El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos desveló este martes, casi sin darse cuenta, el primer recorte de gasto social en los próximos Presupuestos Autonómicos para 2019 que, aparentemente, repercutirá en el bolsillo de las familias andaluzas: “Una subida del precio-plaza por alumno en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, congelado desde hace una década en 278,88 euros al mes” por el anterior Gobierno socialista; y una limitación de la gratuidad de estas guarderías “a un tramo de seis horas”, dos horas menos del máximo legal de permanencia de un niño en el centro (pensado para la conciliación familiar).
El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla no presentará su primer presupuesto autonómico hasta junio, hasta que hayan pasado las elecciones generales del 28 de abril y las municipales del 26 de mayo. Pero el “desliz” avanzado por la Consejería de Educación ha servido de dinamita al PSOE de Susana Díaz para denunciar “los primeros recortes sociales a las familias más necesitadas, mientras se exime de pagar el impuesto de sucesiones y donaciones a los más ricos”. “Es una salvajada y un engaño”, dijo la ex presidenta andaluza. Ocho horas después de que este periódico avanzase la noticia, la Consejería de Educación explicó en la red social Twitter que retiraba la medida “por no contar con margen presupuestario”. Fuentes del Ejecutivo andaluz admiten el “impacto político negativo” de la medida y “errores graves de comunicación política”. Desde Presidencia aseguran que “en ningún momento se ha barajado que lo paguen los padres. Se ha explicado mal”.
El anuncio lo ha hecho el consejero de Educación y uno de los fichajes estrella de Ciudadanos, Javier Imbroda, al presentar un anteproyecto de ley de apoyo a las familias en materia educativa que, paradójicamente, promete la gratuidad del primer ciclo de Infantil, de 0 a 3 años, “antes del final de la legislatura, para el curso 2023-2024”. Hasta entonces, su departamento ha acordado con las principales asociaciones que representan al sector de Infantil y con los sindicatos la subida inmediata -en el primer semestre de 2020- del precio plaza por alumno, con el fin de “mejorar la financiación de las escuelas infantiles adheridas al convenio con la Junta, para evitar así la destrucción de empleo en este sector”.
El pasado 7 de marzo tuvo lugar una reunión de la Mesa de Infantil, presidida por la viceconsejera Marta Escrivá, con las seis asociaciones que aglutinan a las guarderías convenidas, más los sindicatos y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). En ese encuentro, según varios de los presentes, la consejería anunció una subida del precio de la plaza del 5%: “14 euros por niño”, negociado dentro de un “severo plan de ajuste impuesto por la Consejería de Hacienda para los próximos presupuestos. Imbroda no quiso cifrar el martes en cuánto subiría el precio de la plaza, aunque aclaró que se compensaría con una ”mejora de las bonificaciones“ que perciben algunas familias sin detallar cómo.
La promesa de Imbroda de universalizar la gratuidad del primer ciclo de Infantil “a largo plazo” quedó eclipsada por el anuncio de una subida del precio-plaza por alumno “a corto plazo”, que fue la información que recogió este periódico. Este mismo lunes se había abierto el periodo de escolarización en las guarderías andaluzas para el curso 2019-2020 en el que, en teoría, el coste de la matriculación por alumno ya sería mayor. El confuso anuncio del consejero desató un “pequeño caos” dentro del Gobierno de coalición, que se apresuró a matizar que “no subirá el coste de la plaza a las familias, sino a la gestión” que desempeñan las escuelas. Desde la Consejería de Presidencia, gestionada por el PP, trataron de matizar el mensaje del titular de Educación (de Ciudadanos), a pesar de que la propia Oficina del Portavoz de la Junta había difundido una nota informativa subrayando la subida del precio plaza “por alumno”, fijado en 278,88 euros.
Este periódico esperó ocho horas, desde las 15.00 horas de la tarde hasta pasadas las 21.00 horas de la noche, para recibir una explicación de la Consejería de Educación que nunca llegó. En ese impasse, el mismo departamento se puso en contacto con asociaciones del sector de escuelas infantiles para anunciar una “corrección” al anuncio hecho horas antes por el consejero. “La Consejería de Hacienda nos ha autorizado una partida extraordinaria, el gasto de la subida lo asumimos nosotros, en ningún caso las familias”, explican fuentes de la patronal.
Pasadas las nueve de la noche, la Consejería de Educación publicó finalmente un hilo en su cuenta de Twitter para rectificar el anuncio de Imbroda: “En el curso 2019-20 no habrá aumento del precio-plaza por alumno respecto al curso anterior ni mejora de las bonificaciones a las familias por no contar la Consejería de Educación con margen presupuestario”. Se confirmaba entonces la consignación de una “partida presupuestaria para el pago de la gestión de estos centros”, pasando de los 8,5 millones actuales a al menos 13,8 millones “extraordinarios, que equivalen al 5% del aumento del precio plaza y que asume la consejería”. Y añadía: “En el curso 2020-21, las subidas de las bonificaciones cubrirán en todos los casos el aumento del precio-plaza, de tal forma que en ningún caso ninguna familia pague más que el curso anterior”.
