El reloj que va consumiendo los 30 días que se han dado los gobiernos central y andaluz para cerrar un acuerdo sobre Doñana continúa su cuenta atrás, en paralelo a unas reuniones que ya han empezado a celebrarse, unos primeros tanteos de los que de puertas para afuera se ha transmitido que se están produciendo avances. Pese a ello, ya se ha producido un primer punto de fricción al abrir este martes la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico compre los suelos que se iban a legalizar con la ley ahora en barbecho temporal, una cuestión que desde la Junta de Andalucía se apunta que no se ha abordado, reprochando de paso la excesiva exposición mediática de Ribera.
El pistoletazo de salida lo ha dado la ministra en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que ha insistido de manera rotunda en que el Gobierno central no va a comprar los terrenos que están en el centro de la polémica, empezando porque no tienen derechos de agua. Su departamento, ha subrayado, “no puede comprar terrenos por muchas razones”, empezando porque los fondos estatales previstos “están destinados a acciones ambientales o sociales vinculadas a esa acción ambiental”. En este sentido, la compra de derechos de agua no se puede llevar a cabo “en zonas de secano donde no hay derechos de agua y el Ministerio no es propietario de terrenos que no tengan un peso ambiental muy importante por riqueza ecosistémica o derechos de agua”, por lo que ha enfatizado que “está completamente descartado que el Ministerio vaya a comprar suelo que no tenga algo vinculado a la recuperación de agua directa del Parque Nacional de Doñana”.
Ribera ha reconocido que desconoce si la Administración andaluza tiene “dentro de sus propuestas la compra de terrenos”, pero ha añadido que no descarta que “la Junta, en un determinado momento, considere que, por otro tipo de razones y con cargo a otro tipo de partidas, esté en condiciones de comprar esos terrenos”. Eso sí, ha recordado que “muchos de los metros cuadrados de los que hablamos son suelos municipales que en ocasiones están siendo utilizados porque los ayuntamientos así lo han facilitado para otro tipo de actividad agraria”, lo que en principio haría imposible una operación de compra.
En este sentido, en una reciente entrevista con elDiario.es Andalucía, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, también apuntaba que no se opondrían a que el Gobierno andaluz acometa con fondos propios una permuta de terrenos con los agricultores que se iban a beneficiar de la ley. “Nosotros veríamos bien esa operación, pero esa no es una competencia que tenga el Ministerio”, señalaba al respecto, además de añadir que, “si efectivamente hay una expectativa en el territorio de actividad agraria que no puede desarrollarse dentro del ámbito del Parque Nacional o en el entorno que afecta al acuífero, pueden ser desplazados a otros suelos. El titular del parque es la Junta de Andalucía y quien tiene las competencias de ordenación del territorio es la Junta de Andalucía”, que “dispone de suelos alternativos que podría ofrecerles en permuta a los actuales propietarios”.
Estas afirmaciones han generado recelos en el Gobierno andaluz, que ha mostrado su malestar por la sobreexposición mediática de Ribera, que desde el anuncio del principio de acuerdo con la Junta sobre el conflicto de la ley de regadíos junto a Doñana ha concedido varias entrevistas valorando y acotando los términos de la negociación. Uno de los puntos más conflictivos, de hecho, ha sido esa confirmación, en la entrevista en Canal Sur Televisión, de que el Gobierno central no pondría reparos a que la Junta comprase los terrenos a los agricultores que esperaban regularizar sus parcelas para el cultivo de regadío con la polémica ley.
Preguntado al respecto, el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, no ha ocultado su indignación: “La vicepresidenta se ha prodigado bastante en los medios de comunicación estos días. En la reunión de ayer [por el lunes] no se habló de la posibilidad de comprar tierras. No hay ninguna decisión adoptada en el marco de la negociación sobre ese aspecto”, ha sentenciado. Los periodistas le han vuelto a preguntar si la Junta ve con buenos ojos esa posibilidad, que el Ministerio ha descartado asumir con fondos propios, pero el consejero de Medio Ambiente ha vuelto a esquivar la pregunta: “Nosotros no vamos a ir radiando las conversaciones con el Gobierno de España, ni filtrando nada a determinados medios. Insisto, no se abordó la posibilidad de comprar tierras a nadie”, ha reiterado.
Fernández Pacheco ha confirmado que en la ronda de consultas con los agentes sociales y económicos de la zona, que se reunirán en los próximos días con los responsables de Gobierno y Junta designados para pactar una solución alternativa a la ley, estará el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes. Delibes ya lanzó una rotunda crítica al proyecto cuando compareció en el Parlamento, pidiendo al PP que retirase la ley y que no engañase a los agricultores con una expectativa de agua que no existe.
Por su parte, Ribera ha hecho hincapié en que las conversaciones que se están manteniendo no son “sobre los regadíos de Doñana”, sino para abordar “cómo impulsar un plan de desarrollo territorial y social del que se beneficien los habitantes, los vecinos de los municipios en el área de influencia de Doñana”. Además de subrayar que “no es posible poner más territorio en regadío porque no hay agua”, ha puesto el acento en que los 350 millones de euros que aportará el Gobierno central son para el conjunto del territorio afectado, no sólo para los regantes. “Hay que tener en cuenta las consideraciones, las preocupaciones de todos los habitantes, no solamente de los propietarios del suelo, a mí no se me ocurre decir que la reforma del mercado eléctrico va a ser lo que me digan las compañías eléctricas, y aquí pasa algo parecido”.
La vicepresidenta ha apostado por buscar para estos terrenos alternativas que no necesiten tanta agua, apuntando a la recuperación de cultivos históricos (el pino piñonero o los viñedos) o a actividades que “sean resistentes a los efectos del cambio climático o de valor añadido”. Lo que también ha reiterado es que la inversión estatal para el desarrollo territorial y social la controlará directamente el Gobierno central, apuntando a opciones como facilitar la mejora de los servicios y de las infraestructuras en los términos municipales afectados, “incluido acoger temporeros”, diversificar la actividad económica o garantizar una mejor empleabilidad.
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