La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía autorizó en octubre de 2019 el traslado de los residuos químicos procedentes de Montenegro y con camino al vertedero de Nerva. El lunes pasado el Ministerio de Transición Ecológica paralizó uno de esos traslados. Este martes, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, sostuvo que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno se “limita” a responder sobre si el vertedero está autorizado o no para recoger esos residuos y a informar de si hay espacio suficiente, el 18 de octubre de 2019, la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático respondió a una petición del Ministerio con el asunto “No objeción al traslado transfronterizo”, en el que expresaba que no se ponía objeción alguna al traslado de los residuos.
Concretamente, según el documento al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, el asunto se refiere al traslado con el número MNE1207, y la Junta cita en esa carta que respondía “en cumplimiento a la normativa de la UE (…) relativa a los traslados de residuos”, comunicando que “por parte de esta Dirección General no existe impedimento para que se proceda a dicho traslado”.
No obstante, indicaba que se tenían que cumplir una serie de condiciones, como que la empresa contase con los seguros correspondientes, constituir una fianza o seguro equivalente, o que los camiones contasen con una ruta fija y otra alternativa para usar en caso de necesidad.
En la carta, además, se refleja que la empresa podrá mover hasta 30.000 toneladas (Ecologistas en Acción dice que se moverán 40.000), y el escrito fue sellado con fecha de salida de la Consejería el citado 18 de octubre.
La normativa actual se regula basándose en la Ley 22/2011, del 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que cita, entre otras cosas, que corresponden a las comunidades autónomas “el otorgamiento de la autorización del traslado de residuos desde o hacia países de la Unión Europea, regulados en el Reglamento (CE) n.º 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, así como las de los traslados en el interior del territorio del Estado y la inspección y, en su caso, sanción derivada de los citados regímenes de traslados”.
Una responsabilidad similar tienen los estados, que se amplía teniendo en cuenta que tienen que dejar entrar en suelo de su país la mercancía de otras naciones, lo que implica permisos de fronteras.
Conocedor o no de este documento, Bendodo reclamó al Ejecutivo central que se trabaje ya en un “cierre ordenado” del vertedero de Nerva, y ha considerado que la revocación de uno de los permisos de traslado de residuos de Montenegro acusando al Gobierno central de “mentir” por ser el que tiene la posibilidad de autorizarlo o denegarlo a pesar de la citada carta.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, por su parte ha asegurado este miércoles que el vertedero se cerrará antes del año 2036, fecha que fijó el Gobierno anterior, según ha dicho, en una de las últimas autorizaciones concedidas. Esta declaración de intenciones se produce después de que, en medio de la pandemia, la Junta de Andalucía planteara la posibilidad de dar permiso al proyecto de ampliación del vertedero. El delegado de Agricultura Álvaro Burgos dijo entonces que lo que “se pretende, entre otras cosas, es mejorar el tratamiento de las aguas residuales e ir adaptando la conformación de los residuos, de manera que cuando llegue el fin de la vida útil del vertedero resulte más seguro y viable llevar a cabo el proyecto de sellado y restauración ambiental del entorno”.
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