La página web de Instituciones Penitenciarias informa de que el Centro Penitenciario Málaga II, en Archidona, tiene 102.232 metros cuadrados en una parcela de más de 361.000, dispone de 1.008 celdas y otras 186 complementarias y se construyó en 2017. Sin embargo, al menos este último dato no es correcto: las obras de la cárcel de Archidona terminaron en marzo de 2013. Este lunes, cinco años después, fue inaugurada por el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto.
El proyecto tiene su origen en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que pretendía descongestionar la prisión de Alhaurín de la Torre con una nueva prisión que diese cabida a unos 2.000 reclusos. Las obras comenzaron en 2010 y dos años después de terminada, en 2015, el Gobierno advirtió de que tenía un fallo: carece de torre de vigilancia. Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias, mostró entonces su disgusto por una carencia “sustancial”, alegó que el fallo ya no se podía corregir y confió en que no sería un problema porque “vivimos una época relajada con una falta de incidentes colectivos graves”. Esta carencia se suple con equipos informáticos más sofisticados.
La cárcel de Archidona costó 117 millones de euros, según informó en su día El País, y ha permanecido vacía cinco años, con el consiguiente coste de mantenimiento. Por ejemplo: no albergaba un solo preso, pero se iluminaba cada noche por motivos de seguridad. En mayo de 2014 el Gobierno, a través de la Sociedad de Infraestructuras e Equipamientos Penitenciarios, adjudicó un contrato para vigilancia de la parcela, guardería de las edificaciones y mantenimiento de las instalaciones. El precio a pagar por el Estado por dos años de estos servicios (prorrogables dos anualidades más) era de 1.636.000 euros, más IVA. Algo más de 68.000 euros al mes. A esto hay que sumar el equipamiento, para el que en principio se presupuestaron unos seis millones de euros.
Con agua de un pozo y la mitad de los funcionarios, cinco años después
A pesar de la inauguración oficial, los sindicatos siguen denunciando deficiencias elementales. José Luis Pascual, presidente del sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP, explica que los 60 funcionarios que, aproximadamente, trabajan en Archidona desde hace semanas no tienen ordenadores, y que el centro carece aún de líneas de teléfono. “Es irrisorio que no tengamos los medios materiales para trabajar. La planificación no puede ser peor”, protesta.
La prisión se abastece del agua de un pozo cercano, que debe ser potabilizada para su consumo. Se desconoce la capacidad del pozo, y aún no se ha firmado el convenio que debe establecer cuánto pagará la prisión al ayuntamiento en concepto de canon. Pascual cree que es temerario abrir una prisión sin tener garantizado el suministro de agua.
A estas dificultades de intendencia se suma la cuestión laboral. Desde que se finalizó la construcción estuvo claro que el gran obstáculo para la apertura sería realizar la oferta pública de empleo para cubrir las plazas de funcionarios del centro. Hasta marzo de 2016 no hubo convocatoria para funcionarios de instituciones penitenciarias. De las 608 plazas convocadas entonces, una parte importante se ha destinado a Archidona, donde trabajarán inicialmente 248 funcionarios, según los sindicatos, con la previsión de aumentar la plantilla a alrededor de 500 cuando la cárcel esté a pleno rendimiento.
Pascual asegura que con la habilitación temporal de la cárcel como CIE, el pasado noviembre, se conculcaron derechos laborales de los trabajadores que ya habían obtenido su plaza, y “que durante meses no sabían si podían trabajar aquí o debían buscarse otro destino”. Además, el presidente de ACAIP cree que la apertura al 50% no servirá para paliar la masificación de los centros de alrededor.
El negro antecedente como CIE
El negro antecedente como CIELa inauguración como cárcel llega después de que el centro se utilizara como CIE desde finales de noviembre hasta el pasado 10 de enero. Allí fueron recluidos 572 migrantes argelinos que habían llegado a las costas de Murcia y Almería entre el 16 y el 20 de noviembre. El 29 de diciembre, Mohamed Bouderbala fue encontrado muerto en el interior de una celda. Desde el comienzo de su internamiento, partidos políticos, ONGs, sindicatos, activistas y el Defensor del Pueblo denunciaron la carencia de servicios básicos (como agua potable, calefacción o asistencia sanitaria suficiente). Los primeros días Interior obvió que el centro de Archidona era, en realidad, una cárcel.
En uno de los autos de internamiento, la jueza del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Lorca (Murcia) acordaba internar a un argelino en el “Centro Temporal de Inmigrantes de Archidona, dependiente del Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga”. Lo cierto es que no existe tal centro temporal, ni un centro de internamiento en Málaga. Esta confusión motivó incluso una querella contra altos responsables de Interior, interpuesta ante un juzgado de Vera (Almería) por ACAIP. El sindicato entendió que la mano del gobierno estaba tras el “error” de los jueces que acordaron el internamiento de los migrantes en un CIE que en realidad era una cárcel. Según esa querella, Interior habría facilitado información falsa a los jueces. El archivo en primera instancia de esa querella ha sido recurrido por ACAIP.
Sí existe una cárcel, inaugurada ayer, y de la que José Antonio Nieto dijo que está pensada para “brindar un camino de progresión” a los reclusos. Las más de 1.000 celdas estarán repartidas en doce módulos “residenciales”, otro de régimen cerrado, otro de ingresos, salidas y tránsitos, y otro de enfermería. Hay, además, un edificio de uso sociocultural y deportivo con aulas para la formación de internos, biblioteca, polideportivo y gimnasio. Interior destaca el uso de “materiales en tonos claros” para integrar la cárcel “con la arquitectura de los pueblos de su entorno”.
La cárcel la dirigirá Noelia Moreno. Los vecinos de Archidona podrán visitar la cárcel este martes y mañana miércoles. Interior ha programado unas “jornadas de puertas abiertas”, aprovechando que la llegada del primer recluso no está prevista hasta el 6 de marzo.
Funcionarios de prisiones convocados por UGT, CCOO y ACAIP han protestado a las puertas del Centro Penitenciario Málaga II. Durante la protesta se ha producido un altercado con los guardias civiles que habían acordonado a los manifestantes del acceso de las autoridades, entre las que estaban el secretario de Estado de seguridad, José Antonio Nieto, y el subdelegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. José Luis Pascual, presidente de ACAIP, ha sufrido un corte de un centímetro en la mano derecha, según el parte médico que ha mostrado a eldiario.es Andalucía.
La concentración había sido convocada para protestar contra el uso “cuanto menos irregular” de la cárcel como CIE, según la notificación que se dirigió al delegado del Gobierno en Málaga, encargado de autorizarla. Miguel Briones, delegado del Gobierno, resolvió prohibir la manifestación, amparándose en un informe de la Guardia Civil que alertaba de que ocupar la carretera de acceso impediría el paso de las autoridades, “con las molestias y trastornos que ello implicaría”. Sin embargo, un auto del TSJA corrigió al delegado y autorizó la concentración.
Según José Luis Pascual, la Guardia Civil ha confinado a los manifestantes a una acera. “Tenía órdenes expresas de no dejarnos ejercer nuestro derecho”, protesta Pascual, que critica que se haya usado la fuerza para “garantizar la tranquilidad de las autoridades”. “Ni siquiera nos dejan ejercer nuestro derecho después de ganar ante el TSJA. Es la forma y talante de la secretaría general de instituciones penitenciarias”.