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El nuevo vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, consejero de Hacienda andaluz nombrado recientemente por Alberto Núñez Feijóo hombre fuerte del área económica del partido, ascendió en abril de 2021 a una dirección general de nueva creación en la Junta al letrado que avaló que cobre más de 127.000 euros anuales mediante un plus oculto desvelado por elDiario.es.
El sueldo real de Bravo, como reveló este medio, está casi 60.000 euros por encima del que le atribuye la relación de retribuciones de altos cargos que publica la Junta, que este jueves aseguró que esa información se ha omitido por un “error” de un funcionario. También supera con mucho los 70.000 euros que cobra el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Y todo, gracias a un complemento de puesto de trabajo (CPT) recogido en una ley andaluza de 1997 para igualar el sueldo de los funcionarios que fichen como altos cargos de la Junta.
Ese plus, que nunca había sido comunicado públicamente, permitió a Bravo, inspector de Hacienda en comisión de servicios especiales, más que duplicar el sueldo que tenía como diputado del Congreso –el cargo que ocupaba justo antes de su nombramiento como consejero–. Y le fue concedido previo aval de un informe ad hoc de su departamento tras llegar al cargo en febrero de 2019.
El dictamen, al que ha tenido acceso elDiario.es, lo redactó el entonces responsable de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda de la Junta, Alejandro Torres. Este funcionario fue ascendido a alto cargo hace menos de un año, al convertirse en director general de Contratación de la Junta. Un puesto que hasta entonces no existía.
El informe, firmado en julio de 2019, es un documento de 11 páginas de carácter facultativo (no vinculante) solicitado por la Secretaría General Técnica a la asesoría jurídica de la consejería para esclarecer dos aspectos. Primero, si Bravo podía cobrar ese complemento atendiendo a lo que había recibido hasta 2015 como delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El segundo, si ese plus debía incluir además la denominada “indemnización por vivienda”.
Se trata de una compensación que se fija en función de unos porcentajes aplicados sobre la retribución del funcionario a la que Bravo tenía derecho estando destinado en Ceuta, atendiendo a un decreto firmado por el dictador Francisco Franco en 1971, y que él ha negado que cobrara en esos años al disponer de vivienda oficial. En cualquier caso, el resultado del informe dibujó el escenario retributivo más favorable para el recién nombrado consejero.
La consulta de la Consejería señalaba que la ley andaluza que regula ese complemento adolece de “carencias o falta de claridad en la redacción, ya sea como imposibilidad de alcanzar todos los supuestos incluidos en su ámbito de aplicación o por tratarse de una técnica o sintaxis insuficientes”.
Esa ley dice que el funcionario público designado para ocupar un cargo en la Junta “que mantuviera en el momento del nombramiento una relación de servicio permanente con alguna Administración Pública, no podrá percibir retribuciones inferiores a las que pudieran corresponderle en el puesto de trabajo que desempeñaba en la Administración de origen”. Para compensarlo, recibirá “un complemento personal obtenido por la diferencia retributiva, teniendo en cuenta para su cálculo todos los conceptos retributivos del puesto de origen, con exclusión de las gratificaciones por servicios extraordinarios y del cargo en que han sido designados, en cómputo anual”.
Un informe de julio de 2005 de la Intervención General de la Junta de Andalucía se había expresado así sobre el criterio para aplicar ese plus: “Dados los términos en que está redactada dicha Disposición, esta Intervención General entiende que las retribuciones del puesto de procedencia que hay que tener en cuenta para el cálculo del complemento son las que regían en el momento del nombramiento por Decreto”.
En su consulta al letrado, la Consejería de Hacienda señalaba que la redacción de esa ley podía dar lugar a “diversos criterios interpretativos con la correspondiente inseguridad jurídica” y “el riesgo añadido de poder dejar sin virtualidad la finalidad de la norma”: que con ese complemento, “la persona designada para su nombramiento como alto cargo de la Junta de Andalucía no vea disminuidos sus ingresos”.
Una realidad que no se daba en el caso de Bravo, ya que hasta su nombramiento en la Junta era diputado en el Congreso, con unos ingresos muy inferiores a los que tenía como cargo de la AEAT: unos 60.000 euros brutos anuales.
El informe del letrado arrancaba dejando claro que el dictamen se solicitaba “en relación con una cuestión que no encaja entre los supuestos en los que el Gabinete Jurídico debe informar con carácter preceptivo”. Fuentes de la consejería señalan que este tipo de informes, los de carácter facultativo, se solicitan “cuando a pesar de no ser exigidos por una norma, al centro Directivo que tiene que resolver se le presenta alguna duda jurídica que deba ser despejada antes de adoptar la decisión de que se trate, como en este caso ocurrió”.
Las mismas fuentes señalan que “ha sido y es habitual que las Asesorías Jurídicas de las distintas Consejerías elaboren informes para disipar las posibles dudas jurídicas sobre la percepción del complemento personal transitorio de anteriores consejeros y altos cargos de la Administración”.
El informe subrayaba un aspecto no mencionado en la consulta: que tras cesar como delegado en Ceuta para ir como candidato del PP por Ceuta a las elecciones generales, Bravo había regresado al servicio activo como inspector de Hacienda, un puesto con una retribución inferior a la de un delegado. Y se preguntaba: “¿Podría ser un impedimento al devengo el hecho de que al momento de ser nombrado Consejero de Hacienda, Industria y Energía el Ilmo. Sr. Bravo Baena ostentaba la condición de Diputado del Congreso y por tanto no mantenía ”en el momento del nombramiento una relación de servicios permanente con alguna Administración Pública“ como exige la DA 7ª de la ley 7/1997? Anticipamos que la respuesta ha de ser negativa”.
