SANIDAD PÚBLICA
Ha empezado 2023, y con él se ha iniciado el año del veinte aniversario del inicio de los trámites para la construcción del hospital de la costa de Huelva, un centro cuya primera piedra fue colocada en 2007 y tras muchas vicisitudes fue entregado oficialmente a la Junta de Andalucía en enero de 2015. Sin embargo, a pesar de que Ayuntamiento de Lepe, Junta de Andalucía y Gobierno central tuvieron esos ocho años para ponerse de acuerdo en algo tan sencillo como construir una carretera para llegar al hospital ya terminado, la batalla política ha protagonizado la vida paralela de esta obra, que ahora podría tener un punto final para poder usar de una vez esta infraestructura sanitaria.
El penúltimo día de 2022, poco antes de las tres de la tarde, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) emitía un exiguo comunicado que informaba de que se había adjudicado el contrato para hacer la carretera. Solo eran tres párrafos, que, curiosamente, no tuvieron prácticamente reacción política en toda la jornada, hasta que pasadas casi 48 horas era el PSOE el que reaccionaba para alabar a Pedro Sánchez por su gestión, mientras que el PP onubense estaba enfocado en la designación de la actual presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, como candidata a la alcaldía de la capital en las municipales de mayo, y parece que no quiso desviar el foco informativo a este asunto.
Literalmente, el comunicado de Fomento decía que se ha adjudicado “el contrato de obras: Autovía A-49, del V Centenario. Vía de servicio. Acceso al Centro Hospitalario de Alto Rendimiento de la Costa Occidental de Huelva, situado en el término municipal de Lepe. El importe de adjudicación ha sido de 3,1 millones de euros (IVA incluido). Esta actuación completa la mejora funcional del enlace 117 con la transformación en glorietas de las intersecciones anteriores, actuación ya finalizada en 2020”.
“Las obras consisten en la construcción de una vía de servicio bidireccional de 1,35 km de longitud que conectará la glorieta del enlace 117 de la autovía A-49 con el citado centro hospitalario”.
En esencia, se trata de las obras necesarias para complementar las dos rotondas construidas en su día para dar acceso desde la carretera secundaria de Lepe a Villablanca en paralelo a la autopista. A ese acuerdo se llegó tras descartar la idea inicial, consistente en adaptar el camino existen en perpendicular a la A-49.
Muchas cosas llaman la atención del comunicado en cuestión, entre otras que no cita ni cuándo comenzarán las obras ni la previsión de finalización de las mismas, de modo que todo, adjudicaciones aparte, parece seguir igual que cuando la entonces consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero, colocaba la primera piedra del hospital público de la costa de Huelva en diciembre de 2007. En esos meses, la Junta empezaba también los proyectos de los hospitales públicos de Aracena y Bollullos Par del Condado. Ninguno ha abierto. De la misma forma, no se sabe nada del destino de los equipos adquiridos en su día para este hospital.
Por resumir dónde está el inicio de esta discordia, en 2005 el Ayuntamiento de Lepe firmó un convenio con la Junta que le comprometería a hacer la carretera de acceso a condición de que el hospital estuviese en este municipio, pero el Consistorio, gobernando entonces por PP-PA y desde 2007 por el PP con mayoría absoluta, siempre ha negado la mayor, y se ha cerrado en banda en que el acuerdo solo le comprometía a llevar agua y electricidad al centro sanitario.
Sin embargo, en marzo de 2021, con el PP gobernando en Ayuntamiento y Junta de Andalucía, se firmaba un “protocolo previo a un nuevo convenio”, que anulaba el de 2005, por el que el Consistorio lepero asumía las actuaciones necesarias para dotar de suministro de agua potable, electricidad y saneamiento al hospital público. Esto es, que asumía en un nuevo acuerdo precisamente lo que había firmado 16 años antes.
Mientras desde el PP solo se indica a elDiario.es Andalucia que el actual Gobierno andaluz “ha invertido en sanidad más que nunca en toda la historia de Andalucía”, y no se entra a valorar algo que llega “tarde, pero al final llega”, el PSOE ha prescindido de sus primeras figuras regionales o provinciales a la hora de comentar este asunto y se encargó esta función a la diputada nacional y alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo, protagonista de un comunicado emitido 24 horas después de la nota de Fomento.
González Bayo agradecía al Gobierno de Pedro Sánchez “el compromiso que tiene con la provincia de Huelva”, citando que “estamos hablando de 21 millones de euros invertidos por un Gobierno socialista para un hospital en la costa, muestra de nuestra apuesta por la sanidad pública”.
La alcaldesa de Cartaya, uno de los pueblos destinados a usar este hospital, sumaba en su comunicado la inversión de los gabinetes de Susana Díaz en la Junta para este centro sanitario, pero obviaba que hasta que Juan Manuel Moreno llegó a la presidencia de la Junta pasaron 12 años desde que empezaron las obras, y no se abrieron sus puertas: “Las instalaciones están cerradas y deterioradas por la dejadez del Gobierno de la derecha en la Junta”, indicaba González Bayo.
En mitad de este río revuelto, las ganancias para los pescadores han llegado a la empresa privada, concretamente a José Manuel Pascual Pascual, que poco antes de proyectarse el hospital público ya había terminado el suyo propio en Lepe. Es cierto que tardó años en abrirlo, pero supo ver desde fuera la guerra política y esperar pacientemente a que llegase su oportunidad.
En Lepe, de todas formas, se había creado poco a poco la necesidad de este hospital, alentado incluso por el último gobierno local del PSOE, que llevó a las elecciones de 2003 incluso un vídeo en el que ensalzaba las virtudes del edificio privado y organizó visitas de los vecinos para ver la obra, ya equipada entonces con la última tecnología sanitaria.
En julio de 2017 José Manuel Pascual Pascual abría su hospital privado con 126 camas, 17 años después de presentarlo. Inicialmente estaba destinado a pacientes que apuestan por la sanidad privada. Meses después, la Junta anunciaba una sanción a la empresa por atender a pacientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sin cobrarles, supuestamente para forzar el concierto.
Nunca se supo si realmente pagó la sanción, pero en 2021 la Junta anunció un concierto económico con este centro hospitalario, que funciona casi como hospital semipúblico desde entonces, atendiendo urgencias y consultas con total normalidad, y sustituyendo, con financiación pública, el servicio que debería dar el hospital terminado en 2015 pero que nunca ha tenido carretera para poder llegar a él.
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