Las izquierdas andaluzas quieren dar portazo a la vía de la negociación parlamentaria con PP y Vox para reformar la polémica proposición de ley para regularizar regadíos en la Corona Norte de Doñana. “No se puede negociar sobre ilegalidades”, había advertido por la mañana la ministra Teresa Ribera, amenazando al Gobierno de Juan Manuel Moreno con cargarle la factura de las sanciones millonarias con las que la Comisión Europea amenaza a España si prospera su iniciativa.
En esa misma línea, PSOE y Por Andalucía -socios en el Gobierno de España- han decidido por separado no presentar enmiendas particulares a la proposición de ley de PP y Vox, después de que el comisario europeo de Medio Ambiente advirtiera este lunes por escrito a la Junta de que la iniciativa “deterioraría” aún más el mayor humedal de Europa. El grupo mixto Adelante Andalucía no ha descartado del todo proponer enmiendas, pero también estudia “cómo evitar que salga adelante” la ley.
Las tres izquierdas están en minoría en el Parlamento andaluz, frente a los 73 diputados que suman PP y Vox. Pero al boicotear la tramitación ordinaria de una proposición de ley, negándose a proponer cambios vía enmiendas, creen estar privando a Moreno de su “coartada” ante Bruselas. “La ley no es del Gobierno, es del Parlamento”, dejó escrito el presidente andaluz en una carta dirigida a las autoridades europeas, fechada el mismo día en el que la Cámara aprobó la toma en consideración de la misma.
PSOE, Por Andalucía y Adelante impugnan el procedimiento elegido para sacar adelante esta medida, esto es, a través del Parlamento, en lugar de como proyecto de ley del Ejecutivo. Es el mismo reproche que formularon los servicios jurídicos de la Cámara en un reciente informe sobre la iniciativa. Las izquierdas acusan a Moreno de parapetarse tras PP y Vox para evitar los informes técnicos que hubiera exigido un proyecto de ley impulsado directamente por la Junta, y exigen su retirada inmediata.
El consejero andaluz de Medio Ambiente y portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, viajó este lunes a Bruselas para entrevistarse en persona con el comisario europeo, Virginijus SinkeviÄius. El encuentro no estaba programado ni anunciado en la agenda de la Junta de Andalucía, que es quien solicitó la cita para defender de primera mano la iniciativa ante las autoridades europeas. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, envió a dos miembros de la representación permanente de España en Bruselas para que anotaran el contenido de la reunión: un abogado del Estado y el consejero de Medio Ambiente ante las instituciones europeas.
Así de crítica es la desconfianza mutua entre Gobierno y Junta. Ribera justificó esta decisión en la necesidad de que el Gobierno esté informado sobre todo lo que pueda empeorar la situación de España a raíz de la sentencia que le obliga a rehabilitar el acuífero que alimenta la reserva natural de Doñana.
Tras una hora de reunión, el portavoz compareció en la sede del Parlamento europeo reiterando las tesis que vienen repitiendo desde hace semanas: que la proposición de ley no afecta a la reserva natural, y que el Gobierno de España ha trasladado bulos a Bruselas, elevando el nivel de alarma respecto la iniciativa. Ribera comparecía minutos después del consejero para sentenciar que la ley andaluza debe “volver a la papelera”. Hasta ese momento, la Comisión Europea no se había pronunciado.
Pero horas después, Bruselas emitía un comunicado con su conclusión respecto a la ley andaluza de Doñana, recogiendo las mismas advertencias que la comunidad científica, el Consejo de Participación de Doñana y el Gobierno de España ha trasladado a Moreno: “La Comisión está profundamente preocupada por que la legislación andaluza, si se aprueba como se ha propuesto, podría degradar el humedal protegido de Doñana, uno de los más grandes de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000”. Y añadía: “La proposición de ley crea un marco legal favorable para reconocer los derechos del uso de agua de lluvia y de agua en superficie que añadiría una excesiva presión al ya sobreexplotado acuífero”, señala esa fuente europea“.
Terremoto político
El comunicado de Bruselas ha reactivado el terremoto político sobre el que se sienta Moreno, y en el que le acompaña Alberto Núñez Feijóo, a pocas semanas de las elecciones municipales del 28 de mayo. El presidente andaluz anunció el viernes que estaba dispuesto a modificar aspectos de la ley si la Comisión Europea lo consideraba necesario, después de semanas defendiendo que la norma “no toca Doñana” y de que toda la polémica su fundamenta en “bulos” promocionados por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Feijóo viajó la semana pasada a Huelva para alinearse punto por punto con el discurso de Moreno y la iniciativa de PP y Vox. Sánchez estuvo ese mismo día dentro de Doñana, exclusivamente para lanzar desde allí un mensaje de advertencia a la Junta de Andalucía, con claras resonancias electorales.
El comunicado de Bruselas, horas después de que el comisario europeo escuchara la versión del consejero andaluz, empuja al Ejecutivo de Moreno a una situación complicada: retirar la norma, como le exige el Gobierno y toda la oposición de izquierdas en bloque (supuesto improbable, porque necesitaría un acuerdo del Pleno, y Vox como proponente no lo aceptaría); o seguir adelante con la tramitación buscando fórmulas para corregir algunos aspectos, como ha ofrecido el presidente andaluz.
Los rivales de Moreno en la Cámara están en minoría, no tienen peso para tumbar la iniciativa, que cuenta con la mayoría absoluta de PP y Vox. Pero este lunes PSOE y Por Andalucía han confirmado a este periódico que no presentarán enmiendas, porque rechazan el procedimiento y porque “el problema de la ley es estructural”. “Habría que presentar una enmienda a la totalidad y el reglamento no lo contempla”, dicen fuentes socialistas.
“Nos parece que no tiene sentido enmendar la proposición de ley puesto que rechazamos de plano el fondo de la iniciativa y no consideramos que pueda mejorarse, puesto que se trata de un disparate de principio a fin. Además, técnicamente, las enmiendas no pueden salirse del objeto de la proposición de ley, puesto que la Mesa no las calificaría, y el objeto de la misma es ampliar la superficie regable en el entorno de Doñana, lo cual rechazamos de plano”, aseguran desde el grupo Por Andalucía.
El grupo mixto Adelante Andalucía, con dos diputados, no se cierra del todo a presentar enmiendas, aunque su propósito también es “evitar que salga adelante”. “Vamos a darnos tiempo para pensar qué estrategia llevaremos con la presentación de enmiendas y cómo participamos en el proceso para evitar que salga adelante”, explican fuentes del grupo.
Los partidos sí presentarán sus propuestas de comparecientes para que los agentes sociales, instituciones y personas afectadas por la ley de regadíos de Doñana acudan a la Cámara a explicar su versión. Ya ocurrió así con la tramitación de la primera proposición de ley que presentaron PP, Ciudadanos y Vox al final de la pasada legislatura, pero entonces decayó tras el adelanto electoral. Ahora, Moreno ha impulsado esta segunda ley al inicio de un mandato de cuatro años, con mayoría absoluta, y la previsión del PP andaluz es que esté aprobada antes de verano.
El Gobierno de Sánchez ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional de inmediato, y que si finalmente Bruselas impone sanciones millonarias a España por desproteger el acuífero del Parque Nacional, buscará fórmulas para que las multas recaigan en la Junta de Andalucía.