VÍDEO | Grandes dependientes protestan para no perder su residencia ni ser argumento electoral

Los residentes y trabajadores de la Residencia de grandes dependientes 'Huerta del Rasillo' de Granada han protagonizado este jueves una concentración y manifestación entre la propia residencia y la delegación de Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en la ciudad, para pedir soluciones a la amenaza de cierre, despidos y traslados que pesa sobre ellos desde hace meses. 

El conflicto se remite a las deudas acumuladas por la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Canf-Cocemfe Andalucía), que gestionaba este centro granadino y el situado en Sevilla, en la calle Portobelo, también residencia de grandes dependientes. Desde el pasado enero, y tras casi un año acumulando retrasos en las nóminas y pagos a la Seguridad Social, la CANF se encuentra en concurso de acreedores, y el administrador concursal ha planteado una liquidación de las deudas que implicar el cierre de los centros, el traslado de los usuarios y un ERE extintivo para los trabajadores.

Se trata de dos centro que la CANF gestionaba mediante un concierto con la Junta de Andalucía, en el caso de Granada además situado en un edificio propiedad del Ayuntamiento de la ciudad. La administración ha negociado que dos entidades, por separado, asuman la gestión de cada uno de los dos centros. En Granada, la Federación Granadina de personas con Discapacidad Física y Orgánica (FEGRADI), en Sevilla, la firma privada Vitalia. Sin embargo, el principal escollo hasta ahora es que el administrador concursal considera la deuda de 2 millones de euros acumulada por la CANF indivisible, y ninguna de las partes está dispuesta a asumirla en su conjunto.

La protesta de los afectados en Granada este jueves llega tras dos anteriores canceladas en el último minuto tras personarse en la Residencia el propio delegado de Políticas Sociales, Higinio Almagro (PSOE), prometiendo en ambas que no habría cierre, a pesar de que el proceso administrativo apunta en esa dirección. En la última, el pasado 10 de marzo, los trabajadores acabaron pidiendo que se marchase al parlamentario andaluz del PP Vicente Valero, y también estuvieron presentes representantes del sindicato CCOO, de Podemos y de Equo.

Negociaciones a tres bandas

 

El secretario general de Enseñanza de CCOO, Diego Molina, explicó a eldiarioandalucia que actualmente las negociaciones se producen a tres bandas. Por un lado, los sindicatos negocian con el administrador el ERE que debe liquidar a la plantilla. El actual administrador de la empresa, que debe liquidar la deuda, ha iniciado los trámites para despedir a los empleados de la CANF en ambas residencias y acabar con la deuda acumulada con ellos. Se encuentra en fase de negociaciones entre sindicatos y 'propietario', aunque el próximo viernes 28 de marzo será la reunión definitiva sobre este particular y, firmen o no, con las actuales leyes laborales en la mano, el administrador puede imponerlo sin negociar.

Por otro lado, Molina explicó que la ONG Fegradi se encuentra negociando con el propio administrador asumir sólo la parte de la deuda a la Seguridad Social acumulada por la residencia de Granada, de 400.000 euros, y no el conjunto de los 2 millones totales. De esta manera, Fegradi estaría dispuesta a asumir tanto el centro como a la actual plantilla. Aún así, según el sindicalista, esta opción es “poco probable”.

En caso de fallar, finalmente, CCOO negocia con la Junta de Andalucía que usuarios y plantilla sean trasladados al centro que tiene en Granada la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (ASPAYM), que dispone de espacio suficiente y a la que la administración aumentaría la ratio de trabajadores para que pudiese asumir a los del Rasillo.

Sin embargo, esta última opción no es bien vista por los afectados, que como han puesto de manifiesto esta mañana, quieren a toda costa permanecer en su actual residencia. Los usuarios ya ceden el 75% de sus pensiones de dependientes para financiar el centro y sostienen que “no tenemos porque pagar las deudas que se han acumulado por la mala gestión de otros”.