Fondos públicos
La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), no solo cobró dinero público procedente del Consistorio que dirige para pagar una condena por injurias, sino que también percibió fondos de la Diputación de Granada para el mismo fin. Es la conclusión que se extrae de un informe que ha redactado el interventor de este ente provincial, en el que García Chamorro era diputada, y en el que se señala que la regidora cobró 2.936,02 euros para pagar “costas procesales”. Desde el PP se limitan a decir que García Chamorro “ya se explicó en su día”.
Esta nueva revelación pone de manifiesto que la alcaldesa motrileña se hizo dos veces con fondos públicos asignados a su formación política para hacer frente a la multa interpuesta por el Juzgado de lo Penal 5 de Granada por haber injuriado al exgerente de Visogsa -la empresa provincial de vivienda y suelo-, José Luis Hernández. Según dicho fallo judicial, Luisa García Chamorro acusó a Hernández de utilizar una Visa Oro al margen de su cargo y de su sueldo público. Esto ocurrió en 2011 y en principio fue archivado, pero en 2017 la justicia obró a favor del denunciante y estableció una multa inicial de 1.080 euros, cantidad que se multiplicó en 2019 hasta los 4.616,15 euros por las costas procesales.
Precisamente esta última cuantía es la que ha colocado a la alcaldesa en una posición difícil de explicar porque García Chamorro usó dinero público tanto del Ayuntamiento de Motril como de la Diputación de Granada para hacer frente a sus obligaciones judiciales, en total casi 7.000 euros de dinero público. Del Consistorio detrajo 4.000 euros a través del grupo municipal del PP, tal y como ella misma reconoció en exclusiva a este medio. Por dicho caso, PSOE e Izquierda Unida presentaron una denuncia ante la Fiscalía que sigue su curso en estos momentos en los juzgados de Motril, a la espera de ser elevado a la Audiencia Provincial de Granada.
El Ministerio Fiscal aprecia un delito de malversación de fondos por este asunto, aunque fuentes próximas al caso afirman que la alcaldesa está ralentizando el procedimiento para evitar que se produzca una condena que le pueda perjudicar como candidata a la Alcaldía de Motril en los comicios municipales del próximo 28 de mayo. Por otra parte, Luisa García Chamorro devolvió los 4.000 euros cobrados nada más destaparse el asunto, aunque ella misma había explicado a este medio que percibió ese dinero para “gastos jurídicos que sí se pueden pagar por parte del grupo municipal”. Algo que no es correcto, ya que el dinero de los partidos políticos solo puede servir para sufragar los gastos derivados de su actuación corporativa y nunca para pagar asuntos privados como la condena a la que trató de hacer frente García Chamorro.
Por eso, llama la atención que un nuevo informe, en este caso de Diputación, desvele que la alcaldesa cobró dinero público a través del grupo provincial del PP de dicha institución. El interventor señala que los casi 3.000 euros que ingresó la regidora suponen un “gasto perteneciente a un proceso judicial anterior a 2020 y que per sé no sería un gasto financiable, pues el mismo no es consecuencia de su actuación como diputada, sino que es una exigencia de responsabilidad personal, al tiempo que el Juzgado mixto de Motril ha abierto diligencias”.
Además, el interventor provincial también señala que hay otros 2.500 euros de gastos del grupo provincial del PP que no están debidamente justificados. Fondos públicos utilizados para pagar billetes de AVE, una fuente de agua o varias facturas de fotocopiadoras. Al mismo tiempo, el informe pone de relieve que hay 4.137,28 euros de los que “no se puede aceptar el gasto” porque o bien no se cumplen los requisitos legales o los documentos presentados no son legibles. En esta partida aparecen pagos en restaurantes, gastos en reuniones o cheques para pagar imprentas.
Este medio ha preguntado tanto al Ayuntamiento de Motril, en el que García Chamorro sigue siendo la alcaldesa, como al Partido Popular para contrastar la información. Desde el Consistorio se remiten a la versión que ofrezca el PP y fuentes oficiales de la formación sostienen que la regidora “ya se explicó en su día” y que el partido “ha presentado una declaración responsable” para justificar no solo la actuación de la alcaldesa de Motril, sino el resto de gastos que aparecen señalados en el documento del interventor provincial.
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