El Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén ha decretado libertad con cargos para el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, Antonio de la Torre, así como para otros dos empresarios que han comparecido este martes ante el juez por una presunta adjudicación fraudulenta de una campaña de publicidad cuando De la Torre trabajaba en la Diputación.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), desde el que han informado que la causa se mantiene abierta y se está llevando por supuesta prevaricación administrativa, aunque no han podido precisar si existen otros presuntos delitos que también se están investigando en relación con la misma.
La Policía Nacional detuvo este lunes tanto a De la Torre como a los empresarios J.R.P.B, A.M.R. y J.M.B.A., aunque quedó en libertad el mismo día y no ha tenido que pasar a disposición judicial. Inicialmente, la Policía les ha imputado los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad documental, según han señalado fuentes policiales.
Desde el citado cuerpo se informó de que en abril de este 2016 se recibió una orden de investigación emanada de uno de los juzgados de la capital para investigar una denuncia previa interpuesta por un extrabajador de una empresa en la Fiscalía de Jaén. La investigación se centró en la presunta adjudicación de manera fraudulenta o ilegal de unos contratos de publicidad, dentro de una campaña publicista llevada a cabo por la Diputación.
Los investigadores estudiaron detalladamente la documentación aportada por la autoridad judicial identificando a los organismos públicos y empresas intervinientes, en total cuatro, si bien una de ellas quedó exonerada de la investigación.
A continuación se centraron en investigar la adjudicación de una campaña de publicidad específica por un importe de 60.000 euros, siempre teniendo en cuenta que la Ley de Contratos del Sector Público obliga a los responsables del organismo oficial a solicitar ofertas de al menos tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato cuando su importe sea superior a los 18.000 euros. Las pesquisas concluyeron en la presunta violación de la norma.
En este sentido, la Policía señaló que un responsable del organismo oficial, dentro de la campaña de publicidad, presuntamente adjudicó la operación por 60.000 euros, vulnerando supuestamente la Ley de Contratos que obliga a ofertarla al menos a tres empresas, sin embargo, y “previo acuerdo con el responsable de la empresa para saltarse la ley, éste acordó con el ente público dividir el contrato entre varios poniéndose de acuerdo con las otras dos empresas investigadas”, ha añadido la Policía.
Por ello, la empresa adjudicataria “subcontrató a otra empresa con el fin de darle forma legal, siempre, presuntamente en connivencia con el responsable del organismo oficial”, agregó.
La campaña estaba prevista por una duración de seis meses, por ello, las empresas investigadas “facturaban por separado cada mes, para que dinero el llegara finalmente y con apariencia legal al empresario detenido y adjudicatario de la campaña”. “Éste facturaba a las otras tres empresas por importes exactos a los facturados al ente oficial, de esta manera se limpiaba el dinero”, añadió la Policía Nacional.
Sin embargo, la investigación puso de manifiesto que “ninguna de las tres empresas que facturaban realizaron trabajo alguno, siendo la empresa subcontratada la que realizó los trabajos mientras los responsables de las demás empresas, presuntamente se prestaron al juego”.