A principios de los años 80 se extendía a la costa de Huelva un cultivo que un empresario sevillano llevaba experimentando varios años en otras zonas de la provincia. Antonio Medina Lama, nacido en Pilas en 1923, comenzó en 1962 en la finca Las Madres de Moguer a comercializar con fresas. Medina impulsó en el litoral onubense un modelo cooperativo que ha permitido colocar a España como primer exportador mundial de fresa. De cada cien fresas que comen los europeos, 94 se producen en Huelva.
Tal fue el auge de su idea, que casi 20 años después de sus primeros envíos desde Moguer, los campos de municipios como Lepe, Cartaya o La Redondela se comenzaron a llenar de interminables hileras de plantaciones de fresas. Cogerlas es un trabajo casi artesanal. En 1986 se presentó en Lepe una máquina cuyos creadores sostenían que servía para coger las fresas y ahorrar mano de obra. En 2017, un robot con la aparente misma finalidad. Pero las manos humanas siguen siendo imprescindibles, y las manos migrantes se han convertido en algo inseparable tanto de la plantación (en otoño) como de la recogida, de febrero a mayo.
El inicio de la labor de los freseros, agricultores que reconvirtieron su actividad o empresarios que se pasaron a este sector, llevó consigo una inusitada demanda de mano de obra. Una buena parte de la necesaria se absorbía con los parados locales o de la comarca, pero no era suficiente.
Rápidamente se corrió la voz entre las provincias cercanas, y en Lepe se formaron colonias de gente de Las Cabezas de San Juan, Lebrija o Alcalá del Valle, que o bien se organizaban mediante autobuses diarios o se establecían en el pueblo de forma más o menos estable. El Lepe de 1981 tenía 13.600 habitantes cansados. El padrón de 2018 supera los 28.000. Más del 25% son personas nacidas en 63 países distintos a España.
Boom del ladrillo
Hasta finales de la década de los 80 prácticamente no se veían personas extranjeras por las calles de Lepe. Sí había una mezcla andaluza intensa, pero los extranjeros aún no habían llegado. Pero entonces llegaron las centenares de obras que reclamaba un pueblo en crecimiento, el desarrollo del proyecto Islantilla, y, en definitiva, una estabilidad laboral trabajando en la construcción que aseguraba trabajo todo el año y fines de semana libres.
Poco a poco, casi sin apreciarlo, los freseros comienzan a tener problemas. La fresa es un producto muy delicado. No coger a tiempo una hectárea supone que se comience a perder su calidad. La diferencia entre vender la fresa en fresco o hacerlo para industria (mermelada, yogures…) es la diferencia entre hacer rentable un cultivo o perder dinero. Para colmo de males, la recogida coincide con la Semana Santa y la romería del pueblo, la de la Virgen de la Bella. La segunda, sobre todo, mueve a miles de personas en torno a su patrona en el segundo fin de semana de mayo, cuando la recogida está en su recta final. Conciliar trabajo y ocio suponía un verdadero problema. Antes de llegar 1990, se prueba a cambiar la romería al primer fin de semana de junio. La fiesta se celebra con tanto calor que se decide volver a dejarlo todo como estaba. Pero la fresa había que cogerla.
Captación en el este europeo
La estabilidad que se había ganado con la gente que emigraba desde varias provincias andaluzas comienza a ser insuficiente. Los hijos de estos trabajadores tienen unas perspectivas laborales distintas a la fresa en muchos casos. Es el Lepe de después de la Expo del 92, donde las oportunidades laborales son diversas, y la Universidad de Huelva oferta muchas carreras hasta ahora solo disponibles en Sevilla, Granada, Madrid o Salamanca.Universidad de Huelva La mano de obra no cualificada opta por salidas como seguir en la construcción o pelear en sectores como la hostelería. Con zonas turísticas de primer nivel a solo seis kilómetros del pueblo, tener trabajo en Semana Santa y el verano garantizaba ingresos suficientes como para vivir el resto del año de alguna otra actividad, o bien solicitar el desempleo. Cuando el paro se agotaba, llegaban los turistas otra vez. En ese círculo laboral se ha conseguido mantener al cien por cien de actividad la industria turística, pero la agrícola necesitaba un revulsivo, que se encontró en el este europeo.
No había llegado 1995 cuando comienzan a verse en la provincia mujeres polacas, rumanas, búlgaras o ucranianas, entre otras, que llegaron al pueblo para coger su fresa, cubriendo la demanda de mano de obra necesaria, mediante un contrato que firmaban en su país antes de coger el autobús, que les garantizaba trabajo estable, vivienda y viaje de vuelta. Muchas se quedaron, por amor o por trabajo. Su pasaporte de la Unión Europea le ponía fáciles las cosas si encontraban trabajo en el pueblo en otra labor. Pero en un mundo donde Internet comenzaba a difundir las noticias a velocidad de vértigo, rápidamente se corrió la voz de que había “trabajo” en Huelva. Legal o ilegalmente, comenzaron a llegar inmigrantes africanos. Tal era el número que no había viviendas para que tuvieran un techo o había reticencias entre la gente de los pueblos para alquilarles sus casas. El aumento de la población trajo consigo un aumento porcentual de la delincuencia. Las cifras no son distintas a las de otro punto de España. En Lepe, el porcentaje de delitos sigue siendo a favor de personas nacidas en España, pero todavía hay muchas personas que asocian delincuencia con inmigración.
