La Acampada Dignidad se acoge al uso social del Rey Heredia y pide al juez que archive el caso

Los últimos seis miembros de la Acampada Dignidad imputados por

la ocupación del colegio Rey Heredia en Córdoba han prestado declaración ante

el juez este lunes y han solicitado el archivo de la causa basándose en el “uso

social“ que se le ha dado al inmueble, abandonado desde 2011 y que ahora

alberga actividades de colectivos sociales y vecinos.

Los seis activistas, que se suman a las ocho primeras

personas que entraron el colegio el pasado 4 de octubre y que también fueron

imputadas por el juez, han reiterado que la ocupación del centro “nunca fue

para quedarnos con él, no es un robo“ ni se emplea como vivienda, sino que en el centro se vienen desarrollando decenas de actividades sociales como clases de apoyo

para menores y adultos sin recursos, la cocina abierta y el comedor social por

donde pasan cien personas a diario, la emisora Radio Dignidad, un punto de

información sociolaboral, acciones de terapia psicológica contra los efectos de la crisis y reuniones de colectivos

sociales y vecinales de la ciudad.

Así, han querido trasladarle al juez que “un posible

desalojo del Rey Heredia lo sufriría ahora mucha gente“, ha señalado el

portavoz de la Acampada Dignidad, Rafael Juan, uno de los seis activistas que

este lunes han prestado declaración en los juzgados, donde un centenar de

personas –entre ellos el ex alcalde de Córdoba Julio Anguita- les han mostrado

su apoyo.

“Hemos vuelto a ser personas”

“Hemos vuelto a ser personas”

“El Rey Heredia se ocupó ante la necesidad de la gente y los

oídos sordos que hacía el Ayuntamiento“, ha explicado su portavoz. ”Hemos conseguido

atender sus problemas, más allá de dar de comer a cien personas todos los días

o que sus hijos puedan estudiar allí por las tardes, les hemos escuchado y dado

apoyo cuando no encuentran un trabajo y no ven salida en la situación que

vivimos. Hemos vuelto a ser personas, nos dice mucha gente que es usuaria del

centro“.

E

n su opinión, “habría una gran preocupación y eso sí sería

un gran problema si esas personas ahora tuvieran que volver a su situación

anterior“, si el juez decidiese el desalojo del centro tras la denuncia que el

Ayuntamiento de Córdoba presentó por usurpación del edificio.

Estos seis activistas fueron imputados por el juez al ser

identificados por la Policía Nacional cuando los agentes se desplazaron al

colegio para elaborar un informe sobre la situación y actividad del centro a

petición del magistrado. “Nosotros no somos responsables”, han explicado. “Estábamos

allí de turno, como podían estar otras 400 personas que a diario pasan por el colegio“,

dice Rafael Juan al explicar que el Rey Heredia “funciona en asamblea, todo se

decide entre todos y no hay responsables“.

Junto a su declaración, los activistas han dado a conocer al

juez las más de 500 autoinculpaciones hechas por ciudadanos en apoyo a la

actividad desarrollada en el colegio que, junto a sus firmas, se han

fotografiado como en una ficha policial con el cartel 'Yo también ocupo el Rey

Heredia'.

Similitud con un reciente caso archivado en Asturias

Similitud con un reciente caso archivado en Asturias

Además de en sus propios argumentos, los imputados basan su

petición al juez para que archive la causa en un caso similar ocurrido recientemente en

Asturias, donde un juez acaba de ordenar el archivo del caso de la ocupación de un edificio, La Madreña, por “su uso social” y dado que “se están realizando actividades para fines

sociales en beneficio de la comunidad y que lo hace de modo adecuado, sin

causar daño o desperfecto alguno e impide que otro lo haga, tal y como

sucedería de encontrarse cerrado, en desuso o abandonado“

La similitud con

ese caso se da, a juicio de los activistas del Rey Heredia, tanto por el uso

s ocial que se le ha dado al colegio como por el cuidado del edificio, cuestiones ambas reconocidas además en el informe que realizó la Policía Nacional a

instancias del juez y en el que se avalaba el “uso eminentemente social” dado al centro cordobés.

Dicho informe

policial detalla, además, los “servicios” de comedor social, educativos, radio

y punto de información que se ofrecen en el Rey Heredia y abunda, en un

aparatado específico, acerca del “estado del inmueble”,

sobre

el que se señala que, “de lo observado” por los agentes en su visita al

colegio,

se aprecia que “los interiores (…) se

encuentran pintados y con un mantenimiento acorde a unas

dependencias

habitadas y cuidadas“, que se corresponden con las zonas

habilitadas

por la Acampada Dignidad para las distintas actividades que allí

tienen

lugar, mientras que el exterior del edificio mantiene “grietas y desconchones” propios del abandono en el que estaba el inmueble.