Tener agua en casa ya no parece ser un bien común, por lo menos, en Jerez de la Frontera (Cádiz). La empresa Aqualia, que se encarga de la gestión del abastecimiento en la ciudad desde el año pasado, ha iniciado una campaña de suspensión de servicios y aquellas familias que tengan alguna mensualidad pendiente se encontrarán, sin previo aviso, con un corte inmediato. Son cientos los ciudadanos que están sufriendo esta circunstancia en la ciudad y en sus pedanías. El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, que decidió privatizar el servicio hace casi un año, ha tenido que salir al paso para mediar en un conflicto que puede hacerle daño si no lo sabe atajar a tiempo.
El área municipal de Bienestar Social se pondrá a trabajar en ello y colaborará con las familias necesitadas para sufragar la totalidad o parte de las cantidades adeudadas, con el objetivo de restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Precisamente este jueves la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha mantenido una reunión con el gerente de Aquajerez, Antonio Gavira. En la misma se ha acordado establecer un nuevo protocolo de actuación entre los técnicos de Aquajerez y la concejalía de Bienestar Social para que las personas sin recursos puedan hacer frente al pago de sus recibos a través de las bonificaciones.
El documento establece que Aquajerez remitirá la información con las facturas en gestión de cobro por impago a la concejalía con suficiente antelación para poder actuar, poniendo a disposición de los usuarios que cumplan los requisitos los recursos disponibles en el consistorio. Una vez recibida esta información, los técnicos municipales comprobarán estos datos, de forma que se pueda determinar, previo informe de los servicios sociales, las personas que se pueden acoger a una bonificación para evitar posibles cortes en el suministro.
Las críticas han sido fuertes a lo largo de toda la semana y Antonio Saldaña, primer teniente de alcalde de la ciudad, respondía en su cuenta de twitter diciendo que el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera “paga agua y luz a los jerezanos que más lo necesitan. 275.000 euros en el agua y 157.537 en la luz. PSOE y compañía llegan muy tarde”. Públicamente ha tirado de hemeroteca y de estadísticas para restar importancia a estos cortes y recordar que las suspensiones del servicio fueron mayores en años anteriores.
No es lo que se percibe en la ciudadanía. Son muchos los vecinos que reconocen haberse saltado algún recibo con anterioridad y recuerdan que entonces, cuando el servicio estaba en manos de una empresa municipal, se avisaba previamente e incluso se negociaba un pago fraccionado antes de tomar la drástica decisión. Manuel Velasco, uno de los usuarios perjudicados por la política de Aqualia, se muestra indignado por el modo de proceder de la empresa, y dice tener claro que el consistorio participa de ello.
“Nos han cortado el agua por dos recibos pendientes debido a un problema bancario y nos cobran una cuota de conexión de 65,23 euros, cuando es algo que consiste en quitar un precinto que se hace en veinte segundos. Es un robo y les da igual lo que digan los consumidores. Para volver a conectarte el agua tienes que pagar. Menos mal que teníamos dinero para pagarlo”, asevera, al tiempo que subraya que es un “atraco legal, permitido y consentido” por el gobierno local y por la Junta de Andalucía. “La gestión del agua es nefasta y la luz, igual”. apostilla. No acaba ahí y sostiene que con la gestión pública “no se cobraba tan cara esa tasa de enganche y fraccionaban el pago”. Pero ahora “es la ley del embudo: o pagas o te quedas sin servicio”.
Pero, además, la factura del agua subirá un 0,3% después de que Aqualia haya solicitado que aplique el IPC a todos los conceptos tributarios vinculados al servicio de abastecimiento, alcantarillado y depuración. No pasa esta empresa por un buen momento de popularidad, pero se defiende. “El hecho de que la gestión del agua la lleve una empresa provoca que haya prejuicios, pero los ciudadanos pueden comprobar que se están haciendo menos cortes que en años anteriores, cuando la gestión era pública. Queremos ser solidarios con las personas que carecen de medios para hacer frente a los pagos, pero también con los que cumplen y pagan, para que estos no costeen el agua de los que no pueden o no quieren pagar”, subrayan desde la empresa.
En la ciudad vecina de Sanlúcar de Barrameda ya se han tomado medidas en firme y llama la atención la creación de un programa especial para pagar los suministros de luz, agua y gas a las familias más necesitadas. “Nuestra prioridad está en la atención a las personas que se encuentran en situación de extrema necesidad”, asegura la concejal de Economía y Hacienda, Inmaculada Muñoz.
La organización de consumidores Facua de Cádiz se ha mojado en el asunto: “En estos momentos de prolongada crisis económica, donde muchas familias están teniendo serias dificultades para abonar servicios fundamentales, incluso para adquirir alimentos, los poderes públicos deben establecer medidas y mecanismos para que los suministros básicos sean un derecho de la población y no una prestación caritativa”. La asociación, además, recuerda a los usuarios que, antes de interrumpir el suministro, la empresa debe remitirles un aviso fehaciente, por lo que, en aquellos casos en los que la empresa no haya emitido dicha comunicación, pueden denunciarla y exigirle que se les exonere de tener que abonar la cuota de rehabilitación.