El coste del alquiler
El 14 de marzo de 1997, UGT alerta por primera vez de que las chabolas están a la vuelta de la esquina. El entonces responsable de inmigración, Mohamed Ahgan, alerta de que un centenar de inmigrantes magrebíes que trabajan en la campaña de la fresa de Huelva están viviendo en la calle en los municipios productores de Palos de la Frontera, Moguer, Lepe y en menor medida en Cartaya.
“Estos temporeros tienen dificultad para conseguir alojamiento debido a la escasez de alquileres y a la actitud reacia de la población a arrendar sus casas a inmigrantes, que debido a los altos precios que suelen pedirles tienen que vivir hacinados para soportar de forma conjunta el coste del alquiler”, decía entonces UGT.
Para paliar el problema, se intenta conseguir la mayor adaptación posible de los inmigrantes de habla no hispana. Se organizan cursos de español, concursos de cocina, actividades en colegios e institutos… Se hace todo lo posible, pero muchos comienzan a ver en las chabolas la única forma de “vivir” y trabajar en el pueblo a la vez.
En esa situación se mezclan tanto inmigrantes ilegales sin documentación legal en España ni formación, que son carne de fraude laboral, trabajando sin estar amparados por convenio alguno, como otros que tienen su contrato legal, cobran puntualmente, pero no son capaces de alquilar una casa. Son los albores del siglo XXI, y comienza a ser noticia que en alguna zona de campo se levanten una o dos chabolas. Aunque parezca que es algo de hace cinco minutos, ya van camino de 20 años de historia.
Las primeras chabolas
El 20 de junio de 2000, el Sindicato de Obreros del Campo hace un balance funesto: más de 1.300 inmigrantes de los 5.000 que se desplazaron hasta la campaña de la fresa de Huelva vivieron en chabolas y asentamientos. Se contabilizaron 18 asentamientos con inmigrantes portugueses, marroquíes, argelinos y mauritanos, que se localizaron en las localidades onubenses de Palos, Moguer, Bonares, Almonte, Lepe y Cartaya. De los 5.000 inmigrantes que se desplazaron a Huelva, 2.500 procedían del países del Magreb, 1.500 eran portugueses, principalmente gitanos, 500 procedentes de países del Este y el resto del África Subsahariana. Como la mano de obra se seguía sin cubrir por gente de los pueblos, los inmigrantes, con o sin trabajo previo firmado, siguieron llegando.
Lepe les daba una situación geográfica estratégica. Cuando acababa la fresa, el fideo ilerdense les permitía cobrar otras semanas tras un viaje en autobús. Las campañas esporádicas en otros puntos de España les garantizaban ingresos. Cuando llegaba enero, se volvía a la chabola. Además, en otros pueblos del entorno no se veían ya estas chabolas. Vivir en Lepe les daba acceso a poco más de dos euros de autobús a los pueblos del entorno, donde la fresa también crecía con fuerza y abundancia. Es cierto que en Cartaya funciona un albergue que en Lepe casi se terminó pero nunca se ha puesto en marcha, pero ese albergue sólo es para ocuparlo unos días, no toda una campaña.
Y entonces llegó la crisis
Su trabajo no ha peligrado ni siquiera cuando llegó la crisis. El 7 de noviembre de 2012, unos 150 vecinos de Lepe recorrieron las calles en manifestación para pedir que la mano de obra en la fresa fuese preferentemente local. La crisis había dejado las obras paradas, y el desempleo en el pueblo comenzaba a ser asfixiante. Pero los camperos se habían acostumbrado a una mano de obra muy concreta, y el asunto no cambió. El sur de Portugal o el inicio de las plantaciones de arándanos, moras y frambuesas aumentaron la demanda de mano de obra, lo que, unido al final de la crisis, hizo que el problema se redujese.
Sin embargo, el tintineo de la frase “los inmigrantes nos quitan el trabajo” se sigue viendo, sobre todo, en redes sociales. Para algunos parece una oportunidad que un incendio destruyese el gran asentamiento de cuatro hectáreas que llevaba diez años en pie en Lepe. El Servicio Andaluz de Empleo lanzó el año pasado una oferta de 23.000 empleos para la recogida de la fresa. Se apuntaron 970 personas.Servicio Andaluz de Empleo El resto se tuvo que buscar en el extranjero.
Ahora, los que se quedaron sin casa de cartón y plásticos hace una semana reclaman ayuda. No piden casa gratis, sino tener acceso a una vivienda. La diferencia es notable, pero su hipotética petición gratuita se ha difundido como una imparable fake news.
Quieren salir de las chabolas
Las cifras son llamativas. El 94% de los inmigrantes que vivía en chabolas en Lepe querían salir de ellas y ocupar una vivienda, como uno de los datos más llamativos del estudio 'Agenda 2020’, realizado en 2017. Para intentarlo, el Ayuntamiento lanzó una oferta ese mismo año a los vecinos con casas disponibles. Rebajará un 90% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los que alquilen viviendas a inmigrantes de los asentamientos chabolistas. La rebaja del IBI se une a otras medidas adoptadas por el Ayuntamiento lepero, como la bonificación de las tasas urbanísticas para la construcción de viviendas destinadas a este mismo fin.
Según el informe Agenda 2020, a pesar de sus escasos ingresos, un 40% de los inmigrantes que viven en asentamientos está dispuesto a pagar por el alquiler de una habitación o alojamiento entre 70 y 150 euros al mes; un 43% no podría pagar todo ese gasto; y un 17% no podría ni siquiera ofrecer un pago simbólico, al no tener documentos y no haber trabajado ni un mes al año.
La oferta de viviendas que ha llegado a la Agenda 2020 es, todavía, escasa.