La Fiscalía de Huelva ha advertido a los educadores de que cuando tengan conocimiento de “falsos desnudos” de menores como en el caso de Ayamonte (Huelva) deben ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil y no ordenar que se borren las imágenes ya que esto puede dificultar la investigación, como ha ocurrido en este procedimiento.
En el decreto, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal pide el archivo de esta causa -abierta tras las denuncias por la aparición de las menores con falsos desnudos utilizando Photoshop- debido a que “tan solo hay un aglomerado de rumores”, ya que la prueba clave para articular una acusación -unas imágenes que recibió un alumno- fue borrada por orden del director del centro educativo.
“Ese teléfono debió ser puesto a disposición de la Guardia Civil desde el primer momento. Cualquier profesor, funcionario o simple ciudadano debió aconsejar al testigo presentarse en el cuartel o puesto de la fuerza policial, o incluso acompañarlo”, señala en el escrito el Ministerio Público, que advierte además que ello podría incluso devengar en una responsabilidad penal.
Una vez que esas imágenes hubiesen sido recibidas por los agentes se tendría que haber seguido sus instrucciones, ya que ellos “tienen nociones de lo que debe hacerse” y además tienen unidades especializadas en su investigación.
Eso no se hizo y debido a ello, mantiene el fiscal, durante las pesquisas solo se pudieron analizar cruces de acusaciones en un instituto en el que describe un ambiente enrarecido y donde “existirían otros menores implicados interesados en que las sospechas se unifiquen exclusivamente en el niño expedientado”.
El menor que tenía las imágenes declaró ante la Fiscalía de Menores como testigo y afirmó que recibió las imágenes por WhatsApp, que se las mostró a las menores afectadas para alertarlas y que las borró debido a que el director del centro educativo así se lo dijo.
Este testigo y su teléfono móvil “eran la vía de investigación idónea” para identificar a las personas que estaban difundiendo las imágenes y, tal vez, a las que alteraron las originales para transformarlas en material pornográfico de menores, precisa el fiscal.
Dado el tiempo transcurrido sin haber sido sometido dicho terminal a análisis forenses “no hay expectativas de su recuperación”, aunque el testigo afirma que el responsable fue el menor investigado, que en su día negó su autoría.
La peculiaridad en este caso es que la calidad y realismo de los montajes eran propios de un usuario avanzado en herramientas de retoque fotográfico, pero actualmente existen aplicaciones en línea que permiten alcanzar el mismo resultado sin necesidad de horas de trabajo ni años de aprendizaje o experiencia.
“No encierran más dificultad que encontrar la página web adecuada” y se obtiene “un resultado asombroso”, advierte el fiscal, que apunta que los protocolos administrativos en este tipo de casos “a menudo entorpecen las investigaciones porque implican la actuación de autoridades o funcionarios que no son los legalmente encargados de perseguir el delito”.
“La regla de oro que a todos debe quedar grabado es que cuando se conoce la existencia del delito no debe intermediar ningún otro protocolo que el del estricto cumplimiento de la ley”, destaca el Ministerio Público.
En este caso, explica, “se ha venido diciendo que las imágenes habían tenido una amplia difusión, que el instituto y en la localidad de Ayamonte muchas personas la recibieron. Pero ni una sola de ellas lo ha puesto en conocimiento de las víctimas o las autoridades”.
El menor investigado en este procedimiento negó en su día los hechos que se le imputan, aunque admitió que dichas imágenes fueron pasadas entre compañeros del centro educativo.
Tanto el investigado como las víctimas acudían al mismo instituto de Ayamonte y, por estos hechos, se presentaron ocho denuncias.
Esta investigación salió a la luz a raíz de lo sucedido en Almendralejo (Badajoz), donde se identificaron a varios menores de entre 12 y 14 años como presuntos autores de falsos desnudos creados con inteligencia artificial, y tuvieron lugar el pasado mes de mayo, si bien los familiares no le dieron difusión para preservar la privacidad de las víctimas.
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