SEQUÍA
La polémica proposición de ley de Vox para legalizar 1.461 hectáreas de regadío próximas al Parque Nacional de Doñana llegará al Parlamento andaluz, por segunda vez en nueve meses, para su toma en consideración sin un informe previo del Gobierno de Juan Manuel Moreno en el que plasme su criterio favorable o contrario, o si está conforme o no con la tramitación de dicha ley.
El Ejecutivo autonómico ha dejado expirar el plazo legal -15 días hábiles- para pronunciarse sobre la iniciativa legislativa impulsada por el grupo de extrema derecha, que es prácticamente idéntica a la que ya registró el propio PP, junto a Ciudadanos y Vox, al final de la pasada legislatura.
El informe del Consejo de Gobierno sobre una proposición de ley no es obligatorio, según consta en el artículo 124 del reglamento de la Cámara, pero tampoco es habitual que el Ejecutivo eluda fijar su posición política respecto a la iniciativa legislativa de un grupo de la oposición. Sobre todo cuando entra en aparente conflicto con el discurso que el presidente Moreno abandera estos días sobre la crisis del agua en Andalucía. “¡Pongan el dinero de una vez por todas, que nos morimos de sed!”, sentenció el 2 de octubre durante la clausura del congreso del PP de Sevilla, tras reclamar al Ejecutivo central mil millones de euros para combatir la sequía.
Desde la Consejería de Presidencia explican a este periódico que el informe de la Junta respecto a la proposición de ley de Vox “no es preceptivo”, y que la decisión de no pronunciarse políticamente sobre la iniciativa legislativa de un grupo parlamentario es algo “que ya ha ocurrido y ocurre otras muchas veces”. “Una vez llegue al Parlamento, se votará y punto”, concluyen estas fuentes.
Pero lo cierto es que no ha ocurrido “muchas veces”. Durante los tres años de la pasada legislatura, el Parlamento andaluz tramitó 27 proposiciones de ley de los grupos y sólo cinco llegaron a la Cámara sin un informe previo del Consejo de Gobierno manifestando su criterio favorable o desfavorable, confirman fuentes parlamentarias. La Cámara aprobaría tres de ellas -impulsadas por el PP en solitario o con sus aliados- y tumbaría las otras dos, una del PSOE y otra de Vox.
Entre las cinco iniciativas que llegaron al Parlamento sin una valoración del Gobierno de Moreno destacan dos de especial fragilidad en el debate público previo a unas elecciones autonómicas: la proposición de Vox para derogar la Ley andaluza de Memoria y sustituirla por una ley de concordia, que sería tumbada por la Cámara con la abstención del PP; y la propuesta “unificada” de PP, Cs y Vox para ampliar regadíos próximos a Doñana, con una propuesta de reordenación de las zonas de cultivo.
Sobre esta última, sorprendió entonces la falta de un informe con el criterio favorable de la Junta, porque aquella iniciativa venía firmada por los partidos que sostenían al Gobierno, y porque el propio presidente Moreno, a preguntas de los periodistas, había defendido públicamente la medida.
El problema es que, al poco de conocerse la propuesta y su posible repercusión en Doñana, la Comisión Europea había amenazado a España con imponerle multas millonarias si prosperaba una ley que, a su juicio, agravaba el problema del expolio al acuífero del Parque Nacional. La misma advertencia llegó del Gobierno de Pedro Sánchez y de la Unesco. Cinco meses después de las elecciones andaluzas, Vox ha reactivado aquella propuesta y el PP, ahora con mayoría absoluta y sin ataduras parlamentarias, ha decidido apearse, apelando al “grave problema de sequía que sufre Andalucía”.
La iniciativa legislativa de Vox que justifica la legalización de regadíos en la corona norte de Doñana choca frontalmente con el discurso actual del presidente Moreno, que ha situado la sequía y la falta de infraestructuras hídricas como el principal reto de esta legislatura. “Todas las alarmas han saltado”, ha sentenciado esta misma semana el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, tras informar de que los embalses de Andalucía se encuentran en una media del 22,98% de su capacidad total de almacenamiento, con un descenso del 0,06% respecto a la semana anterior.
