IU ha pedido este miércoles la dimisión del presidente de la comisión de investigación sobre las subvenciones de formación profesional para el empleo, el diputado de C's Julio Díaz, porque ha incluido en su propuesta de dictamen un documento de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), vinculada a dicho partido y de la que es miembro Luis Garicano, el economista de referencia para los de Albert Rivera.
En opinión de José Antonio Castro, portavoz de IU en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía hace año y medio, es “inadmisible” que la ponencia esté “llena de plagios”, refiriéndose expresamente a aportaciones que ha incluido Julio Díaz sin estar “debidamente referenciadas”.
En concreto, el diputado de IU ha hablado de “corta y pega” en los puntos 1 y 4 del borrador, con artículos de distintas revistas del texto Políticas activas de empleo: una panorámica, elaborado por Sara de la Rica para Fedea. También hay párrafos de La teoría de la agencia de Sánchez Dios, entre otros.
Por eso, José Antonio Castro le ha pedido a Julio Díaz la retirada de estos párrafos e incluso que se plantee su continuidad al frente del cargo: “No estamos dispuestos a votar un posicionamiento ideológico de la fundación de pensamiento de Cs”, ha censurado el diputado de IU.
Por su parte, el portavoz de C's en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín, le ha restado importancia a estas acusaciones y ha comentado que Julio Díaz ha tenido bastante con su “santa paciencia” en la presidencia del órgano. Juan Marín entiende que el borrador que ha propuesto, y a la que los grupos han presentado unas 500 alegaciones el pasado lunes, fecha tope para hacerlo, “debe ser muy bueno cuando ha cabreado a todo el mundo”. De hecho, ha recordado que hasta C's ha presentado su propias alegaciones, si bien en este caso se trata de cuestiones de forma y no de fondo como reconoció su parlamentaria Marta Bosquet.
Mientras, Podemos comparte la percepción de la coalición de izquierdas a la hora de rechazar este contenido: “Si se constata, compartimos la exigencia de IU”, ha apuntado Esperanza Gómez, para quien la situación es “grave” después de dos meses y medio que ha tenido Julio Díaz para hacer su propuesta a partir de las conclusiones de todos los grupos.
“Para nosotros lo más relevante son las conclusiones de la comisión de investigación”, ha opinado en cambio Carmen Crespo, portavoz del PP, evitando con ello entrar a valorar si hay que pedir la dimisión de Julio Díaz o hablar de plagio. Pese a que no le parece bien que la ponencia incluya un documento de C's, ha comentado que su grupo ya advirtió de que “todo el contenido se parecía más a una exposición ideológica de este partido que a un resumen de lo que había dado de sí la comisión de investigación”.
“El PSOE no se va a pronunciar sobre las declaraciones que hayan hecho ningún otro grupo”, ha replicado por su parte la diputada de esta formación Noelia Ruiz. “Ha habido un periodo de alegaciones en el que todos los diputados que han participado en esa comisión de investigación han presentado las suyas”, ha zanjado.
Cabe recordar que tras las alegaciones que han presentado estas semanas los distintos grupos, se abre un plazo ahora para incorporarlas o no a la propuesta de dictamen, tras lo que la comisión de investigación estará en condiciones de elevar unas conclusiones para su debate en el pleno, donde en principio no se ve opción de consenso. En este sentido, el PSOE, que gobierna en minoría, insiste en no reclamar ninguna responsabilidad política, mientras que C's pone el tope en los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y el resto (PP, Podemos e IU) la elevan hasta su sucesora, Susana Díaz.
Esta comisión de investigación, cuyo dictamen podría someterse a votación en pleno este mes, fue creada en octubre de 2015 para estudiar el supuesto fraude con estos fondos públicos desde el año 2002 hasta la actualidad, si bien desde 2011 no se han vuelto a convocar subvenciones y no ha sido hasta finales de 2016 cuando se han retomado. Durante todos estos meses, se ha solicitado diferente documentación para su estudio a fondo y se ha pedido la comparecencia de 69 personas, incluida la propia Susana Díaz y sus predecesores en el cargo.