TRIBUNALES
El Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada en Motril (SIPLG) ha cursado una demanda civil contra la alcaldesa del Partido Popular y candidata a la reelección, Luisa García Chamorro. Según denuncian los agentes, que pertenecen al principal sindicato de la policía motrileña, la regidora les acusa de haber organizado una “campaña de odio” hacia ella, lo que ha generado un clima de tensión en el que algunas personas de su entorno han amenazado a algunos agentes. De momento, la alcaldesa guarda silencio porque dice no tener constancia oficial de que se haya presentado la denuncia.
Aunque la querella se centra en una presunta trama urdida por García Chamorro para desprestigiar a la policía municipal de Motril, el origen del conflicto viene de lejos. Según explica Daniel Ortega, portavoz del SIPLG motrileño, “hace tiempo que se reclama una equiparación salarial con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad porque la policía local se encuentra muy por debajo en este sentido, si se compara con otras ciudades similares”. Motril, que cuenta con 70.000 habitantes, es la segunda ciudad más importante de la provincia de Granada tras la capital, pero su cuerpo policial es uno de los que más conflictos acumula con el Consistorio.
Sin embargo, hace nueve meses se llegó a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Motril y la policía local para revisar los salarios y equilibrar su cuantía. Acuerdo que aún no se ha formalizado porque, según el SIPLG, “la alcaldesa ha decidido no cumplirlo”. Por eso, cuenta Ortega, los agentes están movilizándose y llevando a cabo una campaña de presión para que se cumpla el pacto: “Pero en vez de reunirse con nosotros, la alcaldesa ha decidido señalarnos como responsables de una serie de pintadas contra carteles suyos”. Dejando claro que ellos rechazan esos actos vandálicos, lamentan que la regidora les haya puesto en el centro de la polémica.
“Es algo muy grave. Es algo que ha provocado que nos insulten y que amenacen a los agentes de la policía local en la calle y nos vemos instigados e injuriados”. Al mismo tiempo, afirman que Luisa García Chamorro ha señalado directamente a los casi 60 agentes que componen la policía local de Motril de instigar una huelga encubierta. “Es rotundamente falso y ha hecho daño a la imagen del cuerpo”. Daniel Ortega pone de relieve que la policía motrileña tiene más de 60 años de historia, pero las últimas declaraciones de la alcaldesa están generando señalamientos a los agentes en su vida laboral.
“Varios policías han sido abordados con amenazas e insultos en la vía pública por personas afines a esta señora. Situación que entendemos de máxima gravedad”, apunta el SIPLG en un comunicado. Por ello, han decidido acudir a la justicia ordinaria para que sea un juez el que determine quiénes son los culpables y qué soluciones se deben aportar: “No siendo nosotros competentes ni jueces para señalar a nadie”. Este medio ha preguntado al Ayuntamiento de Motril para conocer su versión de los hechos, pero han declinado hacer declaraciones porque dicen no tener constancia oficial de la denuncia.
Cabe recordar que la justicia está investigando a Luisa García Chamorro por haber cobrado dinero público para hacer frente al pago de una condena. El hecho, desvelado en exclusiva por elDiario.es Andalucía, fue reconocido por la propia alcaldesa, pero se excusó alegando que podía hacer uso de los fondos del grupo municipal del PP para abonar la multa que le fue impuesta por injuriar a un ex alto cargo de la Diputación de Granada. Recientemente, un informe del interventor del ente provincial señaló otro cobro por parte de García Chamorro para el mismo fin, pero utilizando los fondos de los populares de la Diputación. De momento, el caso sigue en fase de instrucción, aunque la Fiscalía aprecia un posible delito de malversación de fondos.
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