La Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, que comprende sobre todo el norte de Huelva, vive tiempos convulsos. Si hace unos días el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contra su nuevo plan hidrológico (elaborado por la Junta de Andalucía y vigente hasta 2027), ahora se enfrenta a una nueva reducción en la cantidad de agua que pueden usar los agricultores al agravarse la sequía en una zona que viene aplicando restricciones por primera vez en su historia. Como réplica, siete organizaciones agrarias anunciaron para este miércoles 15 de noviembre un paro total en el sector, que finalmente se ha desconvocado pocas horas antes de su celebración al aceptar el Gobierno andaluz la principal de sus reivindicaciones: retrasar hasta 2024 estos nuevos recortes en el riego, que iban a ser del 50% con respecto a un año sin restricciones. Todo ello, además, con el telón de fondo de que el plan que ahora va a revisar el Supremo prevé duplicar en esta comarca los regadíos actualmente existentes en cuestión de cuatro años, un agua además muy disputada porque de aquí también debe salir la que se trasvasará a Doñana.
Lo nuevos recortes que ahora se retrasan son consecuencia de que la demarcación ha entrado en situación de “excepcional sequía”, tal y como se publicó en el BOJA el pasado 27 de octubre tras la decisión adoptada por la Comisión de Gestión de la Sequía del Tinto, Odiel y Piedras. Todo ello, en aplicación del decreto que regula los indicadores de sequía y las medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos, aprobado en 2021 por el Gobierno andaluz para las cuencas intracomunitarias que son de su competencia. Ahí se establecen los parámetros para declarar esta situación de “excepcional sequía”, que entre otras medidas prevé reducir al 50% unas dotaciones para riego que ahora mismo ya están recortadas un 25%.
Todo ello, a la vez que Greenpeace y Ecologistas en Acción han conseguido que el Supremo admita a trámite su recurso contra un plan hidrológico que prevé duplicar la cifra actual de cultivos en regadío. En concreto, se pasaría de las 40.595 hectáreas en riego atendidas por esta demarcación en la actualidad a 74.522 en 2027, un incremento del 83,5%. Además, las necesidades de agua que se calculan son todavía mayores: de los 178,22 hectómetros cúbicos al año que se utilizan ahora a más del doble dentro de cuatro años, en concreto 362,06 hectómetros, lo que supone un aumento del 103%.
El recurso ante el Supremo denuncia que la planificación de la Junta para el Tinto, Odiel y Piedras es “insostenible” y que los recursos hídricos que prevé están “sobreestimados”. Esto, a su juicio, puede conducir a esta cuenca al “colapso hídrico” y poner en riesgo el consumo humano de los municipios onubenses del entorno. Y a esto hay que añadir que precisamente de esta demarcación hidrográfica viene el agua para el trasvase previsto en la Corona Norte de Doñana, ya parcialmente en uso y piedra angular para sustituir extracciones subterráneas legales por recursos en superficie. El objetivo, en última instancia, es rebajar así la presión sobre el acuífero del que vive el parque nacional.
Pese a todos estos factores, y a que las nuevas restricciones vienen impuestas por la falta de lluvia y obedecen a un procedimiento reglamentado, la reducción al 50% del agua para riego había caído como una bomba en el sector agrícola onubense, que convocó un paro total con el lema Agua para el campo. Alimentos para el mundo. La protesta está organizada por las organizaciones agrarias Freshuelva, Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, UPA, Asaja, Cooperativas Agro-Alimentarias Huelva y la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), así como la patronal Interfresa. Y es que preocupa especialmente la situación para la fresa, que acaba de iniciar la temporada y es el cultivo económicamente más importante de la provincia.
Las siete entidades consideran que este recorte del 50% es una “catástrofe”, que “no se podrán regar las plantaciones” y que “hunde” a la agricultura de Huelva y con él a las 200.000 familias que, aseguran, viven del mismo. Por ello, reclamaban “soluciones urgentes a corto plazo”, la primera de las cuales era no aplicar la restricción del 50% hasta el 1 de enero de 2024 como “medida cautelar”, argumentando que el otoño ha arrancado con lluvia. Pese a ello, los embalses de esta cuenca han perdido un hectómetro cúbico de agua durante la última semana y acumulan ahora 136, lo que supone que se encuentran al 59,4% de su capacidad. No obstante, el Ejecutivo andaluz ha decidido elevar esta propuesta a la Comisión de Sequía del Tinto, Odiel y Piedras tras analizar las aportaciones que las últimas lluvias han dejado en la cuenca de algo más de 33 hectómetros cúbico, cifra con la que argumenta que es posible adoptar esta decisión.
Básicamente, lo que han logrado las organizaciones es el compromiso de las administraciones de que se van a agilizar proyectos hidráulicos para garantizar los regadíos actuales y permitir los incrementos previstos. Además de ello, en una reunión con el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, y el responsable territorial de Agricultura, Álvaro Burgos, la Junta de Andalucía se ha comprometido a estudiar con las comunidades de regantes la puesta en marcha de sondeos de emergencia en aquellos casos en los que se considere que pueda haber recurso disponible.
Los representantes de las organizaciones agrarias también han mantenido un encuentro con la subdelegada del Gobierno central en Huelva, Manuela Parralo, que ha informado de que el próximo mes de diciembre se celebrará el plenario del convenio de Albufeira con Portugal, en cuyo orden del día se debatirá la consolidación del Bocachanza, un sistema de bombeo por el que llega agua del Guadiana. Entre otros proyectos, Parralo también ha asegurado que urgirá al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a la necesidad de volver a convocar la comisión de seguimiento de la presa de Alcolea, con el objetivo de actualizar el estado de unos trabajos ejecutados al 21%, hasta que hace años problemas con las empresas constructoras frenaron un proyecto que a día de hoy sigue pendiente de despejar definitivamente las dudas científicas por la presencia de metales pesados en las aguas del río Odiel de las que se alimentará, como consecuencia de la ingente actividad minera que históricamente ha tenido la zona.
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