Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009 (la exministra Magdalena Álvarez, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo) la ausencia de “las medidas necesarias” por su parte para solucionar y erradicar las “irregularidades” detectadas en las fórmulas usadas para la partida presupuestaria 31L, investigada por la jueza Mercedes Alaya en el caso ERE.
Desde el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, investiga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria de la que partieron cuantiosas subvenciones para las rentas de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y ayudas directas a consistorios y empresas, muchas de ellas relacionadas con miembros del PSOE. Las subvenciones en cuestión ni siquiera habrían sido publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y habrían carecido de la correspondiente fiscalización, siempre según el informe, publicado este fin de semana por los diarios de el grupo Joly y El País.
En el marco de estas diligencias, la Intervención General del Estado ha remitido a la jueza un informe pericial de más de 8.000 folios acerca de los métodos utilizados para administrar y canalizar, en el plano burocrático, las subvenciones emanadas desde la partida presupuestaria 31L. Dicho informe considera “inadecuada e improcedente” la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas, de las que se nutrieron ERE con irregularidades como la innecesariedad de una reestructuración laboral como tal o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas, entre otros aspectos.
Señalando el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, el citado informe reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de esa etapa la no adopción de las “medidas necesarias” al respecto. Tampoco constaría, según el informe que los entonces consejeros “hayan dado cuenta al Consejo de Gobierno de aquellos resultados contenidos en los informes emitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía que, por su interés y repercusión, deben ser destacados, según lo dispuesto en los artículos 52, tres y 57, tres, del decreto 149/1988, por el que se aprueba el reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía”. Es más, el informe señala que la Intervención General de la Junta de Andalucía “puso de manifiesto que el IFA /IDEA participaba, como entidad colaboradora, en un sistema irregular de gestión de subvenciones mediante el pago de las ayudas”.
Otra conclusión es que el interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, que está imputado en la causa, debió haber emitido el informe de actuación que hubiera paralizado el pago de las ayudas, ya que las actuaciones del IFA podían “ocasionar menoscabo de fondos públicos”. Los peritos sostienen que “se prescindió absolutamente del procedimiento” para otorgar las ayudas y elegir las empresas beneficiarias.