La alcaldesa del municipio granadino de Motril, Luisa García Chamorro, tendrá que comparecer ante un jurado popular el próximo 19 de junio en calidad de investigada por haber usado dinero público de su grupo municipal (PP) para abonar una multa personal, confirman a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El juez de Instrucción número 3 de Motril, que instruye la causa, ha citado a declarar a la regidora para que responda por la denuncia de Vox, Izquierda Unida y PSOE -más la versión de la Fiscalía- al apreciar un delito de malversación por haber utilizado fondos de su partido en el Ayuntamiento que ella dirige para pagar una sentencia que la condenó por injurias. El magistrado también le ha impuesto una fianza de 3.000 euros “para asegurar las responsabilidades pecuniarias” que se deriven del juicio.
Este medio ha contactado tanto con la alcaldesa como con el PP de Motril, pero han declinado hacer declaraciones.
García Chamorro ya reconoció en exclusiva a elDiario.es Andalucía que abonó aquella multa con el dinero de su partido. El auto del juez, al que ha tenido acceso este periódico, reactiva una causa que parecía estancada en los últimos meses y que tiene su origen hace más de dos años y medio -con unas elecciones municipales el año pasado, en las que revalidó su mandato-.
Motril es un municipio del litoral granadino con más de 60.500 habitantes. En octubre de 2021, exmilitantes del PP local filtraron dos extractos bancarios que apuntaban a que Luisa García Chamorro había realizado dos transferencias a su favor desde las cuentas del partido por valor de 4.000 euros. Una cantidad de dinero destinada a pagar una sanción que se le había impuesto tras una sentencia por injuriar a un ex alto cargo de Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamientos de Granada (VISOGSA) en la que ella era consejera delegada.
Chamorro argumentó en este medio que se trataba de “gastos jurídicos que sí se pueden pagar por parte del grupo municipal”, pero sus palabras no convencieron a la oposición de PSOE e Izquierda Unida que decidieron interponer una denuncia apenas unos días después.
Desde entonces, se ha establecido un recorrido procesal lento, en el que la defensa de Chamorro ha hecho todo lo posible por dilatar la instrucción y evitar llegar a juicio, que tuvo un hito especialmente relevante cuando el Ministerio Fiscal apreció en febrero de 2022 que había indicios de sobra para investigar si la alcaldesa había cometido un delito de malversación de fondos públicos. Aquella actuación de la Fiscalía allanó el camino de una causa que ahora pasa a un nuevo capítulo con la comparecencia que debe hacer la edil ante el jurado popular.
Además, el magistrado recoge en el auto no sólo que la actuación de Luisa García Chamorro pudo ser irregular al percibir fondos del grupo popular del Ayuntamiento de Motril, sino que, como también señaló después el interventor de la Diputación de Granada en un informe, la regidora de Motril se apropió de otros 3.000 euros del dinero público que recibe el PP en dicha institución provincial.
Por esa razón, también se cita como testigo a la hoy senadora del PP Inmaculada Hernández para que identifique “quien ordenó la expedición del cheque y de la transferencia a favor de la investigada” en el caso de los cobros desde la Diputación provincial.
El juez llama también cita a declarar a dos de las colaboradoras de entonces de la alcaldesa: la secretaria del grupo municipal y la entonces concejal Ángeles López, al ser la persona que tenía acceso como autorizada en la cuenta bancaria que el PP tenía en Unicaja en el momento de las transferencias que se investigan. De hecho, la propia López acabó dejando el PP antes de las elecciones municipales de 2023 para distanciarse de Chamorro y fundar un nuevo partido, Centrados en Motril, que no logró entrar en el Consistorio.
La situación de García Chamorro dentro del PP y del Ayuntamiento de Motril no es cómoda desde hace tiempo, según confirman afiliados populares y los grupos de la oposición. Por sus polémicas locales y tras conocerse la denuncia por esta presunta malversación de fondos públicos, Chamorro llegó a estar arrinconada como lideresa hasta que Francisco Rodríguez, actual presidente del PP de Granada y de la Diputación, se postuló como su principal valedor, gracias a la amistad que les une desde hace décadas.
De hecho, el presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, han evitado a toda costa relacionarse públicamente con la alcaldesa de Motril, pese a ser una de las lideresas que más ha aguantado en el cargo en la provincia de Granada. Chamorro llegó a la Alcaldía en 2012 y aunque cedió un mandato ante el PSOE, sigue como regidora desde 2019, pese a que desde la militancia local se ha pedido en varias ocasiones su renuncia.
En el seno de la formación motrileña del PP hay división desde hace años por la forma en que García Chamorro ostenta su liderazgo. Durante la precampaña electoral de 2023 se especuló con la posibilidad de que Nicolás Navarro, número dos en aquella lista, estuviese preparando su asalto al sillón de mando una vez que la alcaldesa tuviese que dar un paso a un lado por la causa que investiga el uso de los fondos públicos para pagar una multa.
En esta correlación de fuerzas, Francisco Rodríguez, Marifrán Carazo y Luisa García Chamorro han jugado su particular partida de ajedrez. Hace algo más de un año se esperaba que Carazo, tras salir de la Junta de Andalucía como consejera de Fomento y postularse como alcaldesa de Granada -cargo que logró en las elecciones locales-, diese un golpe de efecto y retirase a Chamorro como lideresa en Motril. Pero el contrapeso de Rodríguez en el partido lo frenó.
Ahora, después de que el magistrado aprecie un posible delito tanto en su actuación con el Ayuntamiento de Motril como con la Diputación de Granada y a la espera de que se celebre su comparecencia el próximo 19 de junio, la alcaldesa de Motril vuelve a situarse en una posición delicada. Una posición que ha tratado de evitar a través de sus letrados al solicitar diferentes documentos que han ido aplazando la instrucción. Si bien consiguió llegar libre de carga procesal a las elecciones municipales de 2023, su nombre vuelve a estar vinculado al presunto caso de corrupción que le persigue desde 2021.
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