El Gobierno andaluz no pondrá impedimentos a la tramitación de la proposición de ley que PP, Ciudadanos y Vox han registrado en el Parlamento para regularizar 1.400 hectáreas de regadío que, actualmente, extraen agua de manera ilegal del acuífero del Parque Nacional de Doñana. Los partidos que sustentan al Ejecutivo han usado la vía de urgencia en la Cámara, pero el texto aún debe pasar por el Consejo de Gobierno, que puedo (o no) emitir un informe sobre su toma en consideración. Ese informe no es obligatorio ni preceptivo, pero la posición política de la Junta ya la ha anticipado este lunes el propio presidente andaluz.
Juan Manuel Moreno ha defendido la iniciativa de PP, Cs y Vox y ha negado que la Proposición de Ley para la modificación del Plan de Regadíos de municipios del norte de la Corona Forestal de Doñana traiga consigo una ampliación de los regadíos. El presidente ha asegurado que “no se trata de ampliar regadíos” -“quizás no nos hemos sabido explicar bien”-, para alegar luego que la intención de la iniciativa parlamentaria es abordar “derechos históricos heredados por parte de algunos agricultores, que llevan ejerciendo décadas” el uso del agua para sus cultivos, que ex extraída de manera ilegal del acuífero de Doñana. Moreno se ha limitado a subrayar que se trata de “problemas que resolver”.
En una comparecencia informativa conjunta con el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, tras mantener una reunión, Moreno ha advertido sobre la necesidad de poder compatibilizar los diferentes usos de un Parque Nacional al argumentar que “los parques son viables si tienen respaldo social”, y ha añadido que percibe a “la población y muchos alcaldes que se ponen en contra” cuando se promueve una iniciativa para que su zona se declare Parque Natural. “Un Parque Natural no es muro de hormigón al que nos asomemos”, ha esgrimido el presidente de la Junta de Andalucía sobre las consecuencias que se derivan de una declaración de Parque Natural.
Este lunes el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía ha publicado el acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente, de 13 de enero, por el cual se ha establecido la tramitación por el procedimiento de urgencia de la Proposición de Ley de PP, Cs y Vox sobre los regadíos en la Corona Forestal de Doñana, para que “reduciéndose la duración de los plazos a la mitad de los establecidos con carácter ordinario, transcurridos ocho días hábiles sin que el Consejo de Gobierno hubiera negado expresa y motivadamente su conformidad a la tramitación, la iniciativa legislativa quedará en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración”.
Moreno ha apelado a la vía de tramitación parlamentaria elegida para poner de manifiesto que el ánimo del Gobierno andaluz es llegar a un acuerdo. “No se ha hecho vía decreto - como las tres grandes modificaciones legislativas del Gobierno PP-Cs- hay una mayoría por la que lo podríamos haber hecho”, ha sostenido Moreno, en referencia implícita al acuerdo de fondo por PP, Cs y Vox, para apuntar que se ha buscado abordar el regadío en el Parque Nacional de Doñana “en forma de ley para debatirlo, consensuarlo” tras proclamar sobre “los intereses del Parque que es intocable”.
El presidente de la Junta ha precisado que los terrenos agrícolas para regadíos “se encuentran a 30 kilómetros del Parque porque parece que estemos actuando en el corazón del Parque” y ha apelado seguidamente a que “se le dé solución para equilibrar los intereses del Parque con los de las familias”, de ahí que haya invocado un canon hídrico y se ha declarado “a partir de ahí abierto a escuchar a todo el mundo de forma equilibrada”.
El presidente de la Junta de Andalucía, tras abogar por la compatibilidad entre “el elemento de protección y de crecimiento” sobre cualquier Parque Natural o Nacional por estimar que deben estar ambos ámbitos “entrelazados”, ha defendido que abordar la revisión de los regadíos en Doñana “lo hemos hecho por la vía lenta y con la máxima transparencia”, por cuanto ha sostenido que “queremos escuchar a los agricultores, a los ganaderos, a los alcaldes”, con la pretensión de “encontrar una solución dentro del marco legal”, del que ha indicado que “es un ámbito escrupulosamente respetado”.
En una reflexión sobre la sequía y Andalucía y el incremento de las zonas de regadíos en Doñana, Moreno ha afirmado que “siempre hemos trasladado que somos una Comunidad Autónoma con un déficit hídrico”, un hándicap que ha considerado “más acentuado en la Andalucía oriental sobre la occidental”, un problema del que ha hecho partícipe tanto el abastecimiento humano en pueblo como la industria agrícola, pronunciamiento antes de trasladar que el actual Gobierno andaluz “ha batido un récord de inversión de más de 1.000 millones” en obras de estaciones depuradoras de aguas residuales y apelar entonces a la búsqueda del “círculo virtuoso del agua” y señalar a Israel como “un país en el que nos fijamos” sobre el uso del agua.
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