El pasado 18 de octubre, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la creación de un Comité de Expertos de la Sequía de Andalucía que apoyará y asesorará en la toma de decisiones a los miembros de la comisión de seguimiento de este fenómeno. Moreno quiso presidir la primera reunión, el jueves pasado, y tanto los consejeros de Agricultura como de Medio Ambiente han llevado esta semana el debate sobre la emergencia climática y la falta de agua al Parlamento.
Hace unos días, Moreno anunció un programa millonario de inversión para hacer frente al problema de la falta de agua, el Plan S.0.S. [Soluciones y Obras frente a la Sequía], con una inversión prevista de 4.047 millones de euros para impulsar obras de infraestructuras hidrológicas y medidas cruciales hasta el año 2027.
El Ejecutivo andaluz tiene, por tanto, una posición política clara respecto al problema de la sequía. Un fenómeno que afecta de forma directa a la economía andaluza y a sus dos principales fuentes de ingresos -el turismo y el sector agroalimentario-, muy dependientes del agua. Pero también al ecosistema de Doñana, el pulmón verde de Andalucía y Patrimonio de la Humanidad. Tal es así, que el presidente de la Junta realizará la semana que viene un viaje oficial a Egipto para participar en la Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP27), que se desarrolla en la ciudad de Sharm el Sheikh, a orillas del Mar Rojo.
En este contexto, es llamativo que el Gobierno andaluz haya decidido no fijar un posicionamiento político respecto a la proposición de ley para amnistiar regadíos ilegales junto a Doñana, un asunto que el PP abrazó hace solo cinco meses, durante la campaña electoral, y del que extrajo un buen puñado de apoyos en los municipios onubenses próximos al Parque Nacional que dependen del cultivo de frutos rojos.
La decisión de impulsar una amnistía a los regadíos ilegales próximos a Doñana tenía el aval del Ejecutivo de Moreno, pero éste prefirió que la iniciativa política fuera tramitada por los grupos, en vez de hacerlo directamente desde la Junta, “para facilitar el debate parlamentario de todos los agentes implicados”. El hecho de no presentarlo como proyecto de ley permitió al Gobierno andaluz no tener que someter el texto legal al escrutinio del Consejo de Participación de Doñana, cuyo presidente, Miguel Delibes, ya había advertido personalmente al presidente que era “una barbaridad”.
La historia se repite, evidenciando los conflictos internos del Ejecutivo de Moreno en este asunto. El pasado 30 de octubre expiró el plazo legal para que el Consejo de Gobierno emitiese un informe respecto a la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Los alcaldes de estos municipios, algunos socialistas, otros populares y otros independientes, desfilaron por el Parlamento exponiendo planteamientos dispares e irreconciliables sobre la propuesta: algunos a favor, otros en contra.
La propuesta para amnistiar la extracción de agua del subsuelo próximo a la reserva, de la que se benefician ilegalmente invernaderos de varios municipios onubenses desde hace años, fue registrada en el Parlamento a mitad del pasado enero. La misma iniciativa en dos textos separados, uno firmado por PP y Vox y otro por PP y Cs (los naranjas evitan estampar su firma junto a la extrema derecha). El 14 de enero, la Cámara remitió al Ejecutivo andaluz el texto legal, dándole ocho días de plazo para que el Consejo de Gobierno emitiese un informe favorable o desfavorable. El tiempo de respuesta se redujo a la mitad -lo normal son 15 días- porque las tres fuerzas de derechas decidieron tramitar esta iniciativa por la vía de urgencia.
Cinco meses después, el mismo PP ha advertido a Vox que “no acepta ultimátum” y que la iniciativa no hace falta tramitarla con urgencia. Los populares trabajan en un texto alternativo, según fuentes de la dirección regional, pero previsiblemente llegará al Parlamento después de que se debata y se vote la iniciativa del grupo ultraderechista. La propuesta de ley de Vox ya está en condiciones de llegar al Pleno, pero los tiempos parlamentarios los marca el PP gracias a su mayoría absoluta.
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