Meses después de que el Parlamento de Andalucía aprobara una proposición no de ley (PNL) de la oposición en bloque para que se rescatara el servicio de atención telefónica del 061, la Junta de Andalucía ha autorizado a EPES (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias) a contratar estas tareas cuando caduque el presente contrato -31 de diciembre de 2016- por dos años y prorrogables a otros dos.
Cabe recordar que el pleno del Parlamento de Andalucía aprobó en diciembre de 2015, con los votos a favor de los cuatro grupos de la oposición (PP-A, Podemos, C's e IU) una PNL por la que instaba a la Junta de Andalucía a adoptar “las medidas necesarias” para que la gestión fuera prestada directamente por EPES a partir del 1 de enero de 2017, una vez vencido el contrato vigente con la empresa que lo tiene adjudicado, punto contra el que se pronunció el PSOE-A.
La PNL pedía expresamente la subrogación del personal actual de la contrata, de 2014, y que lleva tiempo inmerso en conflictos laborales denunciando las deficiencias del servicio y las condiciones en las que desarrollan su tarea.
Diputados de los cuatro grupos de la oposición defendieron la propuesta. Por el PP-A, Rosalía Espinosa ensalzó la labor de “los grandes profesionales del 061 que, con faltas medios y a pesar de las condiciones laborales, le salvan la cara a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Salud”.
En términos parecidos se expresó Jesús Rodríguez (Podemos): “La calidad del servicio lleva meses en juego y el Gobierno de Andalucía no ha intervenido, sino que han sido los empleados las que han puesto en riesgo su trabajo para sacar adelante una tarea que no es cualquiera”.
Mientras, José Antonio Castro (IU) criticó que la externalización, “que es un eufemismo de privatización”, sea “un negocio redondo porque tienen en cuenta el beneficio económico pero no el beneficio social, por lo que baja la calidad y aumentan el precio”.
También a favor de la PNL, Isabel Albás (C's), expresó que su partido defiende la colaboración público privada “siempre que proporcione el mejor sistema posible, cuando suponga un mejor servicio para los andaluces y un ahorro para la administración”, y para eso “todas las adjudicaciones deberían ser llevadas con un control absoluto”.
La aprobación de la PNL arrancó los aplausos de una representación de trabajadores del 061 que siguieron el pleno desde la tribuna de invitados. Sin embargo, el Consejo de Gobierno autorizó el pasado 19 de julio autorizar a EPES “la contratación de las tareas de operación y supervisión técnica de estos servicios por un importe de 19,42 millones de euros”, con el fin de sustituir el contrato suscrito en 2015.
Más de un año de conflicto laboral
Desde la Junta de Andalucía han defendido que el objetivo es garantizar el servicio a las llamadas con las que la ciudadanía contacta con los centros de coordinación de urgencias y emergencias y que desde su constitución en 1994, EPES “contrata estos trabajos con empresas especializadas en atención telefónica”.
La conflictividad laboral en este servicio viene de lejos, con más de un año de encierro en el caso de Málaga, que con Cádiz focaliza el conflicto laboral. El éxito más reciente de la plantilla fue cuando el Juzgado de lo Social número 1 de Málaga dio la razón al comité de empresa en Málaga de Ilunion Emergencias (antes MKPlan21), gestora del servicio. Según el juzgado, MKPlan21 vulneró el derecho de libertad sindical de los trabajadores miembros del comité de empresa cuando trató de impedir su entrada fuera de los horarios de trabajo y los sancionó. Por ello condenó a la empresa a permitir su acceso y a indemnizarles con 1.200 euros a cada uno.
Los trabajadores denuncian que sufren “abusos e incumplimientos de las condiciones laborales pactadas”, regidas a su vez por el convenio colectivo que se aplica a los trabajadores de telemarketing. Desde hace meses reivindican el cumplimiento inmediato, la elaboración de un convenio colectivo específico y, a medio plazo, su incorporación a EPES. Desde que comenzó el conflicto laboral nueve trabajadores entre Málaga y Cádiz han sido despedidos, según CGT, sindicato que abandera esta lucha y que incluso apunta que CCOO y UGT han mirado para otro lado en la cuestión.