IU ha repartido la responsabilidad sobre la continuidad de su pacto con el PSOE-A en el Gobierno de Andalucía -del que se han cumplido recientemente dos años- entre sus socios, a los que retará con la petición de una comisión de investigación sobre la corrupción, y sus militantes, a los que convocará a un referéndum, si no se produce un avance en cinco normas que consideran fundamentales. Eso lo que se ha decidido este domingo por prácticamente las tres cuartas partes de los delegados convocados en la primera asamblea de balance de legislatura a la que se somete un partido en este país, y en la que IU ha reunido a medio millar largo de militantes y simpatizantes en Bormujos (Sevilla).
No era una asamblea propiamente dicha, por lo que no tenía poder ejecutivo, sino lo que se ha venido en definir por algunos de los presentes como “un consejo ampliado”, pero el documento que se ha aprobado tras cuatro horas de trabajo supone una auténtica declaración de intenciones de la coalición de izquierdas cuando las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y los partidos tradicionales están tomando posiciones para hacer frente al fenómeno Ganemos. De este modo, la formación está dispuesta a pasar a la “ofensiva” y “presionar” a sus socios para reivindicarse en el Gobierno de Andalucía y poder presentarse a su electorado con resultados que le convenzan.
El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, encargado de presentar un documento de conclusiones que recogiera el resultado de que las tres comisiones que han estado debatiendo toda la mañana y sin ocultarse a la prensa, ha logrado asumir gran parte del sentir de la formación, donde cada vez son más voces las que se levantan cuestionando el pacto con el PSOE-A. Desde los clásicos como la CUT, a la que nunca le ha gustado, hasta los más recientes que se han ido adhiriendo a un manifiesto que ha promovido el que fuera coordinador general de IU Julio Anguita.
“Sin miedo”, ha dicho en defensa de estas propuestas que han cogido por sorpresa a las corrientes más críticas de la coalición de izquierdas que, con en torno a un 25% de fuerza, llevaban días presionando para conseguirlo y habían dado por sentado que no iban a ser escuchadas. Incluso desde la CUT habían barajado este domingo dejar el cónclave porque no se había aprobado votar por separado estos asuntos en lo que creían una encerrona del PCA, la fuerza mayoritaria, para abortar este debate. Estas mismas corrientes habían criticado también que el congreso se celebrara a finales de año y no tras las elecciones municipales de mayo de 2015 para evaluarse después del examen de las urnas, pero al final se hará en cierta medida porque IU pretende dar continuidad a este modelo.
Lo primero que ha anunciado el líder de IU, antes de la comisión de investigación y el referéndum, ha sido la petición de un pleno extraordinario sobre la corrupción en enero, una propuesta similar a la que ya había salido desde el PP-A, pero ha insistido en que ellos no van a seguir el juego de la oposición. La diferencia ha prometido explicarla, igual que el contenido de la comisión de investigación, dado que hasta ahora se habían hablado que fuera sobre el fraude de formación, pero él ha mencionado otros escándalos como la operación Madeja o las implicaciones en Andalucía del caso Gürtel. Quiere, eso sí, que no sea como la del caso ERE -la primera que celebraba el Parlamento de Andalucía después de 17 años- y que salgan “responsabilidades políticas” y un marco normativo para combatir la corrupción. Esa comisión de investigación se propondría, si el marco lo permite, en el pleno extraordinario de enero.
Ya hace unas semanas el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, había avisado de que no se descartaba “en absoluto” una petición de comisión de investigación, e incluso había augurado que el PSOE-A tendría “muy difícil” justificar una ruptura por esta propuesta. El escenario ya está servido. IU va a jugársela con esta propuesta, de cara a llegar un electorado que cree que está perdiendo por su connivencia con los socialistas, y sus socios tendrán que ver si asumen el desgaste de otra comisión de investigación o rompen con ellos. Hay quien dice que esto le pone en bandeja a la presidenta, Susana Díaz, sus aspiraciones para saltar a Madrid, dado que una crisis con IU la obligaría a un adelanto electoral y habría cumplido con su palabra de someterse primero al test de las urnas en su tierra.
