La proposición de ley que PP, Cs y Vox defenderán la próxima semana en el Parlamento andaluz para amnistiar a 1.460 hectáreas ilegales de regadío en el entorno de Doñana va camino de convertirse en un problema internacional de considerable calibre. Tras una primera advertencia sobre la cuestión por parte de la Unesco, que concedió a este entorno la consideración de Patrimonio de la Humanidad, ahora es la Comisión Europea la que hace una dura advertencia a las autoridades españolas: le amenaza con volver a presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo e imponer sanciones económicas.
El aviso se recoge en una carta que la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, ha enviado al embajador permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, en la que le expresa su “honda preocupación por las posibles repercusiones” que tendrá esta iniciativa, que persigue modificar la Ley Forestal y sobre todo el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, aprobado en 2014 por la Junta y más conocido como Plan de la Fresa. El temor es que la regularización de estos cultivos que riegan de manera ilegal esquilmando el acuífero que alimenta al Parque Nacional “podría aumentar los actuales niveles de extracción de agua subterránea para irrigación”.
La misiva viene a ser un toque de atención al Estado para que frene esta iniciativa legislativa, que empeorará la situación de un acuífero que se encuentra en mal estado, de hecho está declarado oficialmente como sobreexplotado. Y también muestra su preocupación por “el riesgo de que una nueva regularización de áreas de regadío tenga un efecto llamada que genere mayores impactos adversos sobre el estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas” de este entorno.
Fink-Hooijer incide en “la importancia que la Comisión otorga a la conservación de Doñana y los hábitats que alberga”, hasta el punto de que considera que “su excepcional valor trasciende el ámbito europeo”. Y contrapone el espíritu de esta proposición de ley (respaldada por la Junta de Andalucía) con el hecho de que “los conocimientos científicos y técnicos disponibles proporcionan sólidas evidencias de los efectos adversos de la sobreexplotación de las aguas subterráneas sobre los ecosistemas de Doñana”. En esta línea ya se ha expresado el Ejecutivo central, que ha reiterado que de ninguna manera habrá más agua para regadíos y que la iniciativa legislativa es “un engaño” a los agricultores al generar “falsas expectativas.
La directora general considera que, de prosperar la tramitación, esta normativa colisionará con las obligaciones que impone a España la Directiva Marco del Agua y la Directiva sobre los Hábitats. Y se detiene en lo que es la piedra angular de la carta, que es recordarle al Gobierno español la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que en junio de 2021 condenó a España por no proteger a Doñana del expolio de agua.
Ya de por sí, la Comisión Europea advierte de que está analizando si España está cumpliendo con lo impuesto por el fallo judicial y por ahora no las tiene todas consigo, porque “aún no hemos concluido que se están aplicando todas las medidas para alcanzar la conformidad con la sentencia”. Por ello, “resulta cuando menos desconcertante” que España –en este caso el Ejecutivo andaluz– “esté contemplando la adopción de medidas que agravarían la situación y pondrían en grave riesgo el propio cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia”.
Es decir, que en vez de adoptar medidas encaminadas a reducir el consumo de agua y así ayudar a la recuperación del acuífero, tal y como impone la sentencia, está sobre la mesa una medida que empeorará la actual situación. El tirón de orejas continúa porque considera que esto “suscita cuestiones relativas al respeto del estado de derecho por parte de las autoridades españolas”. En paralelo, subraya que la Comisión “concede gran prioridad” a los casos en los que se incumple una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Y la proposición de ley –apunta– va justo en el sentido contrario, ya que agrava la situación de Doñana en vez de mejorarla como exige el fallo.
Fink-Hooijer le señala al embajador español que se ve “en la obligación de advertirle” de que la Comisión “está dispuesta a hacer uso sin dilación alguna” de los instrumentos que garanticen que se cumple la sentencia obliga a salvaguardar las aguas de Doñana. Y apunta explícitamente el siguiente paso que se dará: acudir de nuevo al Tribunal de Justicia, “lo que acarrearía la solicitud de imposición de sanciones pecuniarias”.
A la carta de la directora general de Medio Ambiente de la Comisión no tardó en reaccionar la organización ecologista WWF, ya que considera que viene a darle la razón en su advertencia sobre el riesgo que supone para Doñana esta proposición de ley. En este sentido, considera “una auténtica temeridad” que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, mantenga su intención de regularizar a “los ilegales de Doñana”, dedicados básicamente al cultivo de frutos rojos.
Esto, asegura, “podría acarrear fuertes sanciones económicas que serán asumidas por todos los ciudadanos de Andalucía y que podrían incluso cuestionar los fondos Next Generation para la comunidad. En este sentido, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, apunta que ”la Comisión Europea está harta de engaños con Doñana“, y anuncia que WWF baraja la posibilidad de solicitar a este organismo un examen de los fondos europeos aplicados en este entorno ”para garantizar que no han sido aplicados en explotaciones sin garantías de uso legal del suelo y del agua“.
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