CASO ERE
De los exconsejeros condenados a pena de cárcel por el caso de los ERE, a esta hora ya se encuentran tres en prisión. El tercero en personarse de forma voluntaria el día en que finaliza el plazo voluntario que les concedió la Audiencia de Sevilla para su ingreso en la cárcel ha sido el exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera. Empieza así a cumplir la sentencia de siete años y un día de prisión impuesta por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por un delito de malversación de caudales públicos.
La primera en hacerlo fue la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, a quien le ha seguido ya en el arranque de 2023 el de Empleo, Antonio Fernández. La situación de estos exconsejeros es similar a la que pesa sobre otros tres condenados por el mismo caso: el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, el exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano.
Todos ellos, deberán entrar voluntariamente también en prisión antes de que finalice el 2 de enero para cumplir así con penas que oscilan entre los seis y los siete años. En cambio, de los exaltos cargos de la Junta condenador por los ERE, dos no pisarán por el momento la cárcel por motivos de salud. Es el caso del ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, y del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán.
Este último, en concreto, está a la espera de que le dispensen de cumplir su pena de privación de libertad por un cáncer que padece y por el que se está tratando. La defensa de Griñán alegó que al mismo le ha sido diagnosticada recientemente una enfermedad grave sobrevenida, solicitando de nuevo la suspensión del plazo de ingreso en prisión respecto a este encartado, con arreglo a tal motivo.
Ante ello, y una vez vista la documentación médica aportada por la representación de Griñán, la Sección Primera de la Audiencia ordenaba que un forense del Instituto de Medicina Legal examinase la documentación e hiciese un reconocimiento a Griñán en caso de ser necesario, para que emitiese un informe “valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito”.
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