Condenan al Ayuntamiento de Jaén por vulnerar derechos fundamentales de un trabajador al trasladarlo de puesto

El Ayuntamiento de Jaén tendrá que pagar 7.501 euros a un letrado de su gabinete jurídico por haber vulnerado sus derechos fundamentales. Esa es la decisión que ha adoptado el Juzgado de lo Social 3 de Jaén tras la denuncia del propio trabajador al sentirse señalado.

Los hechos, que tuvieron lugar en 2023, se saldaron con la reubicación del profesional en otro departamento como “represalia” por haber demandado al Consistorio reclamando la estabilización de su puesto de trabajo, según entiende la jueza que instruye la causa. El Ayuntamiento anuncia que ya ha recurrido, aunque rechaza valorar la sentencia al considerar que se refiere a un particular.

El fallo, al que ha tenido acceso este medio, admite que el letrado pudo haber sido víctima de una persecución por parte del equipo de Gobierno, dirigido por PP y Jaén Merece Más. Lo habría sido porque el mismo trabajador denunció al ayuntamiento en enero de 2023 tras llevar 15 años ocupando el mismo puesto sin que se le estabilizara. El letrado había ingresado como asesor del gabinete jurídico en 2008.

Sin embargo, según fuentes de dicho área, el concejal encargado del mismo, Vicente Oya, decidió apartar de su puesto al letrado al considerarle incómodo por haber demandado al ayuntamiento. De hecho, fruto de la demanda, se produjeron diferentes reuniones a finales de 2023 en las que desde la Concejalía de Recursos Humanos, dirigida por Oya, se les estaba trasladando a los trabajadores que habría una “reorganización” del gabinete jurídico.

Una reorganización que se llevó a cabo con el traslado del letrado al departamento de Gestión Tributaria, justo en un momento en el que el jefe de los servicios jurídicos, Luis Hernández, reclamaba que necesitaban más medios para hacer frente a la alta carga de trabajo que tienen en asuntos judiciales en el Ayuntamiento de Jaén. Por esa razón, el propio Hernández y sus compañeros, incluido el letrado apartado, entendieron el traslado como una “represalia” y no como una reorganización al uso de las funciones.

Respaldo judicial

Según explica Hernández a este medio, “necesitamos personal y no tenía justificación alguna que trasladasen a nadie a otro departamento”. De hecho, cree que la maniobra también responde al interés del equipo de Gobierno por “privatizar” el área jurídica al tener que externalizarla si no opera con normalidad.

“Consideramos que Vicente Oya se ha atribuido funciones que tampoco le corresponden porque la organización del gabinete jurídico no depende de ningún político, ya que es un órgano asesor”, apunta. Pese a todo, como el letrado fue reubicado, tanto Hernández como el propio perjudicado presentaron una demanda.

El jefe de los servicios jurídicos denunció al Ayuntamiento de Jaén ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2, ganando en primera instancia y en apelación la sentencia. Razón por la que el Consistorio se vio obligado a readmitir al trabajador en su puesto anterior. Sin embargo, fruto de las presiones recibidas por parte de la Concejalía, el trabajador estuvo de baja médica algún tiempo. “Le ha costado poder reengancharse a sus funciones”, confiesa Hernández.

Ahora, tras varios meses de espera, la justicia le vuelve a dar la razón y condena al Ayuntamiento de Jaén a indemnizarle con 7.501 euros por haberle movido de departamento en un ejercicio de “represalia” por la demanda previa que había puesto el letrado. La jueza entiende que la actuación consistorial no ha sido correcta y que se ha vulnerado el derecho fundamental del trabajador a una tutela efectiva. O lo que es lo mismo, que se trató de impedir que pudiera demandar al Consistorio moviéndole de departamento para que desistiera en su postura.

Por su parte, desde el equipo de Gobierno rechazan valorar el caso al considerar que “atañe a un particular”. No obstante, recuerdan que se ha recurrido la sentencia porque el Ayuntamiento “solo pretende que el trabajador ocupe su puesto de trabajo en el servicio en el que tiene su plaza”. Afirman a su vez que hay otra demanda interpuesta por el letrado por vulneración de derechos que ha fallado en contra de sus intereses.