Vuelve a mover ficha la representación legal del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. Despúes de que el viernes trascendiera que la Fiscalía Anticorrupción se oponía a la suspensión de la ejecución de las penas impuestas por el caso de los ERE tanto a Griñán como a otros ocho antiguos altos cargos de la administración autonómica, su defensa ha formalizado un escrito ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla solicitando que desestime el escrito del Ministerio Fiscal y aludiendo a “la eventual suspensión” de la ejecución de la condena “hasta que se resuelva el indulto” solicitado al Gobierno central y hasta que “tenga respuesta el incidente de nulidad” elevado al Tribunal Supremo.
En su escrito, recogido por Europa Press, la defensa de Griñán sostiene que “el ordenamiento jurídico previene supuestos excepcionales, como el que concurre en las presentes actuaciones, que hacen que la ejecución de la sentencia firme no deba ser ni inmediata ni automática, como parece proponer el Ministerio Público”. “Y eventualmente, si tras la nulidad fuera interpuesto, hasta que se resuelva el recurso de amparo, mediante la previsión de la suspensión cautelar de la ejecución de las resoluciones judiciales impugnadas, de conformidad con el artículo 56.2 de la Ley Orgánicadel Tribunal Constitucional (LOTC)”, agrega la defensa de Griñán, esgrimiendo que “precisamente la excepcionalidad de estos supuestos exige un análisis del 'caso concreto', que en el dictamen del Fiscal brilla por su ausencia”.
Además, ante las menciones del escrito de la Fiscalía, defiende que Griñán “no es un político corrupto, en el sentido que se quiera dar a ese adjetivo descalificativo, incluyendo el más amplio posible”, extremo que considera “notorio, conocido de todos y que difícilmente pudiera pasar desapercibido para una fiscalía especializada, acostumbrada a conocer políticos corruptos”.
Nueva providencia
En relación a este caso, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha emitido una nueva providencia, con la que da cuenta de las peticiones de suspensión de pena de las defensas de los condenados a prisión y que esgrimen los incidentes de nulidad planteados ante la sentencia emitida al respecto por el Tribunal Supremo.
Tras dar cuenta de tales escritos, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla acuerda dar traslado de los mismos a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas, “a fin de que aleguen lo que a su derecho convenga en la plazo de tres días”, tratándose de una providencia susceptible de recurso de súplica.
Previamente, recordémoslo, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ya había preguntado a las partes si suspendía la entrada en prisión de los mencionados inculpados condenados a cárcel, en espera de la tramitación de sus respectivas peticiones de indulto al Gobierno central, pesando ya un informe de la Fiscalía Anticorrupción que se opone a las peticiones de suspensión de la ejecución de las penas de privación de libertad. En su escrito, los fiscales de Anticorrupción señalaron que el Código Penal “hace referencia a que, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad del indulto pudiera resultar ilusoria”. En concreto, explicaron que la medida de gracia tiene un “carácter excepcional” porque “el interés público reclama que las resoluciones judiciales firmes se cumplan”.
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