Según el letrado, lo “razonable” sería fijar el complemento atendiendo a su retribución como delegado de la AEAT en Ceuta, “puesto que su cese y vuelta al servicio activo como funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda, se produce de forma interina –esto es, muy limitada en el tiempo– a petición expresa del interesado”. “Y lo que es más importante”, ese cese se produjo “de forma medial” al ser “condición indispensable para remover una causa de inelegibilidad” prevista en la Ley Electoral.
Esta norma dice que no puede presentarse a las elecciones “quien ejerza la función de mayor nivel de cada Ministerio en las distintas demarcaciones de ámbito inferior al estatal”. Y Bravo, además de delegado de la AEAT en Ceuta, fue también de forma efímera delegado de Economía y Hacienda del Ministerio de Hacienda durante una semana en noviembre de 2015: cesó a petición propia el 13 de noviembre de ese año para ser incluido nueve días después como cabeza de lista del PP por la ciudad autónoma para las generales.
“Abocado a renunciar”
Según el informe, “el Ilmo. Sr. Bravo Baena se vio abocado a renunciar a sus cargos para poder concurrir a las elecciones”. “Sin necesidad de desplegar mucho esfuerzo argumental”, su paso al cuerpo de inspectores fue “interino, limitado en el tiempo por el breve lapso que duró la campaña electoral”, y “una decisión medial e indisponible a su voluntad, articulada con la única intención de poder concurrir a las elecciones”.
Para reforzar esa idea de interinidad en el puesto de inspector, el informe destacó que la dinámica de un aspirante al Congreso “puede llevar aparejada como consecuencia consustancial, la imposibilidad de atender las obligaciones profesionales del candidato en su plenitud” con la posibilidad de una “dispensa de la obligación de trabajar”.
“Desconocemos –pues nada se nos dice- si el Sr. Bravo Baena hizo o no uso de ese legítimo derecho. No obstante, lo verdaderamente relevante y que se quiere poner de manifiesto es que la situación laboral de un candidato cuando entra en campaña, es provisoria por naturaleza”, por lo que es “difícil considerar como puesto de trabajo que desempeñaba en la Administración de origen a los efectos de determinar el importe del CPT, el de Inspector al que se incorpora tras el cese. Por el contrario, y por los mismos motivos, parece razonable que la equiparación se haga en relación con las retribuciones percibidas como Delegado Especial de la AEAT en Ceuta”, insistía.
El dictamen también dio por bueno que se incorporara a ese complemento la llamada “indemnización por vivienda” de ese decreto franquista de 1971, que Bravo aseguró el miércoles a elDiario.es que no cobraba cuando era delegado en Ceuta. “Ha de considerarse un ”concepto retributivo“ que debe tenerse en cuenta para el cálculo del complemento”, según el letrado.
Reestructuración
En febrero de 2021, la Junta aprobó un decreto-ley que, entre otras cosas, reestructuró la Consejería de Hacienda y estableció la creación de esa nueva dirección general de Contratación para asignarle, entre otras, “aquellas competencias que se van a ejecutar a través de la Oficina Técnica de coordinación de la contratación con Fondos Europeos”, también de nueva creación.
El elegido para ocuparla fue el autor de ese informe. El 13 de abril de 2021, el Consejo de Gobierno andaluz, a propuesta de Bravo, nombró nuevo director general de Contratación a Alejandro Torres, con el que elDiario.es intentó contactar este jueves a través de un portavoz de la Consejería de Hacienda. Según la web de Transparencia de la Junta, Torres tiene asignada una retribución de 58.352,06 euros brutos anuales. Su declaración de IRPF no está disponible en esa web.
Según el departamento de Hacienda, “como jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería, tenía una retribución de 79.000 euros anuales (año 2020). En cambio, el puesto de Director General tiene asignada una retribución de 58.352 euros (20.000 menos que el anterior cargo que ocupó). Sin embargo, Torres mantiene actualmente el mismo sueldo que tenía merced al complemento personal transitorio que tiene reconocido. En definitiva, sigue ganando lo mismo que ganaría si siguiera como letrado”.
El pasado miércoles, en conversación con elDiario.es, Bravo subrayó que, con posterioridad a este informe, recibió el visto bueno de la Intervención General de la Junta de Andalucía a ese complemento, antes de reclamarse el certificado sobre su salario previo a la propia Agencia Tributaria.
Perteneciente al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía desde el año 2002, Torres ha desarrollado su carrera profesional en el Gabinete Jurídico de la Junta. Entre otros destinos, “ha prestado servicios en el Área de Asuntos Consultivos, donde ha ocupado puestos de Jefatura de las Asesorías Jurídicas de la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo (2014-2015), así como de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (2015-2019) y del Servicio Andaluz de Empleo”, según su biografía en la web de la Junta. Ha ocupado “puestos de responsabilidad con los anteriores Gobiernos del PSOE”, destaca un portavoz de la Consejería, si bien se ha convertido en alto cargo en esta legislatura.
Actualmente “se sitúa al frente de una dirección general estratégica, al asumir la coordinación de la contratación pública de la Junta de Andalucía, con objeto de lograr una ejecución de los fondos europeos que debe recibir Andalucía de la forma más eficaz y eficiente”, destaca la Junta en su web.
Consultado el miércoles por elDiario.es, Bravo explicó cómo ha llegado a cobrar ese complemento: “Cuando me vengo [a Andalucía] me dicen que puedo arrastrar el sueldo, y digo que sí porque es más”. En conversación telefónica con esta redacción, explicó: “Cuando los que vienen a la Junta son funcionarios, arrastran el último sueldo”. En su caso, según Bravo, el de delegado de la AEAT en Ceuta, que no es el de un funcionario al uso. También afirmó que él ha “perdido dinero” como consejero “al igual que como diputado”. “Estar en política me cuesta dinero”, remachó.