Reunión con las familias
En menos de nueve horas, el Gobierno andaluz ha pasado de anunciar una “medida estrella” -la gratuidad de la escuela infantil en cuatro años- a frenar en seco la anunciada “subida del precio de la plaza por alumno” en guarderías. La medida, desmontada 'oficialmente' por falta de presupuesto, había encendido las redes sociales, y generado una gran incertidumbre en el sector y en las familias. Pero sobre todo se había convertido en un inesperado misil en la línea de flotación del primer Gobierno de PP y Ciudadanos, referente para los líderes nacionales de ambos partidos en las elecciones generales de final de mes.
Desde la patronal del sector de Infantil advierten de que “a no ser que la Junta asuma la subida, esa cuantía repercutirá en las familias”. El ajuste previsto está muy sujeto a las condiciones impuestas por la Consejería de Hacienda para cuadrar el Presupuesto de 2019. Hace unos días, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, se reunió con el resto de miembros del Gobierno para exigirles un recorte del 5% en el capítulo de gasto corriente y una limitación en la contratación de bienes y servicios. En teoría se había dejado exento del recorte a los servicios esenciales, como Sanidad, Educación o Dependencia.
El otro ajuste “encubierto”, según las guarderías, es el de la limitación de la gratuidad en las escuelas infantiles al tramo de seis horas. La Consejería habla de acotar la gratuidad prometida a “franjas horarias establecidas por consenso con el sector, mientras el resto de tramos se considerarán servicios complementarios, con gratuidad o bonificaciones en función de renta familiar”.
Actualmente el horario de las escuelas infantiles excede con mucho las seis horas: abren a las 7.30 de la mañana hasta las 17.00 horas de la tarde. Ningún niño puede permanecer más de ocho horas en el centro, según la normativa, pero al acotar el margen de la gratuidad, “se condicionará el coste de los centros y la capacidad de conciliación laboral de las familias”.
La rebelión infantil contra Susana Díaz
El coste de la plaza en una escuela infantil conveniada por la Junta de Andalucía es, desde hace diez años, de 278,88 euros al mes con comedor escolar (207 euros sin comedor). Actualmente, el 44,5% de las familias con rentas bajas percibe una bonificación del 100%, es decir, no paga nada por tener a su hijo en una guardería. El 43% percibe algún tipo de bonificación que abarata el coste de la plaza -entre el 10 y el 80%- del precio público (también según niveles de renta), y el 12% abona íntegramente los 278,88 euros.
Los baremos de medición de renta no han cambiado desde 2009, en plena crisis económica. Por ejemplo, una familia con ingresos anuales inferiores a 14.910 euros al año (un sueldo mensual de 1.242 euros netos) se beneficiaría del 100% de las ayudas (no pagaría nada), algo menos de la mitad del alumnado. Por encima de ese salario, una familia de cuatro miembros percibiría el 70% de esa bonificación. A partir de unos ingresos anuales de 42.000 euros (con salarios de 3.500 euros al mes), no se tendrá derecho a ninguna ayuda.
En Andalucía hay cerca de 2.000 escuelas infantiles, la mayoría conveniadas por la Junta y sujetas a precios públicos. En el curso 2019-2020 se contará con 118.804 puestos escolares, lo cual cubre el 48,57% de la población escolar de 0 a 3 años. El primer ciclo de Infantil es una etapa educativa no obligatoria ni subvencionada en todos los casos, pero la apuesta por universalizar la escolarización gratuita se impone, tanto por la importancia en el desarrollo cognitivo de los pequeños, como por la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y madres.
En los últimos diez años en los que el precio público ha estado congelado, el sector de las empresas que gestionan las guarderías conveniadas por la Junta -unos 15.000 trabajadores- ha presionado para que se subiera, aduciendo que el precio de la plaza no respondía a su coste real, que no era rentable para ellos seguir sujetos al convenio. En 2011, la Consejería de Educación impulsó un grupo de trabajo con la Mesa de Infantil que concluyó, entre otras cosas, que el coste estimado de mantener una plaza en una guardería rondaba los 350 euros. Pero durante la crisis, el anterior Gobierno del PSOE siempre fue renuente a elevar el precio público a las familias.
En 2017, el sector de Infantil -patronal, sindicatos, asociaciones de padres y madres de alumnos- se puso en pie de guerra contra el decreto de la Consejería de Educación que pretendía liberalizar este nivel educativo. A pesar de las protestas y de la recogida de 67.000 firmas en contra del nuevo modelo de financiación de escuelas infantiles y del paro patronal convocado, el Gobierno de Susana Díaz consiguió que el 98% de las escuelas infantiles ya conveniadas, o que rechazaban el decreto, se adhierieran al nuevo convenio por miedo a perder las subvenciones. La Junta lo sacó adelante por la vía del decreto ley, sin el consenso del sector y sin necesidad de convalidación previa del Parlamento. La Cámara lo aprobó con los votos de PSOE y Ciudadanos, entonces socios de legislatura, y con el rechazo de PP, Podemos e IU.