Tribunales
El Juzgado de lo Social 7 de Granada ha condenado a la empresa del teniente alcalde de Ogíjares y concejal de Ciudadanos, José Luis Romero, por vulnerar los derechos laborales de un trabajador que fue despedido irregularmente. La Justicia obliga a KingChurro, la compañía de la que es administrador Romero, a readmitir al empleado y a pagarle la parte proporcional al sueldo que ha dejado de percibir desde que fue cesado. Según el relato de los hechos, el edil de Ciudadanos tuvo una participación activa en lo ocurrido. En declaraciones a este medio, Romero defiende su actuación y la de la empresa.
De acuerdo con la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, los hechos tuvieron lugar en el último trimestre de 2021. En septiembre, el trabajador que ha demandado a KingChurro empezó a trabajar en esta empresa. Lo hizo en primer lugar sin contrato, tal y como queda acreditado en un cruce de mensajes entre Romero y el propio empleado, hasta que casi un mes más tarde se le dio de alta. El segundo problema es que el alta laboral fue a jornada parcial, pese a que el demandante asegura que siempre ha trabajado a jornada completa. Por ese motivo, interpuso una denuncia ante la Inspección de Trabajo.
Días después, un inspector se personó en el comercio en el que estaba trabajando el empleado que había denunciado y levantó un acta que le fue remitido a la empresa, aunque la compañía, de la que es administrador el concejal de Ciudadanos, llega a afirmar que desconocía que se hubiese interpuesto una denuncia en su contra. Sin embargo, durante aquella visita, el inspector, además de elaborar un informe sobre la situación del denunciante, también levantó un acta de infracción por otro motivo: la novia de Romero estaba trabajando pese a estar cobrando el paro.
Fruto del desencuentro entre las partes, y tras dos meses de tensiones, el 8 de enero de 2022, según consta en la sentencia, José Luis Romero acudió al centro de trabajo y, tras obligarle a firmar las nóminas y el contrato con el que no estaba de acuerdo por entender que se vulneraba su jornada real y su salario, el edil de Ciudadanos acabó por despedirle. Este hecho fue el detonante para que el trabajador acudiese a la justicia ordinaria para reclamar como mínimo una indemnización.
Así, la Justicia considera probado que la empresa actuó irregularmente con el empleado al tenerle sin contrato en primer lugar y al obligarle a firmar un contrato de tiempo parcial pese a estar empleado a jornada completa. Además, el Juzgado de lo Social 7 de Granada afea a la compañía de Romero que no exponga causas que puedan justificar el despido como procedente, ya que se basa en conjeturas que no prueba y llega a personar en el juicio a una testigo que ni siquiera coincidió en la empresa en el mismo periodo que el trabajador demandante.
El tribunal obliga a KingChurro a readmitir al trabajador y a abonarle el salario que le corresponde desde la fecha del cese hasta el momento de la readmisión, pero desestima que la empresa deba abonar algo más de 7.000 euros por vulnerar sus derechos fundamentales.
Este medio se ha puesto en contacto con José Luis Romero para conocer su versión de los hechos. En primer lugar, el concejal y teniente de alcalde por Ciudadanos en Ogíjares, explica que sus abogados están valorando la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al entender que la sentencia no es justa. Para ello, se basa en tres cuestiones.
La primera es que “cuando ocurren los hechos no era propietario ni administrador”. La segunda es “que en el último trimestre del año pasado la inspección de trabajo visitó en menos de un mes las instalaciones hasta en cuatro ocasiones y tan solo realizó una recomendación a la empresa para hacer fijos a todos los trabajadores, sin encontrarse ninguna ilegalidad ni imponer sanción alguna, pues lógicamente algunos estaban con contrato a tiempo definido por la estacionalidad del negocio”.
Por último, “nunca se despidió a este señor porque la dirección conociera su denuncia, pues de esa información solo se tiene conocimiento cuando llega la primera carta del acto de conciliación”. Además, alega que el trabajador denunciante “ha sido protagonista de situaciones similares en las últimas empresas en las que ha trabajado, por lo cual pediremos a la Fiscalía que investigue esta circunstancia”.
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