación estrechamente vinculada” a Ábalos.

En total, ordena indagar en más de 500 cuentas bancarias. A las entidades bancarias también les reclama “todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre las indicadas cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones”.