Pero el PSOE-A no puede romper el pacto argumentando que no quiere arrojar luz sobre un pasado de corrupción, cosa que además defiende que ya se está haciendo, sino que si decidiera hacerlo, sería buscando otro motivo, como puede ser el simple, pero no menos importante, de pérdida de confianza entre las dos fuerzas que sustenta el gobierno de la comunidad autónoma más poblada del país. De momento, el PSOE-A, por boca de su secretario de Organización, Juan Cornejo, avisaba horas después de conocerse el resultado de esta reunión de IU, que no iban a “consentir ningún elemento de inestabilidad”. De hecho, no ha dejado de sorprenderles el viraje de sus socios, pese a que éstos llevaban semanas avisando de por dónde iban los tiros.
Y también porque la parte institucional, con el vicepresidente Diego Valderas como máximo representante, ha insistido en frenar estas arriesgadas operaciones entendiendo que IU ha logrado mucho tocando poder por primera vez a este nivel. Y si acaso, como manifestaba el propio Diego Valderas este domingo, han errado en la política de comunicación, cuando ni siquiera los suyos son conscientes de hechos que IU se atribuye como propios, tales como el mantenimiento de todos los servicios públicos en Andalucía en medio de una pérdida generalizada de derechos en el conjunto del país o las políticas en materia de transparencia, participación ciudadana y lucha contra la corrupción.
Las cinco condiciones
Sobre el referéndum, Antonio Maíllo lo ha condicionado al balance que se haga en junio del cumplimiento del pacto en cuanto a los compromisos legislativos. En concreto, ha citado como claves las siguientes normas: banca pública, de la que ya se ha aprobado el anteproyecto de ley; Ley de Agricultura, todavía en redacción y donde debería incluirse el banco de tierras; reforma de la Ley de Igualdad y contra la Violencia de Género; renta básica, de la que ya hay conclusiones de grupo de trabajo creado en el Parlamento de Andalucía, pero no se ha hecho una ley; y decreto de garantía de suministros vitales, en el que la Junta de Andalucía tendría margen en el caso del agua, pero la energía eléctrica sólo podría propiciar un debate a escala nacional. Este último no está en el pacto.
En todo caso, pese a que Antonio Maíllo ha recogido el guante lanzado por los más críticos dentro de IU, no ha conseguido unanimidad en la votación del documento con las propuestas -hay otras pero éstas dos son las principales- que ha tenido lugar poco antes de las 15.00 horas: 295 votos a favor, 67 en contra y 21 abstenciones. Esto arroja un respaldo superior al 75% y más de 10 puntos por encima del resultado que había obtenido el documento que inicialmente se había sometido a la votación de 168 asambleas a lo largo de toda la comunidad autónoma, pero donde no estaban estas medidas de corte rupturista. De todas maneras, esa falta de un respaldo mayor se explica porque ha decepcionado a los que querían votar ruptura con el pacto ya.
Para ellos, Antonio Maíllo ha insistido en que el pacto no era “el objeto del debate”, recordando que en su día se firmó tras ser votado por la mayoría de IU, controlada por un PCA convencido de que en el poder han podido hacer más cosas que fuera. De hecho, en IU eran muchos los que este domingo recordaban como, a diferencia de en el resto del país, en Andalucía las encuestas les auguran una subida. Por ello, durante las comisiones de este domingo, los cargos institucionales han hecho un esfuerzo didáctico para insistir en los logros que atribuyen a su partido en el Gobierno de Andalucía. En este sentido, Antonio Maíllo ha insistido en hablar en presente, y ahora mismo están en el gobierno, donde incluso ha dejado abierta la posibilidad de algún cambio entre sus consejeros, lo que ha desatado las especulaciones sobre la continuidad por ejemplo de Diego Valderas.
Este congreso ha servido también para pulsar el respaldo a la gestión de Antonio Maíllo, dado que fue elegido con el 83,8% de los votos hace año y medio, y esta vez ha tenido que lidiar con el desgaste de dos años de gobierno que para muchos en IU están siendo frustrantes, entre otras cosas porque creen que el “exceso de personalismo” de Susana Díaz los anula, mientras ello se han quedado sin el discurso de fuerza que es alternativa, porque se lo ha quitado Podemos, y sobre todo, porque están gobernando.